Por Nydia Egremy
Pese a la promesa de hacer del país un actor global, desde 1988 los gobiernos neoliberales solo han profundizado la dependencia con Estados Unidos (EE. UU.). Sin visión estratégica, el Ejecutivo federal en turno se ha limitado al “control de daños” coyuntural y a reiterar el obsoleto discurso globalizador.
A ese balance calamitoso se suma la designación de personal neófito (exfuncionarios cuya honestidad está bajo sospecha u oportunistas), para quienes la cancillería es premio de consolación, refugio para la impunidad o trampolín político-empresarial. Con ese lastre, México no encarará los retos del nuevo orden global, de ahí que sea urgente la vigilancia ciudadana sobre ese vital sector.
El gobierno mexicano parece incapaz de entender los efectos geopolíticos del cambio multidimensional del sistema mundo.
No hay visos de la existencia de un plan estratégico para encarar el fin de las hegemonías y el arribo de la multipolaridad, ni para enfrentar la expulsión de Estados Unidos (EE. UU.) de miles de inmigrantes mexicanos o para lograr un acercamiento estratégico con Rusia, China e India, actores emergentes de un nuevo dinamismo diplomático, cuyas diestras jugadas geopolíticas los proyectan como motores o eficaces cortafuegos.
Menos aún se atisba desde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) un posicionamiento crítico al ataque imperial a territorio sirio o a la incendiaria escalada en la península coreana.
Arrinconada en su dependencia, la cúpula política no logra reactivar los lazos con Nuestra América a la que desairó en su altivez globalizadora.
Aunque México mantiene relaciones diplomáticas con 193 países y tiene presencia en casi 150 representaciones internacionales, los últimos 29 años han sido aciagos para la política exterior.
La rendición a EE. UU. por los gobiernos neoliberales solo ha beneficiado a las empresas trasnacionales, la banca y los empresarios de élite a través de los 12 tratados “de libre comercio” pactados.
Esos poderes fácticos están detrás de la arbitraria designación –sin visión de futuro, dirección, ni vocación de servicio público– del personal del Servicio Exterior Mexicano (SEM) en embajadas, consulados y misiones.
Caos y veleidades
El efecto de este criterio clientelar es catastrófico. Se estima que más del 28 por ciento de los titulares, (unos 24) de las 85 embajadas y misiones permanentes, así como 68 consulados de México, carece de formación diplomática. La mayoría proviene de la alta burocracia federal, gubernaturas, partidos políticos, despachos y bufetes empresariales, ámbito artístico y académico.
Esos diplomáticos “de facto” incumplen el artículo 1º de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, del cuatro de enero de 1994, que establece que el SEM es el “cuerpo permanente de funcionarios del Estado, encargado específicamente de representarlo en el extranjero y responsable de ejecutar la política exterior de México”, de conformidad con la Constitución.
Que tales inexpertos representen el interés de millones de mexicanos en el exterior también incumple con lo previsto en las 12 fracciones del artículo 2º de esa Ley, en particular lo relativo a: promover y salvaguardar los intereses nacionales ante los Estados extranjeros, mantener y fomentar las relaciones entre México y los miembros de la comunidad internacional, velar por el prestigio del país en el exterior, participar en todo esfuerzo regional o mundial para mantener la paz y seguridad internacionales, mejorar las relaciones entre los Estados y promover y preservar un orden internacional justo y equitativo.
Adicionalmente, ese personal ejercerá el presupuesto de la SRE que este año ronda los siete mil 819 millones de pesos, reducido por la caída en el precio mundial de los hidrocarburos, que la cúpula político-financiera fue incapaz de avizorar.
Y aunque desde el otoño de 2016 era notoria y pública la creciente amenaza contra nuestros paisanos inmigrantes en EE. UU., se redujeron los recursos para la Subsecretaría de América del Norte (unos mil 414 millones de pesos).
Así, la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, específicamente para América del Norte, solo dispondrá de 33 millones de pesos en 2017, cifra contrastante con los 126 millones que recibió en 2016.
Esa designación de inexpertos es contraria al principio democrático de igualdad de oportunidades y la justa distribución del trabajo. Imponer funcionarios que ignoran el funcionamiento y entretelones de su misión es un claro abuso de poder, por encima de quienes han dedicado su vida a realizar una carrera en el servicio exterior, afirma Alejandro Acosta en La diplomacia mexicana: entre políticos y servidores de carrera.
Esta costumbre viene desde el priato, que designó embajadores a los polémicos expresidentes Gustavo Díaz Ordaz en España y a Luis Echeverría Álvarez en las islas Fidji.
De un día a otro, entre 1996 y 2003, el expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Santiago Oñate Laborde, ya era embajador en Reino Unido, Países Bajos, de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas y Observador Permanente en el Consejo de Europa. Igual suerte tuvieron dos exfuncionarios del Poder Judicial que nos representaron en Francia entre 1993 y 1998: Ignacio Morales Lechuga y Jorge Carpizo McGregor.
Ese modo arbitrario no cambió con los “gobiernos de la alternancia” de 2000 a 2012. Llegaron cancilleres inexpertos y dóciles con Washington para frenar la inmigración centroamericana y rendirse al capital trasnacional. Vicente Fox designó al analista Jorge Castañeda Gutman, que desde la SRE denostó la histórica relación con el gobierno de la Revolución Cubana, pero fue incapaz de influir en la agenda antiterrorista estadounidense a favor de una relación respetuosa.
En 2004, el embajador ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) Carlos Flores Alcocer –que tampoco pertenece al SEM– cobró notoriedad al conocerse que adquirió seis colchones, siete almohadas y otros enseres con seis mil dólares.
Pese a que su salario no se lo hubiera permitido, el antiguo encargado de la desaparecida Oficina de la Presidencia para la Planeación Estratégica, también adquirió una vivienda con 1.5 millones de euros y varios autos Volvo.
Como canciller, el ex rector de la Universidad de las Américas y exsecretario de Economía Luis Ernesto Derbez se prestó a obstaculizar la candidatura de Brasil a la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Mientras el gobierno panista enviaba a la Santa Sede al exsecretario del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Felipe Bravo Mena, y como cónsul en Barcelona al escritor Sealtiel Alatriste. Ambos sin conocimientos diplomáticos.
Patricia Espinosa, la canciller de Felipe Calderón, avaló la Iniciativa Mérida, la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Estratégico de Asociación Transpacífico, así como el alejamiento de América Latina. En su gestión, el exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eduardo Medina Mora, fue designado embajador en el Reino Unido y luego en EE. UU. El banquero, publirrelacionista y profesor del ITAM, Francisco N. González Díaz, fue embajador en Alemania.
Partidocracia
Contra esa práctica del PAN protestó el diputado del PRI, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga en enero de 2012. Propuso que cuando los titulares de misiones diplomáticas y representaciones consulares no fueran personal de carrera, la designación “se sujetara a una cuota máxima de cinco por ciento del total de puestos”. La gran red de intereses evitó que la iniciativa prosperara.
Con el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Los Pinos, la situación persistió. En abril de 2016, la inconformidad en el SEM era tal que se filtró información significativa: 24 embajadores designados carecían de formación profesional para ese cargo.
Quince son funcionarios, empresarios o académicos y nueve militan en partidos políticos (PRI): los embajadores en Argentina, Bélgica y Unión Europea, Brasil, Costa Rica, Cuba, Vaticano y Uruguay (Fernando Castro Trenti, Eloy Cantú Segovia, Beatriz Paredes Rangel, Fernando Baeza Meléndez, Enrique Martínez y Martínez, Mariano Palacios Alcocer y Felipe Enríquez Hernández, respectivamente).
Los cónsules en Barcelona y Orlando son Fidel Herrera y Juan Sabines. El actual embajador en Japón, el exsubsecretario de Comunicaciones y Transportes y amigo cercano de Luis Donaldo Colosio, Carlos Fernando Almada López, estuvo alejado de la política cinco años después de haber sido señalado por peculado en el caso Pemexgate.
En 2014, la senadora panista y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Laura Rojas Hernández advertía que la mayoría de los recientes 12 nombramientos de la cancillería eran de índole política. “Cada vez está peor, se está abusando”, señaló al citar los casos del polémico exgobernador de Veracruz Fidel Herrera y de la exprocuradora Marisela Morales, cónsul en Milán.
No obstante, siguieron las designaciones de militantes partidistas. El miembro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), empresario y exsecretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, es embajador ante Italia. Militan en el PAN y sin formación diplomática los embajadores Tarcisio Navarrete Montes de Oca, en Grecia; Melba María Pria en India, quien nunca asumió el cargo de embajadora en Cuba, y Eréndira Araceli Paz en Venezuela.
Hay que destacar, en cambio, el desempeño de los pocos miembros del SEM en las misiones permanentes: Luis Alfonso de Alba Góngora, embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA); Miguel Ruiz Cabañas en la Organización para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina (OPANAL) y Juan J. Ignacio Gómez, embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En contraste, nos representa ante la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) Dionisio Méndez Mayora, químico y exdirector de planeación del Banco Nacional de México. El embajador ante la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica (OCDE) es el exsecretario de Comunicaciones de Felipe Calderón, Dionisio A. Pérez Jácome Friscione.
En conclusión, la designación “a dedo” de amigos y socios al frente de embajadas y consulados de México no ha contribuido a fortalecer el rol internacional del país ni a expandir la economía o a fortalecer la seguridad interna.