Crecen las grandes fortunas y también el reclamo de gravarlas en América Latina

Crecen las grandes fortunas y también el reclamo de gravarlas en América Latina

Millonarios cada vez más ricos en un mundo donde el coronavirus profundiza la pobreza: el contraste entre quienes más tienen y los más desfavorecidos también alimenta llamados a crear impuestos a la riqueza en América Latina. Frecuentemente catalogada como “la región más desigual del planeta”, presenta fuertes disparidades en la distribución del ingreso, que la pandemia podría profundizar.

La Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social (Latindadd) reveló a fines de 2020 que el 1% más acaudalado en la región posee el 41% de la riqueza. Pero ese grupo sólo aporta el 3.8% de la recaudación de las arcas públicas.

Según la organización Oxfam, “en tan sólo nueve meses, las 1,000 mayores fortunas del mundo ya habían recuperado las pérdidas económicas originadas por la pandemia“. Mientras gigantes como Amazon, Facebook o Tesla baten récords en Wall Street, un informe de Oxfam publicado en enero antes del Foro Económico de Davos advierte que los más pobres podrían tardar una década en sobreponerse.

A escala mundial, los multimillonarios incluso vieron incrementar su fortuna en 3.9 billones de dólares entre el 18 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, señaló Oxfam.

Como muchos partidarios de mecanismos directos de redistribución, Latindadd impulsa el “impuesto a las grandes fortunas”, que según Oxfam permitiría combatir “el virus de las desigualdades”.

En América Latina, este mecanismo ayudaría recaudar más de 26,500 millones de dólares, cifra que Latindadd considera suficiente para distribuir gratuitamente la vacuna contra el Covid-19. Pero aunque este tipo de impuestos se instauraron en Argentina o Bolivia, su eficacia es cuestionada en países como Brasil y Chile.

La teoría y la práctica

Temerosa de una explosión social, la élite económica y política expresó en el foro de Davos su inquietud ante el agravamiento de las desigualdades. “En lugar de llorar con lágrimas de cocodrilo, los dueños del mundo deberían pasar a los trabajos prácticos“, dijo el economista Thomas Piketty, quien aboga por un impuesto universal “sobre parte de los ingresos fiscales (…) de los actores económicos más prósperos del planeta“.

Algunos individuos extremadamente ricos que incrementaron sus fortunas durante la pandemia han multiplicado iniciativas personales de donaciones. 

Bill y Melinda Gates, de Microsoft, son los principales donantes privados de la Organización Mundial de la Salud (OMS). MacKenzie Scott, la exesposa del fundador de Amazon, Jeff Bezos, donó 6,000 millones de dólares en 2020 a diferentes causas caritativas. Kim Beom-su, fundador de KakaoTalk, la mensajería más popular de Corea del Sur, donará más de la mitad de su fortuna de 9,400 millones de dólares.

Pero América Latina está lejos de estas cifras de donativos particulares y algunos países se inclinan por una opción más sistemática y obligatoria.

Los casos de Argentina y Bolivia

El gobierno de centroizquierda de Alberto Fernández, en Argentina, busca recaudar 3,000 millones de dólares este año con un impuesto que alcanzará a unas 12,000 personas, para financiar insumos para la pandemia, ayudas a pequeñas y medianas empresas o becas estudiantiles.

Aún más puntual fue el impuesto instaurado por el presidente de Bolivia, Luis Arce, que alcanzará apenas a 152 personas con patrimonios superiores a los 4 millones de dólares y recaudará solo 14.3 millones de dólares, cifra que la convierte en una medida más bien simbólica.

En Brasil, las propuestas no han avanzado en el Congreso ni figuran en las actuales iniciativas de reforma tributaria, a pesar de que se trata de un tributo previsto en la Constitución de 1988 que pide expresamente “instituir impuestos sobre (…) grandes fortunas”, regulados por una ley que jamás se aprobó por temor a que haya fuga de capitales.

El año pasado en Chile parlamentarios de oposición plantearon un impuesto transitorio a los “súper ricos”, para gravar con 2.5% el patrimonio de quienes tienen más de 22 millones de dólares. Pero la idea, que apunta a generar unos 6,500 millones de dólares para sustentar la lucha contra el covid-19, no ha prosperado.

¿Gravar la riqueza es una solución?

Para el experto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en política fiscal Alejandro Rasteletti, la discusión es “bienvenida” en una región desigual, donde “la política fiscal tiene un impacto redistributivo muy bajo”.

“El impuesto a las grandes fortunas vuelve el sistema más progresivo”, es decir, busca que paguen más quienes más tienen, pero “no termina siendo tan redistributivo, porque en la práctica no puede recaudar tanto”, ya que “es relativamente difícil de cobrar porque se puede evadir de distintas maneras”, explica.

En Europa, un continente rico, la recaudación por este mecanismo alcanza apenas 0.2% del PIB, un volumen “muy bajito”, añadió este especialista.

En el BID estamos empujando hace mucho tiempo el impuesto predial o inmobiliario (…) que es muy difícil de evadir (y) es absolutamente progresivo, porque las casas más grandes las tienen los más ricos”, resumió.