Por Nydia Egremy
El gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) ha dictado a la Organización de Estados Americanos (OEA) que hay una violencia “buena” y una violencia “mala” y que es con esta forma distinta de ver las cosas como debe evaluar las crisis de Venezuela y Paraguay.
Los gobiernos de la región subordinados a la hegemonía estadounidense y adeptos del neoliberalismo respaldan la estrategia de desestabilización política y económica contra el pueblo venezolano, mientras silencian la crisis democrática que la reelección presidencial está provocando en Paraguay. Es grave que México avale ese doble rasero, pues la política de “golpes suaves” de EE. UU. puede revertirse en su contra.
Mientras EE. UU. bombardea territorio sirio para reposicionarse en Medio Oriente, los organismos financieros celebran la supuesta “primavera” económica en Paraguay y las clases políticas dominantes de Venezuela relanzan su ofensiva para restituir ahí el modelo neoliberal, con apoyo de fuerzas extranjeras y de los medios corporativos.
Según el ideólogo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Gene Sharp, ése es el contexto adecuado para la aplicación de un “golpe suave”, es decir, un conjunto de técnicas subversivas para causar la caída de un gobierno y que parezca consecuencia de otro poder.
Para los estrategas estadounidenses y las empresas trasnacionales, el país bolivariano tiene reservas probadas de crudo para 200 años y una producción diaria de 3.5 millones de barriles diarios, lo cual ¡bien vale un soft coup!
En cambio, nadie parece advertir la fragilidad democrática de Paraguay que en 2012 protagonizó un “golpe suave” por quienes hoy aspiran a mantener el poder. La última semana de marzo y la primera de abril, ambos países sufrieron significativas crisis.
El rechazo a la eventual reelección del presidente paraguayo Horacio Cartes suscitó protestas masivas de grupos políticos y campesinos que fueron reprimidos.
El hecho reveló la disputa entre las derechas, sus alianzas con sectores de izquierda y, ante todo, el afán del capital trasnacional de mantener el statu quo. Ante ello, la OEA y la prensa corporativa enmudecieron sumisos al interés hegemónico estadounidense en la región.
Esos actores no escatiman esfuerzos para proyectar hacia el mundo la imagen de una Venezuela caótica a fin de justificar la intervención extranjera.
Para frenar la ofensiva golpista de la Asamblea Nacional (AN) y por estar jurídicamente en desacato constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), asumió las funciones de la AN. Desde la OEA se alzaron airadas voces –México incluido– que apoyaron la ingobernabilidad y la injerencia externa en un Estado miembro.
Es un desatino que el gobierno mexicano se sume a la campaña de vejaciones contra un pueblo hermano. Parece olvidar que ante las amenazas cumplidas del mandatario estadounidense de expatriar a inmigrantes de forma masiva, la Venezuela Bolivariana ofreció su auxilio amplio e inmediato.
No hicieron lo mismo las élites violentas que insisten en ser recibidas por el presidente Enrique Peña Nieto para legitimar su acción golpista.
Una vez restaurada la soberanía parlamentaria, en un acto inédito en nuestras “democracias”, en Washington se puso voz a la amenaza contra el proceso bolivariano. El seis de abril, el jefe del Comando Sur de EE. UU. (South Com), almirante Kurt W. Tidd, informó al Comité de Fuerzas Armadas del Senado que “la creciente crisis humanitaria en Venezuela podría obligar a una respuesta regional”.
Esa fuerza, de más de mil 200 militares y civiles que “custodia” toda nuestra América sería la encargada de dar tal respuesta. Según Tidd, las crecientes relaciones de Rusia, China e Irán con la región “suponen una amenaza” para su país al avanzar en zonas de interés “incompatibles con el nuestro, de nuestros socios”. Más claro ni el agua.
Apoyo a golpistas en Paraguay
Este país, con una población de 6.9 millones de personas, tiene una proyección de crecimiento del cuatro por ciento este año y tuvo una tasa de inflación del 3.9 por ciento en 2016, según cifras oficiales.
Un informe de Pro Desarrollo Paraguay y la Universidad Nacional (UN) estima que la economía ilegal –que va desde pequeños sobornos hasta extorsiones, narcotráfico y lavado de dinero– representó en 2016 el 40 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Además, Paraguay tiene a más de 700 mil personas en situación de pobreza extrema, es decir que no consiguen lo suficiente para comer tres veces al día. A ello se suman los escándalos de narcopolítica, asesinatos políticos y la acción del autodenominado Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP).
A la vez, más de 103 candidatos aspiran a ser el próximo Fiscal General de Paraguay, incluido el actual titular, Javier Díaz. Por ello, el investigador en seguridad y defensa, Abel Irala, afirma: “Al gobierno se le hizo agua su política de seguridad, no tiene control y tiene fallas garrafales en inteligencia, táctica y hasta de vocería”.
No obstante, EE. UU. y el capital financiero elogian las políticas corporativas del país. El vicepresidente del Banco Mundial (BM) para América Latina y el Caribe, Jorge Familiar, destacó el “sólido manejo macroeconómico” de Paraguay ante la compleja situación internacional y afirmó que se le dio un crédito de 500 millones de dólares para infraestructura. En la 58 Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de desarrollo (BID), el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, afirmaba que en 2030 Paraguay será un país “sin pobreza, con economía vigorosa e inclusión”.
Para lograrlo, dijo Leite, ese plan tiene tres pilares: producir “alimentos para el mundo”, ser “la fábrica de la región” y “asumir su rol en el centro”. Era el 30 de marzo, dos días antes había detonado el mundo de contrastes paraguayo, cuando el correligionario de Cartes, Julio César Velázquez, se proclamó presidente del Senado y aprobó el voto de 25 legisladores a favor de habilitar el proceso de reelección.
Esa maniobra del Partido Colorado –del presidente–, el Frente Guasú del expresidente Fernando Lugo y de legisladores “liberales” busca que ambos personajes contiendan en 2018 por la presidencia; su pacto pretende que uno de ellos se aloje en el Palacio de los López, la casa presidencial, aunque la Carta Magna de Paraguay prohíba la reelección.
Ante el golpismo de Velázquez, el legítimo presidente del Senado, Roberto Acevedo, presentó la madrugada del día 29 una acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema para declarar nula la sesión de los senadores. Irritados contra ese plan, el 30 de marzo marcharon hacia el Congreso miles de ciudadanos y políticos que denunciaban un “golpe parlamentario”.
La represión se desató la noche del 31 de marzo, cuando la policía allanó el local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), opositor a la dictadura de Alfredo Stroessner y el más antiguo del país.
Los agentes redujeron a unas 100 personas, dispararon y mataron al joven militante de 25 años Rodrigo Quintana. “Cuando vinieron los policías, nos encerramos en la cocina y apagamos las luces, por eso nos salvamos. Desde ahí pedimos ayuda”, relató Laura Valinotti al diario ultimahora.com
A ese operativo siguieron saqueos realizados por infiltrados en el centro de Asunción y el incendio parcial del Congreso. Según testigos, motociclistas que ingresaron a la ciudad esa medianoche destruyeron monumentos y dispararon en la vía pública.
De estos hechos no hubo portadas ni entrevistas con “especialistas”. Las cadenas estadounidenses CNN y Fox News solo mostraban en cintillos la frase “disturbios en Asunción, Paraguay”. Hoy, la prensa alternativa exhibe el nivel de represión en Paraguay con este video https://www.facebook.com/prensaopal/videos/1280082932080983/
La ola de violencia agitó el descontento ciudadano y encendió alertas en gobiernos vecinos. Para calmar los ánimos, el 1º de abril, el presidente hizo su primer cambio de gobierno al destituir al ministro del Interior y al jefe de la Policía Nacional. Mientras, decepcionados porque las protestas revelaron la inestabilidad paraguaya, la Eurocámara y la Cámara Española de Comercio señalaban el tres de abril la “falta de credibilidad internacional del país para recibir inversiones”. E instaron al gobierno, a los partidos políticos y a la prensa a “realizar un gran esfuerzo de entendimiento”. Sumiso, Cartes convocó a una mesa de diálogo para el cinco de abril que no arrojó soluciones.
Ante la pretensión de las élites por perpetuarse en el poder, y en una jugada estratégica de alcance solidario con Venezuela, el PLRA, el Partido Democrático Progresista (PDP) y el Partido Revolucionario Febrerista (PRF), pidieron a la OEA aplicar la “cláusula democrática” –los artículos 19 y 20– los cuales están previstos para evitar la ruptura del orden democrático o la alteración del orden constitucional que constituyen “un obstáculo insuperable” para que el país miembro participe en asambleas del organismo. Eso ocurría en Paraguay, pero la OEA y su secretario general, Luis Almagro, no acusaron recibo de la petición, pues éste continúa su diatriba contra Venezuela.
El plan reeleccionista enfrentó a dos partidos de izquierda: el Frente Guazú –cuyo referente es Fernando Lugo –y Avanza País. En lugar de aprovechar la crisis de las élites, ambas fuerzas se aliaron con la derecha y sirven al interés de las compañías trasnacionales y la embajada estadounidense.
Solo mantiene sus principios la Federación Nacional Campesina (FNC), que celebró su 24ª marcha anual con la consigna “Sin reforma agraria no habrá paz” cuando los senadores votaron la reelección.
Otros actores en la crisis paraguaya son los medios. El dueño del diario ultraderechista ABC Color, Aldo Zucolillo, se opone a la reelección. Por su parte Horacio Cartes adquirió ya varios medios (los diarios Hoy y La Nación y la radiodifusora 970) a nombre de su hermana Sara Cartes y desde ahí cabildea a favor de su reelección.
Para el periodista paraguayo Paulo César López insistir en la reforma ahondará la crisis, pues el pueblo tiene graves problemas que demandan su atención urgente, como es el caso de las distintas violencias, no solamente la electoral.
Otro “golpe suave” en Venezuela
Hoy Venezuela es el laboratorio de los “golpes suaves” de Washington. Cuando la oposición anti-bolivariana obtuvo la mayoría de la Asamblea Nacional (AN) en las elecciones legislativas de 2015 comenzó el largo choque entre los poderes constitucionales en Venezuela.
Para el imperialismo corporativo y sus aliados en el país, ése era el primer paso hacia la restauración pro-capitalista en el país.
En 2016 se declaró en desacato a la AN por presunto fraude electoral en el estado Amazonas, de ahí que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendiera las proclamaciones de los diputados de esa región.
Pero la Asamblea insistió en tomar juramento a tres aspirantes amazónicos con el propósito de lograr la mayoría absoluta parlamentaria. Tras esa acción, el TSJ declaró a la Asamblea en desacato y sus decisiones nulas.
Por su parte, la junta directiva de la AN rechazó anular esa juramentación y pese a estar en desacato, el siete de enero declaró el supuesto “abandono de cargo” del presidente Nicolás Maduro. Tal decisión, aunque sin valor legal, buscaba suprimir el Poder Ejecutivo desde el Legislativo. Por ello los legisladores del Bloque de la Patria –creado para defender los logros de la Revolución Bolivariana- introdujeron un recurso de nulidad.
Para retomar el control de Venezuela, la larga mano imperial presionó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y a los demás Estados miembros para celebrar una reunión sobre Venezuela, en total violación al principio de No Intervención.
En mayo de 2016, Almagro invocó la cláusula democrática y la AN, afín a ese objetivo desestabilizador –en ausencia de legisladores bolivarianos–aprobó el pasado 21 de marzo su activación. El presidente Maduro calificó esta acción como de “grave delito de traición a la Patria”.
En ese contexto de provocación, el 29 de marzo la Sala Constitucional del TSJ emitió la Sentencia 156. Ahí declaró que mientras persistiera ese desacato, la Sala ejercería las competencias de la AN.
En reacción, el presidente de la Asamblea, Julio Borges, armó una estrategia mediática que voceó un “golpe de Estado” y llamó a desconocer al TSJ.
La campaña cundió en redes sociales y la prensa corporativa. Luis Almagro convocó al Consejo Permanente, que amenazó con intervenir en Venezuela. Contra la solicitud de políticos paraguayos a Almagro, en la trama anti-bolivariana se pidió invocar el artículo 20 de su Carta. Mientras tanto el país estuvo en calma y en las calles no se advirtieron señales de alerta.
Un día antes, la Sentencia 155 del TSJ advirtió que la inmunidad parlamentaria de los diputados solo opera durante el ejercicio de sus funciones, lo que no sería el caso de la AN al estar en desacato.
Así, el Presidente Maduro estuvo en la posibilidad de revisar la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal y otras normas que evitarán riesgos contra la estabilidad democrática, según el recuento de la emisora Alba Ciudad.
La emergencia concluyó el 1º de abril, cuando el Consejo de Defensa de la Nación propuso que el Poder Judicial revisara las citadas sentencias que fueron anuladas.
