- Acusa el Movimiento Antorchista persecución contra quienes viven del pequeño comercio.
- Crece ambulantaje durante la pandemia.
Puebla, Puebla.- Para el Gobierno de Puebla es un delito vender pollo; defender los derechos de quienes viven de la venta de mercancías lícitas en la calle, también lo es; y así, con una estrategia que criminaliza a los vendedores ambulantes es como pretende controlar la movilidad que genera este sector económico durante la pandemia de covid-19.
El Movimiento Antorchista en Puebla acusó que la intención es beneficiar a los grandes empresarios y negocios, a costa de acabar con las familias que dependen del ambulantaje.
“La línea de ley del morenismo nacional para acabar con sus enemigos políticos, es inventándoles delitos y metiéndolos a la cárcel”, sostuvo el vocero del Movimiento Antorchista en la entidad, Aquiles Montaño Brito.
Esto, luego de que el secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo, anunció que ha interpuesto al menos 75 denuncias en contra de comerciantes, sobre todo, de los afiliados al Movimiento Antorchista, incluido el líder del comercio de la organización en la capital, Francisco Machorro, a quien acusa por “presunta asociación delictiva”.
En lugar de implementar apoyos económicos para los ambulantes, el Gobierno municipal y estatal de Puebla, emprendió una persecución y criminalización en contra de ellos y sus líderes.
“En su cólera contra los comerciantes, René Sánchez se fue de la lengua y sostuvo que la denuncia contra Francisco Machorro va también por los delitos de resistencia de particulares, lesiones, robo, amenazas, asociación delictuosa y manejar grupos de choques, pero, ¿cuáles son las pruebas con las que acusa de tantos delitos al líder antorchista? ¿En qué video aparecen semejantes crímenes?”, dijo.
“¿No será que inventa delitos? ¿No será que busca criminalizar a los ambulantes para quedar bien con los empresarios? El funcionario de Morena es incapaz de probar los supuestos delitos porque no existen”, agregó.
Montaño Brito insistió en que desde el inicio de la pandemia por la covid-19, la persecución en contra de los ambulantes ha ido en aumento, a pesar de que creció el número de poblanos que sostienen su economía del ambulantaje. De acuerdo con las cifras de Data México, hasta el primer trimestre de 2020, había en la capital de Puebla 150 mil comerciantes ambulantes.
Recientemente el ayuntamiento de Puebla dio a conocer que apoyará a dos mil 500 ambulantes con un cheque de dos mil pesos, tras los decretos oficiales que prohíben su regreso a las calles, como estrategia para mitigar la pandemia. El apoyo será insuficiente al considerar que incrementó el número de trabajadores en esa condición.
Los decretos del Gobierno local y las medidas de los ayuntamientos han obligado a los comerciantes a no salir a las calles o a salir con el doble riesgo de contagiarse y ser reprimidos por las fuerzas policíacas, incluso criminalizados.
Esto ocurre en un escenario en el que también incrementó la pobreza en el grado extremo; según el análisis Magnitud del Impacto social de covid-19 en México y Alternativas para Amortiguarlo, que elaboró el Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES), en Puebla, tras la pandemia, hay 785 mil pobres más que se suman a los tres millones 700 mil pobres que ya había y que pasaron del estatus de pobreza a pobreza extrema.
Para resarcir los efectos de la emergencia sanitaria, los propios comerciantes han solicitado en varias ocasiones que, si no los van a dejar trabajar, es necesario que el Gobierno les dé apoyos, despensas o algún subsidio económico para sobrevivir durante los periodos de confinamiento.
Sin embargo, no ha respondido a esa petición, por el contrario, las autoridades responden con la fuerza pública y con una estrategia que vuelve criminales a los comerciantes.
Así lo percibe también, Rubén Salgado, un joven que, junto a su esposa, tiene un puesto de pollo que es el sostén de su padre, madre y sus dos hijos pequeños. Para él, es urgente que el Gobierno implemente un plan de apoyo para los comerciantes porque cerrar los tianguis no es la solución.
“No estoy de acuerdo en que nos estén cerrando los tianguis porque tenemos necesidad, mucha necesidad de salir adelante, la verdad la economía está muy difícil, vamos al día. Yo no entiendo por qué el Gobierno nos ataca a nosotros, pero no cierra los grandes negocios; dice mientras, porque el tianguis San Isidro, donde trabajo, los comerciantes cumplimos con todas las medidas sanitarias”.
Salgado es un vendedor de pollo que por la persecución indirecta que padece y el cierre parcial de su fuente de trabajo, apenas obtiene ingresos para pagar la renta de su espacio comercial y la comida de su familia.
Los comerciantes llegaron a un acuerdo desde hace varios meses, con el Gobierno del Estado, para que los dejara trabajar; sin embargo, en la capital no se ha cumplido del todo, aun cuando ya se retiraron del Centro Histórico y han acatado las medidas de seguridad en los tianguis en los que se tiene presencia.
Aunado a que han reducido el aforo de los comerciantes que aún tienen permitido colocarse sólo con la venta de productos de primera necesidad, situación que deja al desamparo a miles de vendedores.
