Tomará hasta tres años recuperar empleos perdidos

Tomará hasta tres años recuperar empleos perdidos

México registró a inicios del año un aumento en el índice de pobreza laboral de 8.8 puntos porcentuales, al pasar de 35.7 a 44.5 por ciento, un máximo registrado desde que se inició su medición, lo que significa que a cuatro de cada 10 personas no les alcanza su salario para comprar la canasta básica, señaló Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF).

El presidente del CEEF anticipó que será el peor año para el país en materia de indicadores, como pobreza laboral y salarial y su recuperación tomará por lo menos tres años. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN) reveló recientemente que 426 mil personas salieron de la población económicamente activa (PEA), para sumarse a las filas del desempleo.

De los 9.5 millones de personas que se incorporaron a trabajar, 8.5 millones lo hicieron en la economía informal, por esto, la población ocupada se redujo en 95 mil personas, y la población inactiva aumentó en 375 mil 400 personas.

De acuerdo con el especialista el desafió se encuentra en que la población continúa creciendo alrededor de 1.5 millones por año, por lo tanto, la recuperación va en dos sentidos: los que se perdieron, más los que se dejaron de crear, que suman en total 4.5 millones de empleos que se deben rescatar.

Anticipó una lenta recuperación por factores como la escasa incentivación a la inversión extranjera directa (IED), misma que cayó 0.7 por ciento en el primer semestre de 2020, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía (SE).

Un factor adicional es que las pequeñas y medianas empresas no están recibiendo apoyo para volver sostenible su presencia en el mercado. En México, existen cerca de 4.2 millones de mipymes, las cuales contribuyen con alrededor del 52 por ciento del producto interno bruto (PIB) y generan el 70 por ciento del empleo formal.

Agregó que la iniciativa para reformar la subcontratación, tal y como ha sido planteada, se daña una figura que ya estaba regulada ante la Ley Federal del Trabajo (LFT), y con la que se ponen en riesgo 2 millones más de empleos.