Sólo avanza 1 de cada 10 alertas ciudadanas anticorrupción

Sólo avanza 1 de cada 10 alertas ciudadanas anticorrupción

Desde que arrancó la plataforma alertadores internos y externos de la corrupción, en julio de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha recibido 4,530 alertas ciudadanas, de las cuales solo 523 han sido presentadas formalmente, es decir, apenas el 11%.

La dependencia reportó en su Segundo Informe de Labores que, del total, unas 2,505 alertas presentan incompetencias, otras 1,160 están en espera de información complementaria y 297 están en análisis y revisión, mientras que no específica cuál es el estatus de 45.

La plataforma fue impulsada por la secretaria Irma Eréndira Sandoval para promover la “cultura” de la denuncia ciudadana, ya que se busca proteger los derechos de los alertadores o “soplones”, como también se les conoce, para que se animen a dar a conocer los casos de corrupción sin temor a ser víctimas de represalias.

“Garantizar el anonimato de las personas alertadoras internas de la corrupción es el elemento fundamental que permitirá que la ciudadanización del combate a la corrupción resulte exitosa”, señala el documento presentado a la par del Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la plataforma, es posible denunciar y alertar no solo de casos de corrupción, también de violaciones a derechos humanos y acoso sexual. Sobre el último, la SFP señaló que se ha trabajado con los Órganos Internos de Control (OIC), con lo que se ha logrado reducir el número de denuncias en materia de hostigamiento sexual.

De acuerdo con los Lineamientos para la Promoción y Operación del Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la corrupción, las razones por las que se puede declarar incompetencia es por falta de elementos o también porque se consideran ajenas a las responsabilidades administrativas, implican conflictos jurídicos entre particulares; pertenecen al ámbito del derecho civil, agrario, laboral, fiscal, penal; corresponde conocer a alguna autoridad jurisdiccional, judicial o legislativa, federal o local, o no constituyan actos graves de corrupción, violación a derechos humanos, hostigamiento o acoso sexual.

Protección a alertadores

La funcionaria federal ha señalado que este es uno de los mecanismos más relevantes en el combate a la corrupción: “ Vamos a demostrarle a los ciudadanos que sí vale la pena denunciar” , aseguró en el lanzamiento de la propuesta, que a la fecha ha logrado llevar a su presentación una de cada 10 denuncias presentadas.

Entre las medidas para los denunciantes están la atención psicológica o médica, a través de los servicios de asistencia y salud pública; las que permitan que el alertador no sea sancionado ni reciba represalia alguna; asistencia respecto de las acciones legales a su favor en caso de alguna represalia; asistencia en los procedimientos de índole laboral o civil que sean seguidos en su contra, con motivo de la alerta, en otras.

Mientras que cuando se trate de una persona servidora pública, es decir alertadores internos, se podrá reubicar a un área distinta de la misma sede donde realice sus actividades laborales, procurando que las actividades a realizar sean similares a las que tenía asignadas anteriormente y sin que ello implique la reducción en su sueldo, prestaciones y demás condiciones de trabajo.