REPORTAJE ESPECIAL
Martín Morales
El ocho de septiembre se iniciará la organización del proceso electoral federal de 2018 en el que se renovarán la Presidencia de la República, 628 legisladores federales (500 diputados y 128 senadores), nueve gubernaturas (Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Jalisco, Morelos y Puebla) y las autoridades y representantes populares de otras 21 entidades de la República. En total se renovarán tres mil 326 cargos públicos.
Los nueve partidos nacionales con reconocimiento oficial del Instituto Nacional Electoral (INE) participarán en estos comicios con candidatos propios o coaligados, además de un número aún indeterminado de aspirantes independientes, todos financiados con casi siete mil millones de pesos de presupuesto del Estado mexicano.
A este financiamiento se sumarán cerca de seis mil millones de pesos aportados por los 30 gobiernos estatales donde habrá elecciones locales, con lo que el gasto político global del año que entra será de 13 mil millones de pesos.
En contraste con los preparativos orgánicos del Estado, investigadores de la ciencia política consultados por buzos perciben en el sector mayoritario del electorado nacional –los jóvenes entre 18 y 34 años– la existencia de un marcado ambiente de descontento y aun de rechazo hacia las expresiones de representación partidista tradicionales de México.
A juicio de los mismos analistas, este segmento social eventualmente podría buscar opciones de cambio por vía de las candidaturas independientes, pero la mayoría de sus integrantes carece de la vocación, la preparación y la voluntad política necesarias para verter en ese sentido, toda vez que su “desencanto” vierte únicamente en la desconfianza, la inmovilidad absoluta y la crítica anodina.
De acuerdo con la lista de electores que el INE actualizó en julio pasado, de los 85 millones 953 mil 712 ciudadanos registrados en el actual padrón oficial de electores, 34 millones 491 mil 698 tienen edades entre 18 y 34 años, y su número equivale al 41 por ciento del número potencial de votos, cifra con la que podrían definir un nuevo rumbo político nacional en el país.
Los preparativos para 2018
Conforme a lo dispuesto por la Constitución federal y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), así como por las constituciones y códigos electorales de 30 entidades, el Consejo General del INE iniciará la organización de los procesos electorales, federal y locales de 30 estados del año que entra, cuyas votaciones se realizarán el mismo día 1º de julio de 2018. Para la elección federal serán preparados un millón 400 mil ciudadanos, quienes se encargarán de instalar y hacer funcionar 155 mil mesas de votación en el territorio nacional.
En la campaña de propaganda político-electoral de 2018 se difundirán más de 20 millones de mensajes de candidatos y partidos de convocatoria al voto que el INE distribuirá a través de dos mil 700 concesionarios de radio y televisión mediante el uso de los tiempos oficiales del Estado mexicano.
Los ciudadanos que quieran ser candidatos presidenciales independientes deberán cumplir los siguientes requisitos: comprobar el respaldo del uno por ciento de la lista nominal de electores (859 mil 5538 personas, tomando en cuenta el listado actualizado a julio de 2017), que sean de por lo menos 17 estados del país, cuyas firmas y datos se deberán recabar en un plazo de 120 días.
El interesado deberá registrar una Asociación Civil y abrir una cuenta bancaria con esa razón social, en la que, en su caso, recibirá el financiamiento para su campaña.
Sobre el voto de mexicanos en el extranjero, el INE estima que habrá cuatro millones de ciudadanos distribuidos en 92 países.
En las elecciones presidenciales de 2006 se abrió por primera ocasión la posibilidad de que votaran por correo; ese año se recibieron 36 mil sufragios; en 2012 hubo poco más de 40 mil y en 2018 se espera que el número sea mucho mayor.
En marzo de este año, el Consejo General del INE se declaró incapaz de garantizar el voto vía internet y tal modalidad fue postergada hasta 2024, aunque siguió vigente la postal.
Entre las elecciones locales del año próximo destacan las de Veracruz y Puebla, donde previamente se eligieron gobernadores para un periodo de dos años y de 20 meses respectivamente, a fin de sincronizar los comicios locales con los federales.
En 2015 los veracruzanos eligieron como gobernador al panista Miguel Ángel Yunes y el 1º de julio de 2018 deberán votar por un nuevo mandatario estatal y 50 diputados locales, además del Presidente de la República y nuevos representantes de sus estados en el Congreso de la Unión.
El INE repartirá seis mil 788 millones 896 mil 673 pesos para financiar las actividades de los nueve partidos políticos nacionales y sus candidatos. Este dinero deberá ser aplicado en el financiamiento de actividades partidistas ordinarias y específicas, campañas electorales y franquicias postales y telegráficas.
A esta suma se agregarán 42 millones 960 mil pesos adicionales, para las franquicias postales, que serán distribuidos en su momento entre los partidos y candidatos independientes que participen en las contiendas federales. Además, habrá 42 millones 963 mil 322 pesos para gastos de campaña para el conjunto de candidatos independientes que obtengan su registro para contender en las campañas federales.
Adicionalmente, las representaciones estatales de los partidos políticos nacionales recibirán financiamiento público de las 30 entidades donde habrá elecciones. En nueve se votará por gobernador, en 27 se renovará la totalidad del Congreso local y en 26 se elegirán presidentes municipales.
El 18 de agosto, al aprobarse el proyecto de presupuesto, el consejero del INE, Ciro Murayama, dijo en la sesión del Consejo General que el financiamiento propuesto es suficiente para que los partidos desplieguen sus campañas en 2018, por lo que no hay razón para que haya problemas después por el uso de dinero de procedencia desconocida.
“Lo que resultaría inaceptable es que los contribuyentes dediquen estas cantidades, más de seis mil 700 millones de pesos a partidos en el nivel federal y cerca de seis mil millones en el nivel local, 13 mil millones de pesos en suma, y que al mismo tiempo los partidos acudan a dinero de origen desconocido, como acreditó el INE en sus recientes informes de fiscalización.
Detectamos gasto no reportado y, por lo tanto, gasto financiado con dinero opaco y todo dinero opaco en México es dinero ilegal”, afirmó.
El rechazo de los jóvenes
Como arriba se ha expuesto, la mayoría de los electores potenciales de 2018 son jóvenes que por diversas vías de comunicación modernas –de manera preferente a través de las redes sociales Facebook y Twitter– expresan su rechazo hacia la política y condenan la actuación de los políticos mexicanos de todos los partidos.
En un análisis divulgado el 22 de octubre de 2016 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la doctora María Marván Laborde, exconsejera del Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) lamentó que el voto interesa poco a la llamada “generación del milenio”, es decir, a los jóvenes nacidos en la década de los 80, que se vieron marcados por el inicio de la revolución cibernética cuyas principales vías de tránsito son la internet y las redes sociales.
Está claro –explicó– que el principal vínculo de los jóvenes entre 18 y 35 años son las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), sobre todo los teléfonos móviles y las redes sociales. Estimó que estos instrumentos serán, sin duda, un espacio en el que se dé la competencia electoral de 2018.
La especialista, sin embargo, resaltó que el desinterés de estos jóvenes será un impedimento para que los partidos políticos y sus candidatos puedan acceder al voto de los mismos. “En términos generales se asume que es una de las generaciones más desencantadas de la política y que menos sentido encuentra en su intervención en procesos electorales. Es en discusiones políticas que ocurren en las redes sociales donde más se enganchan, pero responden en mayor proporción al escándalo que a la propuesta”.
La doctora Marván dijo que los partidos políticos y sus candidatos deberán tomar en cuenta las experiencias, incluso internacionales, para buscar una forma de llegar a los jóvenes que rechazan a los partidos y están desencantados de la política.
Recordó que el senador y excandidato presidencial estadounidense Bernie Sanders encontró una forma de comunicación con los jóvenes estadounidenses de su país en la pasada contienda electoral. “Sanders ya lo confirmó, sí hay manera de apelar a sus necesidades, buscarlos y hacerles una oferta distinta e involucrarlos. Si les hablamos de las cosas que les interesan y preocupan, podría incrementarse su participación, aunque no en un 100 por ciento”.
Por separado, el analista político e investigador universitario Manuel Larrosa Haro dijo a buzos que por su condición mayoritaria y distancia crítica hacia los actores políticos tradicionales, los jóvenes deberían ser quienes propicien los cambios que requiere México en buena parte de sus ámbitos. Sin embargo, se mostró escéptico respecto a la actitud política de éstos en 2018.
“Yo creo que la paradoja está en que tenemos esta generación enorme de jóvenes que podrían ser los que alentaran el cambio en forma pacífica, usando el voto, pero el panorama y la realidad cotidiana, de que no vivimos en un país con un Estado de derecho, en donde hay personas asesinadas y desaparecidas, la corrupción en diversos niveles, hacen que haya una desconfianza y rechazo que no son nada difíciles de entender.
“¿Cómo van a confiar si todos los días estamos leyendo y escuchando simulaciones por parte de los actores políticos? Mi impresión es que estos jóvenes se sienten engañados.
Yo creo que ni una posible candidatura del Consejo Nacional Indígena, que sería una mujer indígena, que buscaría ser registrada como candidata presidencial, ni la figura de Andrés Manuel López Obrador, van a poder modificar de manera significativa la percepción que se tiene en este sector de la población del cual hablamos. Estos cambios son muy lentos y muy difíciles.
“La decadencia política del perredismo, la situación que ha vivido el PRI desde el asunto se la Casa blanca, y todos los episodios de corrupción de gobernadores del PAN y del PRI, eso cuenta muchísimo en la percepción y la actitud de los jóvenes. Yo soy profesor universitario y aprecio un desencanto y una suerte de moral baja entre ellos; hay desconfianza en el sistema político, que es la articulación propiamente de los procesos, actores y reglas de participación en política”, apuntó el experto.
Alfredo Nateras, especialista en cultura juvenil, investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), comentó a su vez a este semanario: “Es tanto el desencanto, tanto su rechazo a la podredumbre política y la corrupción, tanta la indignación entre los jóvenes, que esto los paraliza.
Las acciones de los políticos y de los partidos abonan en favor de esto. En este marco, no votar se vuelve para ellos una forma de protestar.
¿Y entonces qué narrativa tendrían que construir los partidos para llegar a las juventudes y tratar de restaurar el valor del voto? Ahí está la complejidad. En Estados Unidos, la campaña de Barack Obama, y más recientemente, la del senador Bernie Sanders, se basó en buena medida en tratar de llegar a los jóvenes a través de las redes sociales. Obama aún tiene su twitter y lo sigue utilizando.
Les han hablado a los jóvenes de su país a través de sus códigos. Eso se ha hecho allá, pero esto puede dar una idea acerca de la estrategia a utilizarse con ese fin en México”.
Disputas
Ante la evidencia de que la elección presidencial de 2018 será altamente competida, las directivas de los partidos políticos nacionales están diseñando estrategias con las que se proponen alcanzar los niveles más competitivos posibles para obtener el voto de los ciudadanos y superar los signos de desconfianza que advierten entre los electores.
La formación de alianzas y la eventual postulación de “candidatos externos”, es decir, sin militancia efectiva en alguno de los partidos, son las tendencias observadas hasta ahora con rumbo a los comicios presidenciales.
Sin embargo, este tipo de estrategias han provocado guerras políticas internas en algunos partidos, incluso desde el inicio de 2017. Éste fue el caso reciente provocado por los cambios estatutarios ejecutados en el PRI, a fin de establecer una alianza formal para un gobierno de coalición y lanzar un candidato presidencial “externo”.
En la misma situación se hallan el PAN y el PRD, cuyo proyecto de alianza ha producido inestabilidad interna en sus respectivas filas, mientras el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se mantiene en constante choque con todos estos partidos al captar cuadros importantes y militantes que desertan de sus filas, principalmente del PRD.
Panismo
En el PAN, el causante de la discordia es el dirigente nacional del partido, Ricardo Anaya, quien al mismo tiempo se promueve como aspirante a la candidatura presidencial por vía del impulso del llamado “frente amplio democrático u opositor”, a partir de la alianza política que tienen con el PRD, cuya finalidad última es postular un candidato común a la Presidencia en 2018.
Para no pocos panistas que critican esta actitud de Anaya, el Frente Amplio Progresista (FAP) no es más que una forma de fabricarse “un traje a la medida” para su beneficio aprovechándose de la dirección nacional de su partido.
El 16 de agosto, el senador panista Roberto Gil Zuarth se reunió con gobernadores de su partido para analizar esta situación y afirmó que el proyecto de Anaya es un camino equivocado para el PAN, porque “comprará muy cara la alianza con el PRD, un partido que se encuentra en crisis”.
A su vez, el exgobernador panista de Puebla, Rafael Moreno Valle, aspirante que apoya la alianza con el PRD, ha señalado que si el PAN va solo, no tendrá oportunidad de ganar, y si lo hace, sería por un mínimo margen de votos, que le impediría gobernar adecuadamente el país. Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, quien también se ha propuesto como aspirante a la candidatura presidencial y suscribe una opción aliancista, cuestiona sin embargo el formato propuesto por Anaya.
El perredismo
En el PRD parece ahondarse la crisis. Continúa la sangría de cuadros relevantes y militantes inconformes con la alianza PRD-PAN impulsada por la dirigencia nacional que encabeza Alejandra Barrales, de la corriente dominante Nueva Izquierda (NI) dirigida por Jesús Ortega y Jesús Zambrano Los Chuchos. El receptor de los perredistas inconformes ha sido principalmente Morena.
El 16 de agosto pasado, esa organización, encabezada por López Obrador, anunció que 10 diputados federales perredistas se habían sumado a este partido. Hace algunas semanas hicieron lo mismo una decena de senadores perredistas, encabezados por Miguel Barbosa.
El pasado siete de agosto, otros cuadros relevantes del PRD se sumaron y declararon su apoyo a Andrés Manuel López Obrador; tal es el caso de los exsenadores Pablo Gómez y Carlos Sotelo, el actual legislador Raúl Morón y el expresidente del partido y exgobernador michoacano, Leonel Godoy. “Con el FAP, el PRD y el PAN están buscando nuevos estilos de hacer política para garantizar que se mantenga el mismo régimen”, afirmó Sotelo.
El lopezobradorismo
El pasado 28 de julio, López Obrador dejó en claro que Morena participará sin alianzas partidistas en los comicios de 2018. No obstante, anunció que el tres de septiembre se formalizará un Acuerdo Nacional de Unidad en el que participarán en lo individual militantes de cualquier partido político, cuadros relevantes como legisladores, así como organizaciones civiles y políticas de diversas entidades del país.
El priismo
El PRI dio un aparente golpe de timón el 11 de agosto, cuando en su reciente XXII Asamblea Nacional se modificaron sus documentos básicos.
El artículo 166 pasó a ser el 181, en cuya nueva redacción se asienta que podrá postular “candidatos externos” y formalizó que esto podría ocurrir mediante una coalición con otros partidos. También se dio el visto bueno para que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) sea quien establezca la posición del partido sobre eventuales proyectos de gobiernos de coalición.
También se quitó el candado legal de un mínimo de 10 años de militancia a los aspirantes a la candidatura presidencial. Al mismo tiempo se ratificó que el candidato a esta posición estará obligado a presentar su declaración “3de3”, es decir, que deberá dar a conocer sus ingresos, su patrimonio individual y sus relaciones con empresas y asociaciones mercantiles susceptibles de conflictos de interés, así como probar que no es una persona agresiva con las mujeres.
Se rechazó efectuar una consulta directa a las bases para la nominación del candidato presidencial, como lo propuso la exdirigente nacional y exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega.
También se modificó el artículo 212 de los Estatutos para establecer que los diputados y senadores priistas bajo el principio de representación proporcional, no podrán ocupar el mismo cargo en periodos consecutivos.
Además, cuando un militante de otro partido con un cargo público quiera ser candidato por el PRI, deberá dejar su puesto al menos a la mitad de su gestión. Los líderes y servidores públicos priistas que asuman actitudes soberbias, prepotentes y discriminatorias, serán amonestados públicamente.
El dirigente nacional priista Enrique Ochoa reconoció el 14 de agosto que el enemigo a vencer en 2018 es López Obrador.
