Por Nydia Egremy
El presidente de facto brasileño, Michel Temer, está al borde de perder el cargo que asumió tras el golpe parlamentario que sus aliados articularon contra la presidenta Dilma Rousseff. Con esa destitución, las élites locales esperaban terminar con 14 años de gobierno del Partido de los Trabajadores y recuperar sus privilegios. Sin embargo, la avidez del gobierno golpista, revelada por el expediente Odebrecht, exhibe el carácter multidimensional de la corrupción del grupo que lidera Temer. Y mientras avanzan la investigación y las élites se fracturan y traicionan, los brasileños ya bosquejan un escenario pos-Temer.
La crisis política en el seno del gobierno golpista de Michel Temer es grave. Las revelaciones del grupo cárnico JBS, el más importante de Brasil, lo involucran como actor directo –junto con varios de sus funcionarios– en una trama corrupta. Entretanto, el 70 por ciento de encuestados considera “pésimo” el gobierno del exinformante de Estados Unidos (EE.UU.) y su índice de aprobación apenas llega al cuatro por ciento. Nunca antes Brasil había tenido un gobierno tan impopular.
La tormenta empeoró en mayo, cuando la Corte Suprema abrió una pesquisa contra Temer por “corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita”. A cambio de beneficios judiciales, algunos ejecutivos del grupo JBS denunciaron los actos de corrupción en los que habría participado el político desde 2010. Entre estos resalta, por ejemplo, la recepción de dádivas a cambio de favores para la empresa que admite haber sobornado a mil 890 políticos de 28 partidos de Brasil.
Tras estallar la crisis, Temer fue abandonado por sus cuatro grandes aliados en la Cámara de Diputados: el Partido Socialista Brasileño (PSB), el Partido Popular Socialista (PPS), el Partido Laborista Nacional (PLN) y el Partido Humanista de la Solidaridad (PHS).
La desbandada significó que 66 diputados –de 513– pasaron a la oposición. A su vez el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y los Demócratas (DEM) evalúan su apoyo al agobiado político.
Resquebrajada la alianza oficialista, queda en el aire la gestión política de Temer. Su criticada reforma al sistema de pensiones, que restringe ese derecho al proponer un mínimo de 62 años para las mujeres y 65 años para hombres con 25 años de cotización, está paralizada en la Cámara de Diputados.
Para que llegue al Senado se requieren tres quintos de votos a favor (308 diputados) pero el retiro de los cuatro partidos frena esa posibilidad. Para el sociólogo José de Souza Martins, las reformas de la previsión social y del trabajo sólo aumentan la explotación de los trabajadores.
Arrinconado en los ámbitos judicial y parlamentario, Temer también enfrenta al menos diez solicitudes de juicio político interpuestas por distintas organizaciones sociales. En el frente popular, miles de brasileños colman las calles de las principales ciudades y exigen la inmediata dimisión del mandatario.
Para atajar los cuestionamientos, el Ejecutivo golpista nombró al extitular de Transparencia Torquato Jardim nuevo ministro de Justicia. En correspondencia al favor presidencial, éste dijo a la Folha de Sao Paulo que la crisis “no es política” sino que es “esencialmente económica”.
Por su parte la Policía Federal (PF), que depende de ese ministerio y que en los últimos años ha revelado numerosos casos de corrupción que implican a políticos y empresarios, declaró su sorpresa y preocupación por la designación de Jardim.
Tramas Odebrecht y Carne Frágil
En abril pasado el juez Luiz Edson Fachin anunció que el exvicepresidente industrial del grupo de ingeniería brasileño Odebrecht, Marcio Faria da Silva, acusaba a Temer. Según su versión, en 2010 el mandatario golpista presidió una reunión en la que se habría exigido a la firma un pago ilegal de 40 millones de reales (13 millones de dólares). Habría asistido también el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha –principal acusador de Dilma Rousseff, hoy preso por otros cargos– quien ofreció firmar un compromiso con la empresa a cambio de “una contribución importante al partido”. Estos hechos se conocieron por la Operación Lavado de Autos (Lava Jato), la mayor pesquisa de corrupción en la historia de Brasil, pues ha investigado a casi 100 políticos.
Esta investigación derivó en la llamada Operación Carne Frágil, realizada por la Policía Federal. Duró dos años y se llevó a cabo en siete estados de Brasil; desmanteló una red de sobornos que implica a decenas de inspectores sanitarios y confirmó que varios políticos aprobaron prácticas ilícitas de empresas brasileñas de carne. Cabe citar que a nivel mundial Brasil es el mayor exportador de carne de res y pollo, y el cuarto en el sector porcino. Sólo en 2016 estos sectores tuvieron ingresos por 11 mil 600 millones de dólares.
El contubernio entre gobierno y las empresas permitió la impune alteración de fechas de caducidad para que el producto pareciera más fresco; la adición de colorantes y otros químicos –algunos cancerígenos– para ocultar la descomposición y la inyección de agua que aumentaba el peso de la carne. Para el jefe de la PF, Mauricio Moscardi, esto evidencia la corrupción de los agroexportadores globales, las firmas BRF y JBS, que hicieron grandes donaciones a las campañas electorales del Partido Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) y al propio Temer.
La onda expansiva del escándalo alcanzó, entre otros a Aécio Neves, excandidato presidencial en 2014, exgobernador de Minas Gerais, senador y aliado clave del presidente. La Corte Suprema lo investiga por seis causas vinculadas al caso Petrobras y el 18 de mayo el juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó un operativo policial para allanar varias propiedades y la oficina de Neves en el Congreso. Se le acusa de pedir a los empresarios cárnicos unos 645 mil dólares para pagar a los abogados que lo defienden.
Cuando caiga Temer
La Constitución no permite convocar a elecciones por ahora. Tras un período transitorio el Congreso elegiría a un jefe de Estado, que sería el presidente del Senado (Rodrigo Maia, acusado de corrupción por los delatores del caso Lava Jato).
Ya sea que el Supremo Tribunal electoral lo juzgue y le pida la renuncia, o que el Congreso apruebe el impeachment (juicio político), la salida de Temer exigiría el nombramiento de un gobierno de transición.
Ante el escenario pos-Temer hay que conocer a los actores del campo golpista. Para el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y el Frente Brasil Popular (FBP), ese campo se fractura cada vez más.
Carece de mando único y de proyecto de país y, a cambio, tiene diferencias en lo económico; su vulnerabilidad financiera aumentó tras la derrota de los demócratas en EE.UU. pues ya no reciben fondos.
Los grandes operadores ideológicos del golpismo son la Red Globo y el Poder Judicial, sostiene el líder del MST, Jôao Pedro Stedile. Ese monopolio fue “mentor y gestor del golpe” al cuidar los intereses del capital, usar su capacidad de manipulación de la opinión pública y de articulación con todos los sectores ideológicos de la burguesía, incluidos el Poder Judicial, algunos procuradores y la prensa.
A su vez, el Poder Judicial quiere paralizar a Lula y allanar la vía a un gobierno de transición con la ministra Carmen Lucía, que después de octubre de 2018 buscaría la victoria electoral.
Lawfare contra Lula
En el Brasil de hoy se practica el lawfare, sinónimo de guerra jurídica a partir del uso de las instituciones a favor de intereses políticos, denunció la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Y es que apenas en mayo la Policía Federal recomendó a la fiscalía realizar una nueva denuncia contra el líder del Partido de los Trabajadores (PT), por supuesta corrupción pasiva (favoritismo a la empresa de uno de sus hijos) en la llamada Operación Zelotes, que investiga la evasión fiscal de empresas y bancos.
De aceptarse, sería la sexta causa abierta contra Lula: cuatro vinculadas a la Operación Lava Jato –por corrupción en Petrobras– y otra por la Operación Zelotes. Pese a estos procesos, el político no ha sido condenado porque no hay pruebas en su contra.
Pero es notoria la actitud parcial del juez Sérgio Moro, encargado del caso Lava Jato, quien negó a Lula la oportunidad de presentar nuevos testimonios en la causa por presunta adquisición de una vivienda en Guarajá, San Pablo, como pago ilícito de la empresa OAS.
El 10 de mayo Lula negó ser o haber poseído ese departamento y exigió pruebas de cargo y su defensa habla de “persecución política” y lawfare. Pese a ello el líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT) es favorito para regresar a la presidencia en 2018. El juego de las élites consiste en judicializarlo para impedir su candidatura.
Mientras la derecha maniobra, millones de brasileños claman en calles y avenidas de todas las ciudades: “¡Fora Temer!” (Fuera Temer) y exigen elecciones.
Hoy en la tierra natal del movimiento altermundista se vive una confrontación entre las élites, los golpistas en el gobierno y el Congreso y los ciudadanos. Pese a estar contra las cuerdas, Temer espera que sus antiguos amigos de Washington lo ayuden antes de que termine este difícil ro
