Por Nydia Egremy
Al rebasar la fase de acoso contra el gobierno de la Revolución Bolivariana de Venezuela y pasar a la acción armada, los actores subversivos han escalado a la Fase 2. Todo ha sido calculado y el proceso golpista está en marcha: hay planeación, recursos financieros, disciplina, información sensible y coordinación desde el extranjero. El preámbulo de lo ocurrido el 27 de junio, fue la ofensiva contra Caracas en la 47ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ahí la prepotente injerencia de un grupo de países legitimó la violencia de la oposición contraria a la Asamblea Constituyente en aquel país. Es temerario que México se alinee al juego imperialista, cuando también está bajo acoso político y comercial.
“¡Hoy volvemos a la calle! En Caracas, nos vemos a partir de las 10 AM”, invitaba por twitter el diputado opositor Miguel Pizarro. Así convocó el 28 de junio a una movilización en todos los estados de Venezuela hasta las respectivas sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE), en rechazo al proceso constituyente que impulsa el gobierno para redactar una nueva Carta Magna. Igual que hace meses, el efecto de ese llamado se tradujo en un nuevo “trancazo”; es decir, en el ilegal corte de calles, avenidas y carreteras en las ciudades venezolanas.
Por más de cuatro horas, decenas de miles de ciudadanos fueron impedidos de llegar a escuelas, hospitales y empleos por el cierre de vías como la avenida Francisco de Miranda. Angustiados, escuchaban la amenaza de otro diputado derechista, Juan Requesens, de que antes del 30 de julio, cuando se elija a los constituyentes, “los trancazos no serán por horas, sino por días”. La derecha, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), inició el 1º de abril su agenda de subversión.
Con esa estrategia, la oposición ha nutrido por más de 22 semanas la injerencia externa, promovido manifestaciones que desembocan en disturbios, ataques a fuerzas del orden y edificios institucionales, saqueos a comercios y robos a personas. Encima de esa violencia impune, la ultraderecha reclama cínicamente “abusos a los derechos humanos” y “violencia del régimen dictatorial” por el despliegue de la fuerza pública para impedir esos desmanes.
Escalada desde México
La designación como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de Luis Videgaray Caso, personaje sumiso a Estados Unidos (EE. UU.), desdeñoso de la digna tradición de la diplomacia mexicana y de los logros y desafíos del proceso bolivariano ante la acometida imperial, ha contribuido a fortalecer el interés injerencista estadounidense y sus aliados (España y Argentina, entre otros). Ante el foro Americas Conference Series, el mexicano afirmó que Venezuela ya no es una democracia y que su gobierno tiene rasgos “autoritarios”.
La entonces canciller del país sudamericano, Delcy Rodríguez, calificó esas declaraciones como “infames e inmorales” y acusó a la administración de Enrique Peña Nieto de violar “grave y masivamente los derechos humanos de su pueblo”. La funcionaria advirtió que denunciaría a México ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por la “vergüenza” de la situación de los migrantes y por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014. En ese clima de tensión se iniciaba la 47ª Asamblea de la OEA en Cancún, Quintana Roo.
Ahí, con respaldo de Washington, el equipo mexicano propuso incluir en la resolución general de derechos humanos una referencia crítica a la crisis en Venezuela. Ante la falta de unanimidad, esa ofensiva resultó un fiasco. Imperdible por su retórica demagógica es el mensaje de clausura de Videgaray, quien se dio por satisfecho con las tres resoluciones alcanzadas.
La primera, un Plan de Acción en materia de pueblos indígenas que, dijo, es un tema “particularmente entrañable” para México. La segunda en materia de migración y la tercera que incrementa el presupuesto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Le falló la condena a Venezuela.
Ese fiasco dolió mucho en Washington. Así lo confirmó el canciller español Alfonso Dastis, tras reunirse con el secretario de Estado de EE. UU., Rex Tillerson, el 29 de junio. Servil y entusiasta, el funcionario de Mariano Rajoy lamentó que la “iniciativa de México en la OEA no tuviera éxito” y apuntó que había “que seguir aumentando la presión para que Venezuela vuelva a ser una democracia”.
Dastis declaró que se proponía trabajar más con los países de América Latina para lograr el objetivo de la Casa Blanca y esbozó la posibilidad de crear un “grupo de amigos”. Ante su complaciente anfitrión, el español lanzó una amenaza-promesa: “Intentos y presión por nuestra parte no van a faltar” para que la llamada oposición consolide su unidad y logre “elecciones libres”.
Golpe, no revolución
La ofensiva contra Venezuela ha seguido, rigurosamente, el manual de las llamadas revoluciones de “color”. Tal como en la “revolución de las rosas” (Georgia), la “revolución naranja” (Ucrania) o la “revolución de los tulipanes” (Kirguistán), la ola subversiva de inspiración fascista contra Venezuela mantiene un discurso pro-imperialista y se disfraza de oposición humanista contra un régimen.
Hay una realidad incuestionable: desde 1998, en ese país se han celebrado múltiples elecciones, incuestionables bajo los parámetros democráticos de Occidente. No obstante, para las corporaciones energéticas, clanes terratenientes y empresariales perder el control de la primera reserva mundial de hidrocarburos es desastroso. Tras el deceso del presidente Hugo Chávez Frías y el inicio de la gestión de Nicolás Maduro, el imperialismo corporativo y su aliada, la derecha venezolana, reemprende su estrategia contra la Revolución Bolivariana.
Entonces comienzan a verse los síntomas clásicos de una ‘revolución de color’: aumentan en número, intensidad y violencia las marchas antigubernamentales, así como las campañas de difusión –dentro y fuera del país– que construyen el discurso de la ilegitimidad del gobierno. Al acaparamiento y desabasto de bienes básicos (bachaqueo) siguen actos de abierta delincuencia, desobediencia social y saqueos (guarimbas) que alienta la lógica paramilitar.
Desde 2013, emisoras de televisión estadounidenses como la BBC y CNN, diarios como The Washington Post, El País (España) o The Independent (Gran Bretaña), son persistentes en su manipulada cobertura sobre Venezuela. Para crear la percepción de ingobernabilidad y creciente desconfianza ciudadana hacia el proceso bolivariano, estos medios se han puesto de acuerdo para repetir vocablos como “dictadura”, “autoritarismo” y “emergencia humanitaria” .
Lejos del principio periodístico de informar veraz y suficientemente, esa “prensa independiente” encubre las causas, los actores y los intereses que hay detrás del sabotaje contra las plantas eléctricas y el suministro de agua. A la vez silencia el efecto en la economía venezolana de las sanciones de EE. UU. y la caída en los precios del petróleo, aunque vocea la “inflación de tres dígitos”.
Esos medios regalan sus primeras planas a los personajes más “mediáticos” de la derecha fascista para victimizarlos, mientras apaga cámaras y veta páginas a incendios de edificios públicos, ataques a policías y guardias con artefactos explosivos y civiles armados y encubiertos.
Esos medios y organizaciones no gubernamentales (ONG) de opacos intereses, no solamente lucran con la violencia, sino que distorsionan las causas de las víctimas mortales de la violencia terrorista. Sin una prueba a favor de su dicho, el sitio Infobae atribuye a la fuerza pública responsabilidad en muchas de esas muertes. Los insignes “demócratas” callan ante el boicot al diálogo, a la abierta subversión, al sabotaje y la violencia cotidiana del “trancazo”. Esa complicidad es parte de la Fase 2 de la provocación golpista.
En estos cuatro años de desestabilización se ha dado el caso insólito de observar a manifestantes “pro-democracia” desfilando junto al fascismo. La derecha venezolana no cesa en su estrategia de confrontación violenta y manipula las muertes que han resultado de ella, señala el investigador belga Alex Anfruns.
La marioneta de la derecha golpista
Con una estrategia golpista diseñada en el exterior, la ultraderecha elevó su escalada al nivel de ofensiva insurreccional. El 27 de junio, grupos civiles armados atacaron la sede del Legislativo, tras producirse un choque entre algunos diputados y miembros de la Guardia Nacional (GNB). Civiles encubiertos lanzaron artefactos explosivos (cohetes pirotécnicos) dentro del Parlamento.
Después entraba en acción la marioneta de la derecha golpista: Oscar Alberto Pérez, inspector agregado de la Brigada de Acciones Especiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). El hecho de que esa estratégica institución fuera infiltrada para que uno de sus cuadros liderara un acto terrorista demuestra la existencia de planeación, cuantiosos recursos y acceso a datos sensibles de inteligencia y logística de gran nivel operando a favor de los golpistas.
La marioneta Pérez, con al menos cuatro cómplices, secuestró en la base aérea La Carlota, al Este de Caracas, un helicóptero Airbus Bolkow, 105 matrícula GEPC02. Esa aeronave sobrevoló el centro de Caracas, lanzó al menos 15 disparos desde el aire contra el Ministerio del Interior y Justicia (MIJ) –donde 80 personas celebraban el Día del Periodista– y se desplazó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que se hallaba en plena sesión, donde lanzó cuatro granadas de las que explotaron tres. De ahí el calificativo de ataque terrorista.
Luego se conocería la serie de videos de Pérez en los que llamó al golpe contra el gobierno constitucional. Hay orden de localización internacional contra el también exjefe de operaciones aéreas, buzo de combate, supuesto actor y productor de la cinta Muerte Suspendida, presuntamente inspirada en el secuestro de un empresario y su liberación por la policía de élite del CICPC.
Según el sitio digital latabla.com, la esposa del perpetrador del ataque, Danahis Vivas, reside en la ciudad mexicana de Hermosillo, Sonora con sus hijos y la madre de Pérez. Ella confirmó que trabajó 10 años en el CICPC y uno en el Ministerio público como experta forense en informática. Además confirmó que ha estado en comunicación con su esposo quien, precisó, “está bien” y tuvo “un aterrizaje de emergencia”
Es obvio que la huida del perpetrador del ataque y sus cómplices, habría sido imposible sin ayuda extranjera y gran coordinación interna. De ahí que el gobierno bolivariano investigue los vínculos de Pérez con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE. UU. El presidente Nicolás Maduro declaró: “Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, “nosotros iríamos al combate, jamás nos rendiríamos”.
Pidió al mundo escuchar que su gobierno es la única opción de paz del país. Además, acusó al partido opositor Primero Justicia (PJ) de tomar un rumbo de violencia y estimó que sus líderes están al frente “de todos los hechos violentos”. La derecha manipuló ese discurso y alega que llamó a tomar las armas.
¡Una vez más la tergiversación como política! Sin condenar el ataque ni a sus autores, el opositor Julio Borges explicó que la respuesta de Maduro constata que el país caribeño vive bajo una dictadura “violenta”, cuyo Ejecutivo busca ir al caos.
Transcurridas más de 18 horas del ataque terrorista el nuevo canciller venezolano, Samuel Moncada, reclamó el silencio de la Unión Europea (UE) y de países como España, Italia, México, Canadá y Argentina. “Se preocupan por los derechos humanos, la lucha contra el terrorismo y no hemos tenido la primera declaración” en contra de esta acción, dijo Moncada, precisando que la selectividad de estos países y los medios protegen a los autores con su “complicidad ignorante fingida”. En cambio, expresaron su solidaridad con el gobierno de Maduro Cuba, Bolivia, Ecuador, Turquía y los gobiernos africanos.
Muy entrada la jornada del 28 de junio, pasadas las 11.57 horas, la SER liberó su comunicado 252, en el que reiteraba el “enérgico rechazo a la violencia” del día anterior y hacía un firme llamado “al gobierno y al pueblo hermano” de Venezuela a erradicar la violencia y restablecer la vigencia de las instituciones democráticas. ¡Como si ellos fueran responsables del ataque terrorista! Esa incongruencia de la política exterior del actual gobierno mexicano pesará en su contra en el balance final de la historia.
