Política fiscal: gobernadores vs gobierno federal

Política fiscal: gobernadores vs gobierno federal

Por Samira Sánchez

|El 19 de agosto los gobernadores se reunieron en San Luis Potosí con López Obrador y su gabinete. La reunión tuvo por objeto revisar la demanda planteada por los gobernadores de recibir más recursos en medio de la crisis económica espoleada por la pandemia. En dicha reunión, los gobernadores recibieron una agria respuesta: la 4T les reclamó que, si querían más recursos para sus entidades, eran ellos quienes debían apretar en la recaudación de los impuestos locales, y particularmente en el impuesto predial, pues el gobierno federal no destinaría más presupuesto a los gobiernos estatales.

Los derechos y responsabilidades referentes al cobro y gasto de impuestos están regulados por la Ley de Coordinación o Pacto Fiscal, a fin de eliminar la competencia entre los niveles municipal, estatal y federal, y ganar eficiencia en la recaudación. La demanda de una revisión a los términos vigentes del pacto fiscal tiene ya un tiempo sobre la mesa. Fueron problemas de esta índole los que coadyuvaron a la formación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) a principios de este siglo, cuando las diferencias partidarias de un buen número de gobernadores (PRI) y del presidente (Vicente Fox, del PAN) abrió una brecha en el hasta entonces monolítico presidencialismo mexicano. De las exigencias de la Conago se derivó la primera Convención Nacional Hacendaria, celebrada en 2004, así como las reformas fiscales posteriores que trataron de remediar los problemas más graves del sistema hacendario. No obstante, los constantes reclamos de los gobiernos estatales muestran que los problemas persisten.

El pacto fiscal vigente en México le arroga al gobierno federal la responsabilidad de cobrar los impuestos más importantes: ISR, IVA, IEPS e ISAN. En términos del PIB, los impuestos que cobra el gobierno federal representan 13.1%, mientras que los cobros de los gobiernos locales representan apenas 1%. La centralización de la recaudación permite al gobierno federal hacer una política geográficamente más equitativa y financiar el desarrollo en los estados más rezagados. Por otro lado, las transferencias del gobierno federal a los gobiernos estatales representan más del 80% del presupuesto manejado por los estados.

La solución que el gobierno federal da al reclamo de la Conago es insuficiente, pues, incluso aceptando que la recaudación de los impuestos estatales puede incrementarse, esto no se logrará en el corto plazo. La recaudación del impuesto predial representa apenas 0.4% del PIB, pero hay diferencias importantes entre los estados. Tomando como base el PIB estatal, los que rebasan la media nacional solo son cinco: la Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y Sinaloa.  En contraparte, los estados en los que el impuesto predial no rebasa el 0.12% son: Campeche, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Hay que notar que los primeros están entre los estados con mayor desarrollo económico, por lo que su misma dinámica eleva el valor del suelo.

Los problemas del sistema hacendario son varios, pero el problema de fondo es que entre los gobiernos estatales y el gobierno federal el jaloneo es por una manta que es de por sí pequeña y que con la crisis económica se ha reducido todavía más. El gobierno de Andrés Manuel ha prometido que no habrá nuevos impuesto y que no elevará los que ya existen, aunque México es el país de la OCDE con más baja recaudación.

El incremento de impuestos siempre ha tenido mala prensa porque históricamente ha significado que los pobres, o la clase media cautiva, paguen los gastos del Estado. Sin embargo, la política fiscal es el arma más eficaz para combatir la desigualdad y la falta de crecimiento económico si se la formula con esta intención. Hasta ahora no se conoce ningún proyecto de reforma fiscal de la Cuarta Transformación, pero la respuesta dada a los gobernadores muestra el oportunismo de un gobierno federal que se niega a asumir los costos electorales derivados de reformar la política fiscal: prefiere que sean los gobiernos locales quienes lo hagan. Urge una reforma fiscal para hacer un sistema capaz de crear una sociedad más justa; pero habrá que pelearla porque la Cuarta Transformación no parece dispuesta a hacerlo.