Por Nydia Egremy
Desde que llegó a la Casa Blanca, el xenófobo presidente de la superpotencia militar ha ofendido a los mexicanos, aumentado razzias y arrestos contra inmigrantes e impulsado la construcción de un muro en su frontera sur.
La hostilidad de Donald John Trump contra los extranjeros ha afectado la economía de su país, minado su posición internacional y solo ha beneficiado a los impunes traficantes de personas y a los contratistas de las agencias anti-inmigración. Lejos de privilegiar la cooperación con su vecino, aliado y socio del sur, el magnate ha optado por el injerencismo altanero, como exhibe la supuesta transcripción de su diálogo con el mandatario de México que publicó The Washington Post (TWP).
Entre el 27 de julio y el tres de agosto comenzó a consumarse el plan de Donald John Trump de cerrar su país a la inmigración.
El primer paso fue la aprobación en la Cámara de Representantes de su iniciativa para financiar la construcción del muro fronterizo, con la que el Poder Legislativo de la superpotencia validó la peligrosa política ultranacionalista del Ejecutivo.
Y mientras el Senado evaluaba esa iniciativa, el dos de agosto, el Ejecutivo promovió otra para restringir la residencia legal “solo a inmigrantes cuyas aptitudes beneficien” a Estados Unidos (EE.UU.). Un día después TWP exhibió a un Trump dispuesto a dictar órdenes al Ejecutivo mexicano en materia migratoria, combate a la delincuencia y renegociación comercial.
El muro va
La aprobación de la iniciativa de Ley Presupuestal para Hacer América Segura, por cuenta de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, se tradujo en el destino de mil 600 millones de dólares para la construcción de varios sectores del muro fronterizo entre EE. UU. y México. Los republicanos respondían así a la solicitud que Trump hizo al Congreso, través de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca.
Solicitó esa cifra para levantar una valla de 51.5 kilómetros en el sector del Valle del Río Grande (Río Bravo), y otro tramo de 45 kilómetros en esa misma región. La petición también planteaba extender esa valla 22.5 kilómetros en el sector de San Diego, California, para reponer la ya existente.
Según la solicitud, en esas zonas la Patrulla Fronteriza detiene a más inmigrantes indocumentados. La barrera física no es a lo largo de toda la frontera, sino entre mil 226 a mil 448 kilómetros, de los tres mil 218 kilómetros que hay entre ambos países.
Destaca que los representantes aprobaron financiar esa barrera física fronteriza, a partir de los 788 mil millones del presupuesto que en 2018 ejercerán los Departamentos de Defensa (DD), Veteranos y Energía, entre otros. Al incluir el presupuesto en el sector de Defensa, se pretende obligar a los demócratas a respaldar esa iniciativa etiquetada en el rubro de la lucha antiterrorista. Se espera que en el Senado los demócratas frenen la iniciativa, ya que los republicanos solo cuentan con 52 votos seguros y se requieren 60 votos.
Como el Congreso debe aprobar el presupuesto fiscal de 2018 antes de que concluya septiembre, los observadores anticipan un bloqueo del Partido Demócrata (como el que en 2013 hicieron los republicanos al proyecto presupuestal de Barack Obama para el año fiscal 2014).
Deportaciones y economía
Mientras esto sucede en el Congreso, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) tiene el objetivo de deportar a 968 mil 238 extranjeros.
Por ello realiza “redadas silenciosas” contra todos los extranjeros que tienen orden final de deportación; sin embargo, esa cifra sería mayor, según la Oficina del Inspector General y solo en agosto de 2016 el ICE admitía que revisaba la situación de 2.2 millones de inmigrantes que tenían el beneficio de la suspensión del proceso de deportación tras solicitarlo. Hoy éstos corren el riesgo de ser los primeros en ser repatriados inmediatamente, pese a que tienen décadas de vivir en EE. UU.
Con respecto a las expulsiones, un estudio de la firma Oxford Economics ha revelado que la primera ola de extradiciones se traducirá en una pérdida de dinamismo económico equivalente al 0.3 por ciento del producto interno bruto (PIB). Esa cifra equivale a más de 50 mil millones de dólares, la misma cantidad que el mandatario estadounidense ha pedido para su presupuesto de defensa en 2018.
Pero la política anti-inmigración de Donald Trump está afectando ya la economía de EE. UU., pues ha caído el consumo de los inmigrantes. Por miedo a ser deportados “no salen, no compran, y se quedan en casa”, declaraba a la agencia EFE el presidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Texas. En lugar de comprar, hoy los inmigrantes –la mayoría hispanos– prefieren ahorrar por si deben huir o efectuar gastos legales. Y esa baja en el consumo preocupa a los comerciantes estadounidenses.
Quizás el magnate-presidente no haya considerado que el 70 por ciento de la economía de su país dependa del gasto de los consumidores y que los inmigrantes tienen un alto y constante consumo. Según la Consultora Nielsen, solo en 2015 la comunidad hispana gastó 1.3 mil millones de dólares y estima que en 2020 la cifra suba al 1.7 mil millones de dólares. Y Moody’s Analytics advierte que el temor a deportaciones reducirá el crecimiento de EE. UU.: “por cada año que Trump sea una amenaza para los inmigrantes”, y ello representará una caída de 100 mil millones de dólares en la economía estadounidense en el año 2021.
La caída del consumo de inmigrantes hispanos afecta ya a ciudades como McAllen, El Paso, Eagle Pass, Laredo, San Antonio, San Francisco, Los Ángeles y en estados como Nevada, Phoenix, California, Arizona, Missouri y Kansas, donde la retracción comercial llega al 30 por ciento. Solo en el tradicional eje comercial de Chicago, las tiendas están vacías, afirma el director de la Cámara de Comercio de La Villita, según la Cámara de Comercio Hispana de San Antonio.
En su tenaz xenofobia, el impetuoso huésped de la Casa Blanca también ha amenazado con tasar las remesas que los migrantes envían a sus familias a su país de origen. Ante el temor de que esto suceda, los trabajadores extranjeros han decidido blindar sus envíos.
El flujo de pequeñas sumas, de 200 a 300 dólares, que cada migrante envía a sus familias, constituye casi el 60 por ciento del ingreso de ese hogar, lo que impacta significativamente en la vida de ese núcleo y la comunidad donde viven. México es un gran receptor de esas remesas.
Cerco a la inmigración
Al veto migratorio de enero, cuando Trump prohibió el ingreso a EE. UU. de personas originarias de seis países de mayoría musulmana (Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen) –el cual renovó el seis de junio– se suman dos medidas que cierran ese cerco a la inmigración: La orden ejecutiva del 18 de abril, que endureció los requisitos de la visa H-1B para inmigrantes profesionales y, a partir del tres de agosto, las restricciones a permisos temporales de trabajo solicitados por multinacionales del sector tecnológico para contratar a expertos extranjeros.
En síntesis, el plan propone cerrar la puerta y expulsar la mano de obra barata inmigrante para emplear la fuerza de trabajo local, que es más cara. Se sustenta en el argumento de que el país ha aceptado a demasiados inmigrantes poco calificados en perjuicio de trabajadores estadounidenses. Ese marco anti-inmigrante cuenta con el respaldo de una coalición de republicanos en 16 estados que lidera el fiscal general de Texas, Ken Paxton.
Lo secundan fiscales de Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Kansas, Louisiana, Montana, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Virginia Occidental y el gobernador de Mississippi.
Todos han suscrito el documento que cita: “Los firmantes, interesados en defender la seguridad de nuestros habitantes y en que el presidente sea capaz de suspender el ingreso de extranjeros si estima que es por el bien público”. Sin embargo, un juez federal de Seattle, Washington, ya bloqueó ese veto.
Para castigar la solidaridad con los inmigrantes, Donald Trump firmó en enero pasado la orden ejecutiva que frena fondos a municipios hostiles. Entonces, autoridades de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, New Haven, Siracusa y Austin, entre decenas de ciudades grandes y pequeñas, se prepararon para librar una batalla digna.
Políticos y agrupaciones anti-inmigrantes han advertido contra las ciudades-santuario, designadas así porque no cooperan con la política federal de razzias, deportaciones y fichaje de inmigrantes indocumentados.
La lista 2017 del Departamento de Seguridad Interior cita 118 localidades que rehúsan cooperar con la política anti-inmigratoria del gobierno de Trump; pero el ICE ha agregado más: 31 santuarios en Oregon, 18 en Washington, 16 en Pennsylvania y 15 California. Massachusetts es el estado con más santuarios, luego California, Orange, Arizona, Detroit, Florida y Nueva York.
