Puebla, la corrupción de los programas del bienestar

Puebla, la corrupción de los programas del bienestar

La incondicionalidad política del gobernador morenista Luis Miguel Barbosa Huerta hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no solo ha propiciado que Puebla sea uno de los estados con más programas sociales en el país, sino también donde hay 35 municipios con más apoyos monetarios que beneficiarios. 

Por Karen Santos

Esta rara prodigalidad alcanza niveles cuatro veces mayores en el municipio de Coatepec, ubicado en la Sierra Norte, donde el número de beneficiarios de los programas emblemáticos del Gobierno Federal es de tres mil 417 cuando la cifra de sus pobladores corresponde a 756 personas en 2015, de acuerdo con la última encuesta intercensal del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). 

Aun si en los últimos cinco años la población de Coatepec se hubiera incrementado al doble, el número de beneficiarios de los programas apenas habría rebasado los mil 500. Sin embargo, desde diciembre de 2020, la federación envía dos millones 411 mil 954 pesos para la entrega de apoyos a diferentes programas sociales cuyo destino final se desconoce.

En Atlequizayán ocurre lo mismo: hay cuatro mil 46 beneficiarios, pero el municipio solo tiene dos mil 633 habitantes. Tepexi de Rodríguez, con 22 mil 331 habitantes, recibe apoyos para 32 mil 907, cobertura 147 por ciento mayor. En situación similar se hallan Xicotlán, Ahuehuetitla, La Magdalena Tlatlauquitepec, Caxhuacán, San Jerónimo Xayacatlán, San Felipe Tepatlán, Chiautla, Totoltepec de Guerrero y Teopantlán. 

En contraste a estos municipios, hay varios que tienen menor cobertura social, como es el caso de Cuapiaxtla de Madero, con 11.6 por ciento; San Salvador Huixcolotla, con 12.4; Tlanepantla, con 12.5; Los Reyes de Juárez, con 12.5 y Amozoc, con 12.7 por ciento. Puebla, la capital, tiene una cobertura del 19.7 por ciento, con más de 311 mil beneficiarios de un millón 576 mil 259 habitantes.

Sin embargo, los alcaldes de los municipios más beneficiados por los programas sociales del Gobierno Federal desconocen esta situación, pues quienes controlan “estos datos” son los delegados de la Secretaría de Bienestar y los Servidores de la Nación, que están a cargo de las listas de beneficiarios y la entrega de los apoyos “para evitar los intermediarios”, como pregona el Presidente de la República. 

La única forma en que los alcaldes poblanos se enteraron de estos hechos –en los que es manifiesta la corrupción con que se distribuyen los programas sociales, al menos en Puebla– ha sido mediante sus gobernados, cuando han acudido a solicitar su inscripción, a quejarse de que haber recibido los apoyos monetarios, incluso cuando piden respaldo de la policía municipal para reclamarlos.

La simulación en Jóvenes Construyendo el Futuro

Desde febrero de este año, el monto mensual del programa Jóvenes Construyendo el Futuro subió de tres mil 748 a cuatro mil 310 pesos y su padrón aumentó a casi medio millón de beneficiarios. Sin embargo, este programa asistencialista no ha estado exento de denuncias por corrupción. 

¿Cómo puede haber corrupción en el “impoluto” gobierno de la 4T y AMLO?

De la manera más sencilla: los delegados de la Secretaría de Bienestar y los Servidores de la Nación han encontrado la manera de cobrar las Becas Jóvenes Construyendo el Futuro sin que ninguno trabaje en alguna empresa o fábrica y éstas reciban ese dinero. 

Así lo denunció Gerardo Quiroz, quien trabajó año y medio como representante de ese programa federal y ahora opera en el sistema de Desarrollo Integral de Familia (DIF) en el municipio de Puebla: 

“Algunos de los chicos nos contaban que este sistema se prestaba para hacer más fáciles los fraudes; nos contaba una chava que, en una de las empresas que se inscribió primero, entrevistaban a los chavos, los juntaron en Los Fuertes y ahí les dijeron que la idea iba a ser que ellos hicieran todo el proceso, se inscriban y les pasen el 10 por ciento de la beca; no iban, pero van a estar reportando que sí están siendo capacitados de buena forma”.

Pudieron saber esto porque, al parecer, se aprovecharon de que los funcionarios públicos federales no supervisan el funcionamiento de este programa, pese a que está estipulado que los jóvenes beneficiarios de tales recursos deben capacitarse bien por un periodo de 12 meses de cara a su futura contratación, o al menos para adquirir experiencia laboral. 

En esta transa se han confabulado tanto los delegados, los Servidores de la Nación, los supuestos beneficiarios como los empresarios corruptos que aceptaron recibir dinero del Gobierno Federal para emplear a ninis, ya que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro carece de reglas operativas y supervisión. 

Juan Francisco Pando Balandra, presidente de la Unión Social de Empresarios de México (USEM) de Puebla, asegura que este programaes uno de los más deficientes y desordenados. “El problema es que no ha sido lo suficientemente transparente y eso ha provocado abusos de todos lados, desde empresarios que permiten que den de alta a los jóvenes sin asistir; jóvenes que se dan de alta y no asisten, y controles deficientes por parte del programa”.

En la entidad están registrados cuatro mil 880 centros de trabajo que reciben este programa; pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que mil 135 no reportaron su Registro Federal de Causantes (RFC), ya que los de otros 211 eran incorrectos y, por lo mismo, no pudo determinar el giro o actividad económica de las mil 346 supuestas empresas con sus respectivos “becarios”.

Pero, además, entre los mismos servidores públicos se han detectado casos de corrupción, como lo denunció el exdelegado federal de los programas de la Secretaría de Bienestar en Huauchinango, Jorge Luis Fuentes Carranza, cuando justamente renunciaba públicamente a su cargo ante el delegado federal de la Secretaría de Bienestar en Puebla, Rodrigo Abdala Dartigues.

En esa ocasión señaló directamente al expresidente de la Cámara del Comercio (Canaco) en Huauchinango, Moisés Sampayo Trejo quien, sostuvo, exigía cuotas a los jóvenes por “concepto de papelería”. Hasta el momento, Abdala Dartigues ha guardado silencio con relación a dichas irregularidades denunciadas en la operación de los programas emblemáticos de la 4T. 

Sin embargo, Abdala tiene ya cinco denuncias en su contra ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) derivadas de su actuación como “superdelegado” de los programas de Bienestar en Puebla.

En 2019, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, confirmó que era uno de los 10 funcionarios públicos investigados por el desvío de recursos públicos con fines electorales.

En el Padrón Único de Beneficiarios del Gobierno Federal en Puebla hay 33 mil 266 usuarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y solo el 58 por ciento de ellos cumple con los requisitos indispensables para recibirlo: que vivan en comunidades indígenas, en zonas marginadas o con altos índices de violencia. En realidad, los únicos que satisfacen estas condiciones son cinco mil 662 jóvenes indígenas que habitan en 95 comunidades consideradas de alta marginación y 13 mil 863 que viven donde se registran altos índices de violencia.

Y la lista sigue…

En el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en Puebla hay “datos” que no concuerdan con la “honestidad republicana”; en fecha reciente salió a la luz pública que se habrían pagado 204 millones 900 mil pesos (mdp) en pensiones destinadas a 14 mil 492 adultos mayores “fantasmas”, porque ninguno de éstos pudo confirmar su Clave Única de Registro de Población (CURP). 

La fiscalización realizada por la ASF a la cuenta pública de la Secretaría de Bienestar de Puebla puso al descubierto las mayores irregularidades con respecto a la entrega del programa de apoyos a los adultos mayores; el resultado de las mismas es equivalente al 21 por ciento de todo el territorio nacional. 

El mismo órgano contable explicó que esta falla, o posible acto de corrupción, deriva de la falta de un padrón de beneficiarios confiable –es decir, del conocimiento preciso de sus nombres, apellidos, domicilios y CURP– y de la entrega precisa de los apoyos a éstos. Además, la ASF encontró 58 casos de pagos duplicados, en los que se aplicaron pensiones adicionales por 247 mil 300 pesos sin saber quiénes cobraron de más o si se asignó ese dinero a otros beneficiarios. 

En los municipios de Tepetzala y Acajete, de tres grupos de campesinos que trabajan bajo el programa de Sembrando Vida, dos denunciaron que un técnico de nombre Sergio Castillo Chico les pidió sus tarjetas para acudir al Banco del Bienestar de Nopalucan y retirar sus apoyos económicos, pero se quedó con los recursos. Hizo esto sin que la “facilitadora” de la región advirtiera nada al funcionario público; y solo hasta que denunciaron a éste, la delegación de la Secretaría de Bienestar cesó al funcionario. 

A finales del año pasado, el Laboratorio de Políticas Públicas emitió su análisis Riesgos de Corrupción en los Programas Sociales. El casos de Sembrando Vida, en el que reveló que “dada la cobertura limitada de esta institución, en los territorios más aislados, los técnicos se hicieron cargo de la distribución de tarjetas en las distintas localidades, acompañados, en algunas ocasiones, por personal de la institución bancaria; eso es que no se evitó el contacto entre el beneficiario y un representante del programa en el marco del proceso de asignación de las transferencias”, lo que repercutió en los actos de corrupción, como los denunciados en Tepetzala y Acajete. 

El año pasado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) difundió un análisis sobre los programas asistencialistas del Presidente, en los que afirmó categóricamente que no cumplían su objetivo y que, además, eran fuente de corrupción y opacidad. En Puebla, como en muchos otros estados de la República, está plenamente confirmada ese diagnóstico o evaluación.