Por Nydia Egremy
Cada vez es más frecuente que jefes de Estado anti-neoliberales sean llevados ante los tribunales por no ser gratos al gran capital; que los sectores más fascistas y reaccionarios arresten y desprestigien a líderes de la izquierda con cargos de corrupción y abuso de poder, algo que ofende a las mayorías expoliadas por las élites.
A esa forma de represalia política se suman las sanciones económico-financieras que se imponen a gobiernos y adversarios, con carácter extraterritorial. Si bien todo ilícito merece la pena de ley, el uso faccioso de la justicia en provecho de élites propicia que haya cada vez más culpables libres e inocentes tras las rejas.
ABSURDO INTERROGATORIO CONTRA LULA:
-¿El departamento es suyo?
– No.
– ¿Seguro?
– Seguro.
– ¿Entonces no es suyo?
– No.
– ¿Ni un poquito?
– No.
– ¿O sea que usted niega que sea suyo?
– Lo niego.
– ¿Y cuándo lo compró?
– Nunca.
– ¿Y cuánto le costó?
– Nada.
– ¿Y desde cuándo lo tiene?
– Desde nunca.
– ¿O sea que no es suyo?
– No.
– ¿Está seguro?
– Lo estoy.
– Y, dígame: ¿por qué eligió ese departamento y no otro?
– No lo elegí.
– ¿Lo eligió su mujer?
– No.
– ¿Quién lo eligió?
– Nadie.
– ¿Y entonces por qué lo compró?
– No lo compré.
– Se lo regalaron…
– No.
– ¿Y cómo lo consiguió?
– No es mío.
– ¿Niega que sea suyo?
– Ya se lo dije.
– Responda la pregunta.
– Ya la respondí.
– ¿Lo niega?
– Lo niego.
– O sea que no es suyo…
– No.
(…)
– Señor juez, ¿usted tiene alguna prueba de que el departamento sea mío, que yo haya vivido ahí, que haya pasado ahí alguna noche, que mi familia se haya mudado; o tiene algún contrato, una firma mía, un recibo, una transferencia bancaria, algo?
– No, por eso le pregunto.
– Ya le respondí.
Ese tenso diálogo es un fragmento del interrogatorio del juez Sergio Moro al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), según reseña del portal Resumen Latinoamericano el pasado 28 de julio.
Ahí se revela, con toda crudeza, el uso faccioso de la ley para impedir que el más prestigiado político de ese país contienda en 2018 en la elección presidencial. Lula enfrenta cinco procesos judiciales; en dos de ellos ha sido condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión por corrupción, dentro de un proceso que dirige el juez decimotercero federal de la ciudad de Curitiba, Sergio Moro.
Los delitos por los que se le acusa son: corrupción pasiva y lavado de dinero por sobornos (coimas) de la constructora Odebrecht, a través del exministro –hoy preso– Antonio Palocci. Presuntamente, con esas coimas, el expresidente habría comprado el terreno que ocupa el Instituto Lula y un departamento vecino a la casa del expresidente, en Sao Bernardo do Campo.
El departamento, situado en el balneario de Guarijá en Sao Paulo, sería parte de la “coima” a Lula –por 1.1 millones de dólares– de la constructora OAS por presuntos “favores políticos”.
Sin probar su acusación, la Fiscalía afirma que con tal monto se habría reformado ese inmueble. El expresidente niega todos los cargos y sostiene ser víctima de una persecución política y judicial.
No obstante, la ofensiva judicial contra el expresidente es incesante. Dos días después del interrogatorio, le embargaban nueve millones de reales (unos 2.8 millones de dólares) de dos fondos de pensión que administra la operadora Brasilprev, y otros 606 mil 727 reales (casi 192 mil dólares) de cuatro cuentas de su fondo de pensión.
Una vez más y sin probar, la Fiscalía supone que esos capitales proceden de pagos ilícitos de una empresa implicada en el escándalo Lava Jato (de desvíos en la petrolera estatal Petrobras).
Además de bloquear esas cuentas, el juez Moro ordenó hacer lo mismo con el apartamento de Sao Bernardo do Campo, un terreno y dos vehículos. Según el magistrado esos embargos “garantizan” el pago de “eventuales sanciones pecuniarias”, si se confirma la sentencia contra el acusado.
La defensa del expresidente asegura que ese embargo es ilegal y abusivo. “En la práctica, esa decisión deja a Lula sin disponer de sus bienes y valores, con perjuicio de su subsistencia y la de su familia.
Se trata de otra arbitrariedad de entre las tantas ya cometidas por el mismo juez contra el expresidente”, explicaba un comunicado de la defensa. De viva voz, el carismático líder brasileño asegura que el único mal que hizo a Petrobras fue convertirla “en la segunda mayor empresa del mundo, con la mayor capitalización”.
La investigación judicial que hace tres años sigue esa red corrupta no ha sido veraz y propicia, en cambio, la condena mediática destruye al país, aseguró Lula da Silva en la manifestación de apoyo que le brindaron el Partido de los Trabajadores (PT), sindicatos y movimientos sociales, que repudian la sentencia del juez Moro. Lula volverá a ser interrogado por videoconferencia el 13 de septiembre.
Embestida oficial en Argentina
Al mismo ritmo veloz que en el vecino Brasil, corre en Argentina la embestida judicial contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015). Esa pesquisa no está exenta de intención política, pues se concreta al inicio de las primarias de agosto para las elecciones legislativas en octubre en las que la exjefa de Estado aspira a ser senadora.
El juez Claudio Bonadio, de la Fiscalía, ha procesado judicialmente a la expresidenta por dos delitos, ambos por presunta asociación ilícita.
Dos procesos: supuesto perjuicio al Estado –por operaciones del Banco Central, realizadas bajo su gestión, que consisten en la firma de contratos de futuros de dólar– y otro por asociación ilícita que se tradujo en administración fraudulenta en la concesión de obra pública.
La principal causa contra Fernández, conocida como “Los Sauces”, la acusa a ella y a sus hijos de liderar una asociación ilícita destinada a cometer delitos de lavado de dinero, con empresarios de la obra pública, a través de una inmobiliaria familiar.
Se investiga a Hotesur, una de sus empresas dedicada al sector inmobiliario, por presuntos retornos económicos de empresarios ala exfamilia presidencial. Por ello, la expresidenta fue procesada en abril. Se le embargaron bienes y se le prohibió salir del país.
Contra el justo proceso, el magistrado Bonadio dijo su sentir a Radio Mitre sobre el caso contra Fernández. Cuando la procesó en abril, declaró: “Este entramado societario debe terminar en un solo proceso oral y público”, dijo el juez, quien incluso ha insinuado la inminencia de un arresto al declarar que “una causa penal es como una avalancha”.
Cristina Fernández enfrenta otro proceso de claro tinte político. El nada imparcial magistrado Bonadio la acusa de “presunto encubrimiento de terroristas” en el llamado Caso Nisman.
Se trata de la denuncia que el fiscal Alberto Nisman presentó antes de morir contra la entonces presidenta, el excanciller Héctor Timmerman y otros funcionarios, por supuesto encubrimiento de los responsables del ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.
El fallecido Nisman consideraba que el memorándum con Irán, firmado por Fernández y los citados funcionarios en 2013 –que el Congreso aprobó, aunque luego declaró inconstitucional– daba impunidad a los presuntos autores iraníes del ataque contra el centro judío, a cambio de pactos comerciales con Teherán. Cuatro días después de presentar su denuncia, Nisman apareció muerto de un tiro en la cabeza en su departamento en Buenos Aires.
A principios de 2015 se desestimó la denuncia del fiscal por “inexistencia de delito”. A fines de 2016 la reabrió el juez Ariel Lijo y el pasado 31 de mayo, el tribunal asignó ese caso a Bonadio, que ya dirige una investigación similar por “traición a la patria” contra exfuncionarios que aprobaron el pacto con Irán.
La defensa de Fernández sostiene que el propio Nisman acusó al juez Bonadio de irregularidades en la investigación del ataque a la AMIA y, por tanto, alega que el juez está incapacitado para llevar el proceso contra la expresidenta.
Inicialmente, Bonadio intervino en ese caso como juez del expediente 9789/2000 y tras cinco años de que su superior detectara irregularidades, el 17 de noviembre de 2005 fue apartado, indica la defensa de Fernández.
No obstante, y actuando como ‘juez y parte’, en julio pasado Bonadio rechazó la recusación de la exjefa de Estado. El juez esgrime que los fundamentos para apartarlo son “vagos y falaces”, además de “genéricos y sin fundamento jurídico”. Esa inequidad condena de antemano.
Contra-ataque imperial
Gobiernos anti-hegemónicos que imponen controles a la ambición del capital trasnacional son el objetivo de represalias legaloides como las sanciones.
Con el discurso de proteger derechos humanos y luchar contra el terrorismo, Washington impone escollos comerciales y financieros que minan la economía de Estados no gratos.
La primera sanción moderna de Estados Unidos (EE. UU.) fue contra Norcorea, en 1950, y se prolongó hasta 2008. A finales de los años 90 suavizó algunas más, aunque en 2013 impuso nuevas sanciones y así hasta nuestros días.
Sin hablar de los 52 años de bloqueo contra Cuba, EE. UU. también impuso sanciones contra el gobierno de la Revolución Islámica en Irán desde 1979. En tres décadas ha congelado activos iraníes y reservas de oro, bloqueado créditos, cerrado su comercio y amenazado con sancionar a países que inviertan en el sector energético del país persa.
En 2012 frenó la libre operación de bancos iraníes e individuos asociados con el programa nuclear y apenas el 18 de julio EE. UU. aumentó las sanciones a Teherán. Otros países sancionados son Irak, Yugoslavia, Birmania, Sudán, Somalia, Siria, Libia y Rusia.
Venezuela es otro objetivo del poder extraterritorial de la superpotencia. Su presidente, Donald Trump, amagó al gobierno del presidente Nicolás Maduro con “rápidas y fuertes sanciones económicas” si convoca la Asamblea Constituyente el 30 de julio.
Tal amenaza es muy similar a la del expresidente Barack Obama de aplicar una “política de hostigamiento y presión”, que se tradujo en una escalada de desestabilización contra el país sudamericano, recuerda el analista Miguel Jaimes. Se estima que Trump prevé el boicot al crudo venezolano, unos 700 mil barriles diarios.
Con la falsa premisa de que combate a un gobierno autoritario, Washington sigue una logística de “guerra no convencional que cuesta dinero” y que el Congreso de EE. UU. autoriza, cita Jaimes.
Solo en este 2017se aprobaron siete millones de dólares para la asistencia a la democracia y los derechos humanos de la sociedad civil en Venezuela.
Solo desde abril Washington ha financiado y apoyado logística e ideológicamente a la derecha fascista que ha causado más de 100 muertes y destruído inmuebles públicos y privados.
