Por: René Díaz
La región Tula-Tepeji, ubicada en el sur del estado de Hidalgo, está considerada una de las más contaminadas del mundo porque sus 60 mil habitantes padecen cotidianamente el acecho de las aguas negras que provienen del Valle de México, el polvo de las industrias cementeras y caleras asentadas en esa zona y los gases tóxicos y metales pesados que emite la refinería Miguel Hidalgo de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Este embate monstruoso, dice Marco Antonio Moreno Gaytán, dirigente de la Sociedad Ecologista Hidalguense (Sehi), debería verter en una declaratoria de desastre ambiental para evitar múltiples enfermedades en las miles de familias de 10 municipios hidalguenses, pero los tres niveles de gobierno se han desentendido absolutamente de este problema vital
“Imagínate respirar por minutos los polvos que se trituran de las piedras de las que sacan el cemento y la cal; estar en contacto diario con aguas residuales de 115 empresas de diversos giros y de los desagües de los hogares de 20 millones de personas Del Valle de México, y respirar dióxido de carbono, mercurio, cianuro, níquel y plomo, que despide a todas horas la refinería Miguel Hidalgo”, dice Moreno Gaytán.
“Pues este es el ambiente en el que viven día tras día miles de familias hidalguenses de Tula, Tepeji, Atotonilco de Tula, Tlaxcoapan, Atitalaquia, Tlahuelilpan, Tezontepec de Aldama, Ajacuba, Tepetitlán y Tetepango, porque las autoridades no han asumido que esta región del estado Hidalgo enfrenta un desastre ambiental del mayor nivel de riesgo, enfatizó el ecologista.
De entre las cuatro mil 500 comunidades que Hidalgo tiene en sus 84 municipios, hay dos que donde los problemas de salud son mucho mayores que en el resto. Se trata de El Refugio y Loma Bonita, ambas pertenecientes a Atotonilco de Tula, el municipio con el deterioro ambiental más grave en la zona sur del estado.
En Atotonilco la población convive con las empresas Fortaleza (cementera) y Cal Bertrán (calera), señaladas por la población como la fuente de las enfermedades que padecen los vecinos, y también por daños ambientales e incluso patrimoniales que se reportan en el municipio.
Marco Antonio Rico, líder de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), mantiene una demanda por daño ambiental contra ambas compañías ante la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) porque las responsabilizarde los problemas de salud que afectan a la mayoría de los habitantes de Atotonilco de Tula.
Moreno Gaytán, en apoyo a la demanda de la Coduc, afirma que este municipio, que tiene una población de 31 mil 150 habitantes, de los cuales nueve mil –más de una tercera parte– padecen enfermedades respiratorias propiciadas por los polvos residuales generados por las dos fábricas.
La Secretaría de Salud de Hidalgo no ha realizado ninguna investigación que relacione las enfermedades con la actividad industrial. Sin embargo, precisa Moreno Gaytán, se logró que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofeprish), iniciara hace 20 días un estudio para determinar si existe algún vínculo.
Hasta ahora se desconoce el diagnóstico de esta oficina, pero los vecinos y los ecologistas consideran esta investigación como un avance. El estudio ecológico y médico más reciente fue realizado por la Secretaría de Salud en el periodo 2000-2006, a petición del entonces alcalde de Tezontepec de Aldama, el perredista Luciano Cornejo.
El resultado, en el caso de Atotonilco, fue la detección de diversos casos de cáncer; los de mayor incidencia son el de estómago, esófago, hígado y riñón. El diagnóstico nunca se hizo público y a 11 años de la investigación las autoridades siguen sin tomar medida alguna para prevenir las consecuencias sanitarias de esas actividades industriales.
Atotonilco se encuentra en los límites con el Estado de México y el impacto ambiental de los desechos industriales de las cementeras, caleras y de la refinería de Pemex puede advertirse a simple vista: la atmósfera está siempre gris, los árboles lucen apagados y triste y las calles están cubiertas de polvo verde-gris y blanco.
De la abundancia cementera a los daños
Genaro Estrada es vecino de la comunidad de El Refugio. En su rostro se percibe cansancio y tristeza, aunque no claudicación; todos los días libra una batalla contra el cáncer, enfermedad que ya le arrebató a dos miembros de su familia y ahora amenaza con quitarle a un tercero.
Primero fue su padre, quien debió luchar varios años con remedios caseros y en hospitales para intentar superar un cáncer de próstata.
Su familia apenas se recuperaba de esta pérdida cuando se enfermó su esposa, quien murió de cáncer en las vías respiratorias, aunque nadie puede aclararle si tal problema médico devino de la contaminación; el cáncer ataca de forma sistemática a los tulenses, se presenta en todas sus variantes.
“¿Ustedes tienen una idea de lo que es perder a las personas que más quieres por esta enfermedad?”, pregunta Genaro, consciente de que este padecimiento está atacando a muchos de sus vecinos, pues sabe que en los últimos seis años fallecieron al menos unas 25 personas en su comunidad.
Por ello él, al igual que la mayoría de El Refugio, está reclamando la presencia de las autoridades para que les expliquen qué es lo que está pasando, pues sospechan que tal incidencia no puede ser obra de la causalidad.
La tragedia, sin embargo, ha tocado nuevamente la puerta de la casa de Genaro y hace poco tiempo a un nieto suyo de apenas dos años de edad le tuvieron que extirpar uno de sus ojitos, afectado por el cáncer, a fin de que la enfermedad no se propagara.
En El Refugio la mayoría de las familias tienen historias trágicas. Andrés Estrada, pariente de Genaro, padece también cáncer. “Yo tengo el problema en la piel, y aparentemente está controlado, pero nunca se sabe bien, porque dicen que deben pasar hasta cinco años para saber si regresa”, comenta Andrés.
Mientras tanto, la enfermedad le ha quitado todos sus bienes; ha tenido que vender sus pertenencias para comprar medicinas y pagar tratamientos, ya que jamás ha recibido atención sanitaria ni apoyo económico del gobierno.
Los habitantes presumen que la planta cementera podría ser la causa de sus problemas médicos, pues saben que dentro del proceso industrial de esta utilizan como combustibles neumáticos y coque, un derivado del petróleo que ocasiona emisiones de gases muy contaminantes.
Cuando los habitantes de El Refugio han acudido a la planta para exponer sus quejas, los directivos de esta empresa han propuesto dos alternativas: el soborno mediante la entrega de bultos de cemento, para que se apacigüen o la amenaza de retirarles el trabajo a sus familiares si persisten en sus denuncias.
“La verdad es que ninguna autoridad nos dice qué hacer en estos casos y la gente, entonces, se deja convencer con unos bultos de cemento y se calla. Nosotros lo que pedimos es que nos digan cómo está la situación, pero los directivos se niegan”, dice uno de los vecinos.
Surgen más grupos de protesta
Las industrias argumentan que están utilizando tecnología verde, “amigable con el medio ambiente”, pero Moreno Gaytán asegura que eso es una mentira, porque no existe aún tecnología cien por ciento limpia.
El ecologista afirma que, en efecto, hay reconversiones tecnológicas que pueden disminuir el grado de contaminación, pero siempre hay daños al medio ambiente.
Al respecto, el Frente de Comunidades contra la Incineración (FCI), dice categóricamente que la región no aguanta más contaminación de ningún tipo y desmiente que la tecnología de punta no contamine, en particular la aplicada en la industria cementera, que en esa región de Hidalgo y El Estado de México genera más del 40 por ciento de la producción nacional de cemento.
La industria cementera está considerada como una de las más depredadoras, porque además de la emisión de polvos residuales, en sus procesos de incineración industrial utiliza residuos peligrosos como llantas de automóviles, plaguicidas, medicinas caducas y, entre otros, aceites.
La incineración de este tipo de productos está prohibida, razón por la que el FCI interpuso una demanda de investigación en la Profepa a fin de que esta compruebe si la alarmante incidencia de casos de cáncer en la región se debe a estas prácticas industriales.
Las organizaciones ecologistas exigen que las citadas industrias cumplan con las normatividades ambientales y sanitarias y reparen los daños que presumiblemente están causando en las comunidades.
Moreno Gaytán está consciente de que no puede pedirse la desaparición de estas empresas, ya que ello equivaldría a “matar” el empleo en la región, pero es indispensable que éstas cumplan con las normas ecológicas para no matar a la gente.
“No podemos negar que las empresas son importantes y generan desarrollo y fuentes de empleo, pero lo que sí debe exigirse es que cumplan con la ley. La demanda de la población es una sola: que se haga una investigación y que sobre los resultados de ésta se tomen las decisiones necesarias”, apuntó.
Por su parte, la delegada de la Profepa en la entidad, Emilse Miranda, acepta que la industria cementera es un “foco rojo” contra el medio ambiente del estado de Hidalgo y que a la fecha el Gobierno Federal está analizando la toma de varias acciones que mejoren las condiciones ambientales en esa región.
Sin embargo, la Conduc, precisa Rico Mercado, su dirigente, denuncia que la Profepa ha incumplido con sus deberes de protección al ambiente al tolerar las prácticas contaminantes de la mayoría de las empresas que operan en la región Tula-Tepeji.
Tipos de contaminantes
De acuerdo con un estudio de las emisiones contaminantes en 2011 que realizó la Secretaría del Medio Ambiente en Hidalgo, encabezada por Benjamín Rico, los municipios con los mayores índices de contaminación son Tula y Atotonilco de Tula, los cuales requieren de la implementación de acciones contundentes para reducir el consumo de combustibles contaminantes y sustituirlos con combustibles limpios.
La investigación reveló además que las empresas industriales no cuentan con los equipos de trabajo adecuados para regular sus actividades dentro de un marco normativo ambiental idóneo y evidenciaron inconsistencias a la hora de proveer información estadística de sus emisiones.
Sobre las fuentes de contaminación permanentes en otras áreas, la investigación detectó que la industria federal o estatal, no incluyendo la refinería de Pemex, hace aportaciones por vía de fuentes móviles como autos y maquinaria agrícola, y a través de las actividades agropecuarias mediante solventes, residuos, fertilizantes y plaguicidas.
En la entidad, el monóxido de carbono (CO) registró mayor presencia con 359 mil 469 toneladas (ton) anuales; el dióxido de azufre (SO) ocupó el segundo puesto, con 217 mil 228 ton; la cal y el cemento generaron 719.36 ton de SO, 427.14 de CO y mil 459 de óxido de nitrógeno (NO).
Atotonilco tuvo un registro anual de mil 213 toneladas de SO, cuatro mil 352 ton de CO y cuatro mil 716 ton de NO. El municipio con menor concentración de contaminantes en Hidalgo fue Pacula con una ton de SO, 800 de CO y 99 de NO.
En Tula, las industrias termoeléctricas y las refinerías producen anualmente 217 mil 228 ton de SO, derivado del consumo de combustibles con azufre que convierte en lluvia ácida y ocupa el primer lugar como contaminante.
La industria calera produjo 89 mil toneladas de NO, El mayor impacto de de estas sustancias recayó sobre sobre Tula y Atotonilco.
Las partículas más perjudiciales para la salud son las que tienen 10 micrones de diámetro, o menos, ya que se alojan en los pulmones, por lo que la exposición crónica genera riesgo de desarrollar cardiopatías, neumopatías y cáncer de pulmón, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La contaminación con partículas tiene efectos sanitarios aun cuando las concentraciones sean bajas; de hecho, no se ha podido identificar ningún umbral por debajo del cual no se hayan observado daños para la salud. Por esta razón, la OMS recomienda los niveles más bajos posibles de este tipo de concentraciones.
