*La Ley Televisa II da luz verde a la supresión de los códigos de ética de los concesionarios
*La atención de la sociedad y las escuelas de comunicación no se centró en la trascendencia de los derechos comunicativos
Los avances civilizatorios en materia de derechos de las audiencias –logrados después de una larga lucha de más de 60 años para consolidar las garantías comunicativas mínimas en México– desaparecen con la reciente reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, lamentó el doctor Javier Esteinou Madrid, profesor-investigador de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
El dictamen es una imposición legislativa y de carácter autoritario por parte de los “poderes fácticos mediáticos y de la telebancada en el Congreso de la Unión, que favorece los intereses dominantes de los grandes consorcios monopólicos de la radiodifusión regulados, ejecutándose justo antes de la celebración de los procesos electorales más álgidos de los últimos años en el país”.
En la conferencia La contra reforma comunicativa y el futuro de los derechos de las audiencias en México, el docente explicó las consecuencias que habrá para los usuarios de los medios electrónicos por el acto promovido por la asociación de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza concretada el mes pasado en la Cámara de Diputados, puesto que introduce una limitante al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Conocida como la Ley Televisa II entre la opinión pública –la iniciativa aprobada en siete minutos con el aval de 288 votos en favor, 114 en contra, 18 abstenciones y sin darle lectura previa– da luz verde a la supresión de los códigos de ética de los concesionarios de radio y televisión, acción que dejaría sin respaldo jurídico a los defensores de la audiencia, figura aún incipiente en el país.
El investigador del Departamento de Educación y Comunicación subrayó que el proceso legislativo recordó que hace poco más de una década ocurrió una situación similar entre 2005 y 2006 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, cuando en la fase preelectoral de ese momento, 257 diputados de PRI y PAN otorgaron dominio de concentración a los medios masivos de difusión electrónicos por encima de los poderes constitucionales.
“De igual forma, ahora 12 años después, el 5 de abril de 2017 en los tiempos de renovación de cuatro gubernaturas y de la proximidad de la elección presidencial en 2018, en la Cámara de Diputados se presentó y votó favorablemente en comisiones la contrarreforma comunicativa”, advirtió en el auditorio Miguel Ángel Granados Chapa de los Talleres de Comunicación.
La Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión efectuada en 2013 no fue más que un ajuste de las obligaciones legales básicas a los grandes consorcios de las comunicaciones en el país, pues se convirtió en un requisito incómodo para un sector muy poderoso y no sólo para la industria de la radiodifusión, ya que se trató de un acuerdo negociado en medio de distractores ideológicos coyunturales.
“Durante tal periodo de gestación de la contrarreforma comunicativa la atención de los grandes grupos sociales y en especial de las escuelas de comunicación mexicanas, fue centrada en aspectos de la cultura del espectáculo, el festejo de fiestas tradicionales, las actividades deportivas, los hechos escandalosos de la vida cotidiana o en temas de la agenda nacional, entre otros, pero no sobre la reflexión de la trascendencia de los derechos comunicativos”, señaló.
Gracias a ese diseño de la ingeniería mediática desaparecieron discusiones públicas sobre los derechos de las audiencias y desviaron la percepción hacia otros sucesos secundarios, lo cual formó parte de una estrategia política que impulsó una espiral de silencio, inmovilizando la conciencia de los ciudadanos para no proteger sus garantías comunicativas.
El doctor Esteinou Madrid apuntó que estas acciones han fortalecido la expansión de los intereses monopólicos, económicos y políticos, en lugar de atender las necesidades comunicativas básicas de las comunidades mexicanas en la segunda década del siglo XXI.
“Ahora sólo queda constatar históricamente si el Senado de la República también respaldará en el periodo extraordinario de los próximos meses una vergonzosa, anticiudadana, perjudicial y antiética iniciativa o rescatará su dignidad como poder republicano soberano que le otorgamos los ciudadanos para que nos proteja del abuso de los poderes mediáticos salvajes”, concluyó.
