El presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que en su gobierno se apoya como nunca a las poblaciones más marginadas –solo para 2022 se prevé destinar 1.2 billones de pesos.
Ese ha sido el discurso del presidente en tres años de gobierno, incluso en su último informe de gobierno aseguró que los programas sociales “se aplican de abajo hacia arriba, de los más pobres hacia la cúpula de la pirámide poblacional”.
La frase contrasta con el hecho de que en 2018, cuando llegó a la presidencia de la República, el 64% de la población en situación de pobreza extrema recibía algún apoyo social, cifra que bajó al 43% en 2020, de acuerdo con una análisis elaborado por el Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig).
Viridiana Ríos, columnista de Expansión Política, señala que aunque el presupuesto aparenta que hay un gasto mayor, en realidad, hay desamparo para muchas familias en alta vulnerabilidad. “El problema es que el aumento en el gasto social esconde dos secretos que lo hacen ‘menos social’ de lo que aparenta”, publicó en una columna.
Para la especialista, esta política deja a muchas personas que viven en pobreza, completamente desprotegidas, incluso más de lo que estaban en el sexenio anterior, debido a que los programas sociales no están enfocados en los más pobres, sino en adultos mayores, trabajadores agrícolas o jóvenes con educación media superior o superior.
Además, mientras que en 2018, el 23% del presupuesto a programas sociales estaba dirigido al decil I (el 10% más pobre), en 2020 solo se destinó solo el 10% del presupuesto para ellos, en tanto que en 2018, los más ricos (decil X) se quedaban con el 2% del total, y en 2020 subió a 7%, según el Indesig.
Es decir que no solo los recursos de los programas sociales no están llegando a los hogares más pobres, sino que los de los deciles más ricos, reciben más apoyos, lo que – según expertos – propicia la desigualdad.
“Incrementó la cobertura de los programas sociales en los hogares más ricos. Con los cambios en la política social, la bolsa total de programas sociales aumentó en transferencias monetarias, pero aunque es mayor en este rubro llega menos a los pobres y llega más a los menos pobres”, señala Máximo Jaramillo-Molina, director general de Indesig.
El especialista abunda: «El objetivo de las políticas sociales justo debería ser disminuir la desigualdad, redistribuir los recursos. Es como si pusieran en fila a los 126 millones habitantes del país y la bolsa total se reparte por igual (…) estamos en una peor posición de disminuir la desigualdad».
Cuando se inició el gobierno, el presidente se propuso un México donde nadie padeciera hambre, la pobreza extrema estuviera erradicada y donde no hubiera carencias de servicios médicos o salud.
No obstante, datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indican un incremento en los niveles de pobreza en los primeros años de gobierno de López Obrador.
La pobreza pasó de 41.9% de personas en condición de pobreza en 2018 a 43.9% en 2020, niveles no reportados antes de 2016, lo que implicó un aumento de 3.8 millones de personas entre el 2018 y 2020.
El 21 de agosto pasado, el presidente rechazó la veracidad de estos datos, insistió en que su gobierno da más apoyos y justificó el panorama en la pandemia de COVID-19.
«No acepto los resultados de esa encuesta. Tengo otros datos y creo que la gente está recibiendo más apoyos y aun con la pandemia tiene para su consumo básico y algo muy importante, no ha perdido la fe y estamos saliendo adelante», expuso en su conferencia de prensa mañanera, realizada en Baja California Sur.
Y si bien, la desigualdad en México se ha agudizado por los efectos de la pandemia, el Coneval también reportó un aumento en tres de los seis indicadores de carencias sociales, que no necesariamente se reflejan por el año de la pandemia.
De acuerdo con el organismo, la carencia más afectada fue la de acceso a los servicios de salud con un aumento de 12 puntos porcentuales de 2018 (16.2%) a 2020 (28.2%).
Al aumento de 15.6 millones de personas con carencia en salud, se le suman 0.9 millones personas más con rezago educativo y 1.1 millones de personas adicionales con carencia al acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, en dos años.
En ese sentido, el presidente ha enfocado la base de su política social en programas sociales de transferencia que no han dado los mejores resultados, según evaluaciones del Coneval y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las que se ha planteado mejorar su diseño, que estén mejor focalizados y contar con padrones adecuados para garantizar que llegan a quien lo necesita.
“Las evaluaciones del Coneval marcan que los programas no son efectivos, hay un problema en términos de la política social y se ha privilegiado la dispersión de recursos sin mucho control, desde la concepción del Censo del Bienestar”, dice en entrevista Enrique Cárdenas, director de la organización Signos Vitales.
El próximo año se prevé pasar de 337,000 millones de pesos (mdp) aprobados en 2021 para política social a más de 446,000 mdp en 2022, y pese a que parecería un incremento sustantivo, en términos reales el aumento es de 2.8%, dado que el programa de la Pensión para Adultos Mayores absorbe el 75% de los recursos en comparación con lo aprobado el año pasado.
Esto se debe al cambio en el diseño de este programa al bajar la edad para recibir el apoyo a 65 años y aumentar el monto que se destina cada bimestre hasta llegar a 6,000 pesos en 2024, aunque de acuerdo con estimaciones de Indesig esto solo serviría para sacar de la pobreza a 172,000 personas, una cantidad insuficiente ante el aumento de personas en situación de pobreza entre el 2018 y el 2020, cuando se pasó de 51.9 millones de personas en esta situación a 55.7.
Ni un programa del gobierno actual ha logrado la cobertura que Prospera (a pesar de críticas importantes a su focalización) alcanzó en 2018, al llegar a 18% de los hogares. Los dos programas más importantes del gobierno, Pensión para Adultos Mayores y Becas Benito Juárez, aún tienen cobertura baja, de 15% y de 6%, cada una.
Jaramillo-Molina explica que si bien no están en contra de que se dé más protección social, el problema es que se haya hecho a cambiar o quitar programas más focalizados, pues aunque consideran que las transferencias monetarias pueden contribuir a que accedan a sus derechos, no es suficiente.
El también investigador del ITESO señala que enfocar todas las baterías a un programa como la Pensión a Adultos Mayores ayudará a que disminuya la pobreza por ingresos en este sector de la población –que no es necesariamente el más afectado– pero habrá retrocesos en la población más pobre, como los jóvenes estudiantes a quienes les serviría más destinar los más de 100,000 mdp que se le incrementará a las pensiones, pues en lugar de tener un efecto en menos de 200,000 personas sería en millones.
“Al final de cuenta, si sigue la estrategia de aumentar el presupuesto de la pensión a adultos mayores y dejar lo otro igual, vamos a tener una pobreza extrema casi erradicada en adultos mayores, y situaciones más graves de pobreza en el resto de la población”, considera.
