Por Martín Morales
Cuando la propaganda oficial habla de universalizar los servicios de salud no se refiere a una oferta estatal accesible para todos los mexicanos, sino a una receta financiera neoliberal impuesta por el Banco Mundial (BM) denominada Cobertura Universal de Salud (CUS), cuyo objetivo es que el Estado mexicano reduzca sus gastos en este rubro y abra paso a la inversión de hospitales y aseguradoras privadas.
Por ello, desde que el 12 de noviembre de 2002 se aprobó la reforma que dio vida al Seguro Popular (SP), la llamada “universalización” de la salud en México no ha funcionado en la práctica porque solo hay un intercambio de 100 servicios entre las instituciones sanitarias públicas; porque el presupuesto federal es prácticamente el mismo y porque la carencia de infraestructura, personal, artículos, enseres y equipo médico siguen siendo los de siempre.
Y no funciona, además, porque pese a los esfuerzos que el Estado hizo en 2014 de la mano de la exsecretaria de Salud Mercedes San Juan López, no ha logrado reformar el artículo 4 de la Constitución para modificar la Ley General de Salud y abrir totalmente a la inversión privada los servicios sanitarios que ofrecen los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la propia Secretaría de Salud (SS).
A lo más que han llegado los gestores locales del CUS del Banco Mundial es a la redacción de un proyecto de reforma constitucional que en 2014 se dio a conocer en Lima, Perú; a la puesta en marcha de un fallido Sistema Nacional de Salud Universal (SNSU) y, más recientemente, al ahora llamado Sistema Universal de Salud (SUS), anunciado en junio de 2016 por Gabriel O’ Shea, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), para que operara con base en el intercambio institucional de servicios médicos, a fin de que, por ejemplo, un paciente inscrito en el Seguro Popular pueda ser atendido en el IMSS o el ISSSTE.
La integración del SUS se hizo a “recomendación” del sistema financiero internacional, a través del Banco Mundial (BM). “(…) El Grupo Banco Mundial Desarrolla investigaciones y herramientas analíticas a nivel mundial, regional y nacional. Además, ofrece asistencia financiera y técnica a los países en su camino hacia la Cobertura Universal de Salud (CUS) (…)”, indica el BM en su reporte Cobertura universal de salud: Panorama general, de 2015.
En suma, el plan es que los países subdesarrollados y endeudados con el sistema financiero mundial, obtengan recursos para sostener sus deudas, reduciendo su participación financiera y operativa en distintos ámbitos de la actividad pública, en este caso, del sistema sanitario, abriéndole cancha a los inversionistas privados, detalle pendiente en México.
El siguiente paso del proyecto del SUS es el ingreso de inversiones privadas para mercantilizar los servicios sanitarios públicos, pero como aún no se hace la reforma constitucional rnecesaria –su solo debate generaría una explosión política excepcional- lo que se está universalizando en este momento son las carencias de ese sistema sanitario, dijo el investigador especialista en economía y salud por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Gustavo Leal Fernández, de tal forma que lo más cercano al SUS es operar un listado limitado de servicios para el intercambio entre instituciones, con base en el mismo presupuesto público.
El proyecto del SUS fue incorporado por el presidente Enrique Peña Nieto en su Programa Nacional de Salud 2013-2018 y, de hecho, en el Día Mundial de la Salud 2017, el pasado siete de abril, el Presidente dijo que durante este último tramo de su gobierno se utilizarían todos los recursos de las instituciones de salud para cumplir con la universalización, que durante su campaña prometió hacer realidad a finales de su sexenio, en 2018.
El intercambio de servicios
“No, no, de eso no hay nada, no hay universalización. Eso se desmintió internamente y se dieron órdenes de que se hagan intercambios de servicios, pero específicamente de los que están en la lista y pueden intercambiarse; no se hace en todo, es una lista pequeña.
Por ejemplo, si una persona necesita una tomografía y no se la pueden hacer en el IMSS, puede ir al ISSSTE y éste le cobrará el servicio al IMSS. Por eso le llaman intercambio de servicios; es una compra y venta con base en el mismo presupuesto de las instituciones; se hace con el mismo dinero; es solamente propaganda oficial”, indicó a buzos María Luisa López de la Asamblea Nacional de Trabajadores (ANT) del IMSS.
“En su campaña electoral Enrique Peña Nieto habló de poner en operación el SUS, pero por la vía de los hechos no lo pudo hacer; porque no hay recursos suficientes. Estamos frente a una emergencia sanitaria, porque los servicios están colapsados. Y entonces, para darle certidumbre a la población, se dice que hay un SUS. Incluso se atrevieron a hacer cartillas de salud, en donde vienen todos los logotipos de las instituciones de salud”.
“Y en este marco de insuficiencias, las personas tienen que sacar dinero de su bolsa para pagar atención médica y medicamentos, pues tienen que ver la forma de atenderse, porque de ello depende su vida. Y entonces, lo poquito que tienen lo invierten en eso
Por eso está creciendo mucho la oferta de servicios médicos particulares de bajo costo, como las farmacias con consultorios, que están creciendo como hongos; igual las cliniquitas en las colonias populares.
Así vemos que hay un empobrecimiento por todos lados, porque, además, el salario no da para comer bien y para descansar; todo afecta la salud. Las enfermedades de la pobreza se relacionan con mala alimentación y una vida inadecuada”, indicó María Luisa López en conversación con este semanario.
Síntoma de la desigualdad
La atención pública a la salud de los mexicanos no es universal, y además tiene como signo distintivo la inequidad social, lo que promueve que los pobres sean aún más pobres.
El acceso a los servicios sanitarios es uno de los indicadores principales en los que se basa la medición oficial de la pobreza en México. Actualmente, el 60 por ciento de los trabajadores, y por ende sus familias, carecen de una cobertura de seguridad social y dentro de ésta la atención médica de ellos y sus familias.
En enero pasado, el doctor José Alfonso Bouzas Ortíz, académico e investigador en materia de derecho laboral de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), escribió lo siguiente en su artículo Las reformas laboral y de seguridad social en México: “los nuevos trabajadores han perdido la posibilidad de pretender la seguridad social, y si llegan a tener asistencia en cualquiera de los renglones que le dan vida, será porque aportan significativas cantidades de sus magros salarios a una empresa privada a la que son obligatoriamente adheridos”.
La desigualdad en materia sanitaria en el país está documentada en el texto Estudios sobre los Sistemas de Salud: México (2016), en el que especialistas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) detallan que los problemas del sistema sanitario mexicano: (…) el gasto de bolsillo en salud de los individuos es uno de los más elevados de la OCDE, lo cual indica que todavía está lejos de alcanzar una cobertura efectiva y servicios de alta calidad.
Todos los principales actores involucrados están de acuerdo en que México necesita construir un sistema de salud más equitativo, eficiente y sostenible (…)”. El sistema sanitario mexicano, indica el estudio, “(…) continúa como un conjunto de subsistemas distintos, cada uno con diferentes niveles de atención, dirigido a diferentes grupos, con precios diferentes, y con resultados diferentes (…)”.
Además dejan en claro que la relación de las personas con la estructura productiva determina el tipo y la calidad de la asistencia médica a la cual puede aspirar: “(…) La afiliación a un subsistema no está determinada por la necesidad, sino por el empleo de la persona. (…) el acceso a cada subsistema está determinado por la condición laboral.
Los individuos asalariados en el sector privado (y sus familias) están afiliados a un paquete de beneficios y a un conjunto de prestadores que pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, de perder su empleo, entonces probablemente tendrán que afiliarse al SP, con un paquete diferente y un grupo de prestadores distinto. (…)”.
Pobreza y enfermedad
La pobreza se consolida como una de las principales enfermedades en México, y la pobreza extrema, como la más cruel y mortal, tal como lo denuncian especialistas mexicanos como el doctor Julio Boltvinik, investigador de El Colegio de México, miembro del Comparative Research Programme on Poverty (Crop), organismo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) que preside el economista sudamericano Atilio Borón.
En Pobreza, un Glosario Internacional, estudio elaborado por Clacso-Crop, publicado en 2009, se resalta que desde 1995 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que “(…) la pobreza extrema es la enfermedad mortal más cruel del mundo y la mayor causa de sufrimiento en la tierra (…) La pobreza extrema está registrada en la (…) Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, considerada ‘el ABC’ de las enfermedades conocidas en la ciencia médica, bajo el código Z59.5 (…) está asociada con la falta de disponibilidad de agua potable, acceso a redes sanitarias y la inaccesibilidad a medicamentos y a tratamientos médicos (…)”
Los especialistas de Clacso-Crop señalan que la pobreza es “(…) la principal causa de una baja esperanza de vida, de discapacidad e invalidez y de inanición (…) también el factor principal de las enfermedades mentales, el estrés, el suicidio, la desintegración familiar y el abuso de drogas (…) Se observan, por ejemplo, claras diferencias entre clases sociales respecto de la calidad de la salud. Las personas y niños que pertenecen a clases sociales ‘bajas’ tienen mayor probabilidad de padecer enfermedades infecciosas y parasitarias, neumonía, intoxicación o violencia.
“Los adultos de estas clases sociales tienen mayores probabilidades de padecer cáncer y enfermedades cardiacas y respiratorias.
También existen diferentes problemas de salud relacionados con el género. Los hombres que pertenecen a clases sociales ‘bajas’ tienen mayores probabilidades de padecer neoplasmas malignos (cáncer), accidentes y enfermedades del sistema nervioso. En tanto, las mujeres de estas clases sociales son más propensas a padecer enfermedades circulatorias y trastornos endócrinos o metabólicos”, indica el estudio de la CLACSO-CROP.
Condenar a muerte a los enfermos
En México se reducen las alternativas para obtener atención sanitaria de calidad por medio del sistema oficial de salud, por lo que la opción es pagar el servicio privado o morir en el intento.
La actual oferta del sistema sanitario público mexicano está fragmentado en el IMSS, el ISSSTE y el SP, que en realidad conforman un esquema de cobertura financiera, al modo de una aseguradora médica privada. La población en mayor marginación está integrada por los grupos indígenas, los campesinos y desempleados, quienes no cuentan con alternativas viables para curarse de sus enfermedades.
El SP, presentado en 2002 como la opción más factible para la población abierta sin ningún tipo de aseguramiento, e incluso, sin recursos para curarse, representa una cobertura financiera restringida, que se concentra en servicios de medicina preventiva y un catálogo de 285 intervenciones médicas, a las que tienen acceso de acuerdo con el tipo de aseguramiento, que corresponde a los ingresos de las personas. Los servicios no integrados al catálogo deben ser pagados.
“En este momento, con tanta pobreza, como en los estados del sur sureste, como Chiapas, con pobreza extrema, ya no solo pobreza, ¡imagínese!, no contar con lo más elemental para vivir, y todavía tener que pagar doctores y medicamentos ¿Quién va a poder sobrevivir a eso? Claro, quienes tengan dinero. Entonces, lo que se estaría haciendo es condenando a morir a mucha gente, de una forma muy dolorosa, porque si no se tiene lo suficiente para la comida y las cosas del hogar, menos para médicos y medicinas”, dijo a buzos la química Modesta Ramírez, quien labora en el sistema de salud de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Ramírez forma parte de la corriente de Trabajadores Democráticos de la Salud en la entidad, y funge como portavoz de las enfermeras y otros empleados sanitarios que en abril y mayo pasados realizaron dos huelgas de hambre -la más reciente fue del 1 al 24 de mayo- para exigir al gobierno estatal el pago de sus salarios vencidos, la distribución de medicamentos y otros enseres médicos indispensables para la atención de pacientes en hospitales de la capital de Chiapas, entre ellos el de la Mujer.
“En Chiapas se puede ver a personas afuera de los hospitales con su receta en la mano pidiendo dinero para poder comprar los medicamentos para sus pacientes, la situación es más difícil en las comunidades, sobre todo las de más difícil acceso, desde donde los pacientes tienen que trasladarse a la cabecera municipal, y en donde no hay ni las cosas elementales para su atención médica.
Aquí en la capital también está difícil la situación de los medicamentos ¡Ahora imagínese lo que pasa en las zonas más marginadas! Por eso están resurgiendo enfermedades, supuestamente ya erradicadas, que ponen en riesgo sobre todo a los niños”, indicó a este semanario Modesta Ramírez.
“El ciudadano cada vez tiene menos alternativas para atenderse. Por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez no hay suficientes equipos de rayos X y de ultrasonido; los laboratorios cubren muy pocos servicios. En las instituciones de salud no se tiene siquiera completo el cuadro básico de medicamentos.
Las cosas están mal en el IMSS, en el ISSSTE, pero en los hospitales de la SS no hay ni para lo más elemental. Eso de la universalización de los servicios de salud es una falacia, no es viable; todos los servicios de salud tienen un desabasto tremendo y las peores condiciones las vemos en la SS”.
La mayoría sin cobertura médica
Al menos el 60 por ciento de los mexicanos no tiene seguridad social, dato avalado por la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), encabezada por Carlos Noriega Curtis, quien el pasado 25 de abril indicó que “en el país, seis de cada 10 trabajadores no tienen acceso a la seguridad social y a todos sus beneficios”.
La informalidad en el trabajo, que implica carencia de registro en el IMSS, sigue avanzando, según revelan cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondiente al cuarto trimestre de 2016. El estado de Oaxaca mostró el mayor índice con el 82.2 por ciento de sus trabajadores en esa condición, seguido de Chiapas (79.7), Guerrero (78.2), Puebla (73.8), Hidalgo (73.4), Tlaxcala (71.7), Michoacán (71.8), Veracruz (68.5), Morelos (68.2) y Tabasco (67).
Después de la reforma neoliberal en materia laboral, aprobada en 2012-2013, han proliferado las empresas de tercerización laboral (outsourcing).
En el reporte 2016 de la firma Manpower Group, México, Caribe y Centroamérica, con base en datos de Staffing Industry Analysts, se indicó que solamente una de cada nueve empresas registra a sus trabajadores ante el IMSS. Según Manpower en el país hay 900 compañías de tercerización laboral, de las cuales no más de 100 cumplen con su obligación de registrar a sus trabajadores ante el IMSS.
Inequidad sanitaria
En su trabajo La Necesidad de Transformar el Sistema de Salud en México, de 2011, los investigadores de la Facultad de Medicina de la UNAM, Malaquías López Cervantes, José Luis Durán Arenas y Marcia Villanueva Lozano, reportan que en cuanto a los servicios sanitarios “(…) su accesibilidad no está determinada por el compromiso del Estado para garantizar el derecho a la atención de la salud basado en la ciudadanía (…) sostenemos la tesis de que es necesaria una transformación de fondo en el modelo público de servicios de salud, tomando en cuenta el criterio de la ciudadanía como condición de derecho a la atención a la salud y financiado con recursos provenientes de los impuestos generales (…)”.
El pasado 12 de febrero Mark Britnell, encargado global en materia de salud de la firma internacional de consultoría KPMG, reconoció que “un gobierno que no ofrece un buen sistema de salud y que no cubre las necesidades básicas de salud, tendrá como resultado una sociedad fragmentada, violenta y desconfiada hacia sus políticos”.
