Mientras el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, reclamó al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la vuelta a la legalidad y que suprima “a la mayor brevedad posible” su proyecto de hacer una declaración unilateral de independencia, el Tribunal Constitucional decidió suspender de forma cautelar la convocatoria del pleno del próximo lunes en el Parlamento catalán, en el que se tienen previsto entregar el informe oficial con los resultados del referendo del pasado domingo y proclamar posteriormente su secesión del Estado español.
Esta última medida, se dijo, podría no ser acatada por los parlamentarios catalanes tal y como han hecho con los dictámenes del órgano jurídico español, al que ya no reconocen.
En una entrevista con la Agencia Efe en el Palacio de la Moncloa, Rajoy dijo:”¿Tiene una solución? Sí, y la mejor es la pronta vuelta a la legalidad y la afirmación a la mayor brevedad posible de que no va a haber una declaración unilateral de independencia, porque con eso además se evitarán males mayores”.
Tal entrevista se produce después de que Puigdemont insistiera anoche en que no va a renunciar a sus objetivos secesionistas, pese a reclamar también una mediación.
“Eso es lo que puede evitar que se produzcan males mayores en el futuro y eso es lo que está pidiendo toda la sociedad, los editoriales de los medios, los empresarios, los sindicatos y millones de catalanes”.
Ante la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución, ha considerado que hay distintas opiniones al respecto y, al plantearle si hay alternativa a esa medida, ha reiterado que sí la hay y que pasa por la vuelta a la legalidad de los dirigentes de la Generalitat.
Rajoy se ha mostrado convencido de que se superará esta situación y ha recordado que España ha vivido a lo largo de su historia momentos “muy difíciles” y siempre ha sido capaz de salir adelante.
“Porque es mi obligación y porque para eso soy el presidente del Gobierno de España, haré lo que crea que deba de hacer, lo que crea que sea mejor para España y en el momento que me parezca más oportuno”. Y ha proseguido: “Escucharé a todos, pero la decisión me corresponde a mí. Sé que no es fácil, pero también me correspondió en su día tomar otra que tampoco lo era”.
SE MOVILIZAN FORMACIONES NACIONALISTAS
Ayer, en un paso más de las formaciones nacionalistas para declarar la secesión del Estado español, la coalición Junts pel Sí y la Candidatura de Unidad Popular (CUP) decidieron sacar a adelante en la Mesa del Parlamento la petición para celebrar una sesión extraordinaria, en la que se entregarán los resultados de la consulta ciudadana y se celebrará un debate para, finalmente, votar la declaración unilateral de independencia. Que, con toda seguridad, saldrá adelante gracias a la mayoría del bloque soberanista -72 de los 135 escaños-. Incluso una diputada de la CUP reconoció ayer que esta iniciativa era la antesala para cumplir con “mandato popular” y declarar la secesión y el inicio de la “nueva república de Catalunya”.
Con este panorama, el Partido Socialista de Cataluña (PSC), que es contrario a la secesión y se opuso frontalmente a la celebración del referendo, presentó un recurso ante el TC para solicitar la suspensión cautelar, al menos hasta que estudia a fondo la cuestión. Un procedimiento similar al que utilizó la Fiscalía General de Estado y la abogacía del Estado para suspender las dos leyes que se aprobaron en el Congreso catalán los pasados 6 y 7 de septiembre para acompañar el proceso de secesión; que fueron la “ley del referéndum” y la “ley de transitoriedad” o de “desconexión”. Y que también se encuentran en “suspensión cautelar” por el TC, pero que las autoridades catalanas y los propios parlamentarios independentistas consideran que siguen en vigor.
El auto judicial sostiene que estamos ante una situación de “urgencia” que es “excepcional” y que, por tanto, decidió admitirlo a trámite y suspenderlo. La decisión se adoptó por unanimidad de los 12 magistrados, igual que en los anteriores recursos relacionados con el conflicto catalán, y advierte que en caso de llevarse a cabo se “produciría un perjuicio de imposible o muy difícil reparación que haría perder su finalidad al recurso de amparo”. Destaca, además que cualquier hecho que contravenga la decisión acordada, se considerará “radicalmente nula y sin valor ni efecto alguno”. El recurso de amparo, agrega, tiene “especial trascendencia constitucional” porque el PSC ha invocado que si el Pleno convocado por el presidente de Catalunya, Carles Puigdemont, se celebra, quedarán afectados sus derechos como parlamentarios, al igual que el derecho de los ciudadanos de participar en los asuntos públicos a través de sus representantes.
El auto se notificará personalmente a la presidenta del Parlamento, la independentista Carme Forcadell, quien ya tiene abiertas varias causas judiciales en su contra por haber seguido adelante en el plan secesionista.
Además, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, advirtió que ante un eventual declaración de independencia “son las Fuerzas Armadas las que tienen la misión de garantizar la soberanía y defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.
Mientras, en Catalunya dos grandes empresas del sector financiero, el Banco Sabadell y CaixaBank, están valorando su cambio de sede de la región ante el temor de que la independencia afecte a sus clientes y a sus fondos monetarios. La medida provocó malestar en el seno de los grupos secesionistas, sobre todo en la formación CUP, de carácter anticapitalista y anarquista, que reclamó a la Generalitat que anule cualquier contrato con estas empresas y se inicie un boicot contra ellas.
El vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, aseguró que con la independencia en ningún caso “va a haber una huida de empresas”. “En una economía abierta y global, donde cualquier empresa trabaja con bancos de todo el mundo”, señaló.
