Reportaje especial: Trinidad González
Uno de los sectores más afectados en la población de México es el campesinado y en el Estado de México, en los recientes semanas se ha gestado un movimiento porque el gobierno que encabeza el actual gobernador, Alfredo del Mazo, no ha querido apoyar con fertilizante e insumos a más de 80 mil campesinos; la nula atención y el completo abandono por parte del gobierno mexiquense ha generado inconformidad social y una serie de protestas, una de ellas será el próximo jueves 22 de febrero donde 70 mil mexiquenses realizarán una marcha en Toluca, protesta que demandará intervención del gobernador para que se atiendan demandas de apoyo al campo, así como otras demandas en materia educada y de vivienda.
En México los campesinos enfrentan una severa crisis de sobrevivencia laboral e incluso existencial porque carecen de créditos oportunos, ya que los programas de apoyo gubernamentales son casi inaccesibles debido a las trabas burocráticas y porque frecuentemente el mercado les ofrece precios con los que ni siquiera pueden recuperar sus inversiones.
“Solo algunos logran sobrevivir a cada temporada de cosecha. Nuestro problema radica en que el campo está abandonado por las autoridades y los fondos disponibles están sepultados por la montaña de requisitos que solicitan las autoridades federales y estatales”, dijo en entrevista Marcelo Rodríguez Portillo, campesino de la delegación Tlalama, del municipio de Ecatzingo, ubicado en la región de los Volcanes del Estado de México.
Don Marcelo, pequeño productor agropecuario, tiene el perfil socioeconómico del campesino mayoritario del país, que cada temporada debe hacerse cargo de sus proyectos productivos porque no cubre las reglas de operación exigidas por los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), ni las de su propio estado.
Es decir, para dedicarse a la agricultura debe gastar sus ahorros, si los tiene; pedir dinero prestado a familiares o a usureros para, en el caso de no contar con terreno propio, arrendar un lote a otro campesino; roturar la tierra, comprar semillas modificadas, fertilizantes y otros insumos; pagar jornaleros y esperar a que la cosecha se dé bien y pueda recuperar al menos sus inversiones.
“El resultado siempre será incierto, pero uno no pierde la esperanza de obtener algo”, insiste don Marcelo, quien sin proponérselo da voz a millones de campesinos mexicanos que cada año pasan por los mismos trabajos, la misma situación de incertidumbre y también, por supuesto, por la misma ilusión de que ahora sí lograrán una buena cosecha y buenos precios.
En México, de acuerdo con información oficial, hay en explotación agrícola más 100 mil hectáreas por cuenta de 32 mil unidades productivas, entre ejidos, empresas agrícolas y pequeños productores que en muchos casos apenas siembran media hectárea o una hectárea en promedio.
En conjunto, estas unidades integran un sector muy importante para la producción de alimentos en México. Pese a este hecho, el 60 por ciento de estos productores agrícolas trabajan sin certeza jurídica porque la tierra que trabajan no es propia y este inconveniente los limita en la búsqueda de apoyos crediticios, toda vez que los requisitos solicitados por los gobiernos federal y estatales impiden liberar los presupuestos asignados a los programas agropecuarios.
En la investigación La participación del Estado en el desarrollo agrario, realizada por el Seminario Nacional Permanente y publicada en noviembre del año pasado, se informa que son 25 millones de campesinos quienes hacen producir el agro nacional y que gracias a estos productores se alimentan millones de familias mexicanas.
Pese a la importancia estratégica que la aportación productiva tiene para el país, en el IV Informe de labores del presidente Enrique Peña Nieto, la Sagarpa reveló que únicamente 275 de las dos mil solicitudes de apoyo al campo fueron aprobadas en 2016 porque la mayoría de las desechadas no aportaron la documentación “completa cuantitativa” exigida.
Es decir, el propio Gobierno Federal reconoce que las “reglas de operación” de sus programas de apoyo al campo están elaboradas para excluir a los campesinos que más producen alimentos en México.
“No sacamos ni lo que invertimos”
Pero volvamos a don Marcelo Rodríguez Portillo, a fin de cobrar una visión más detallada de las múltiples vicisitudes y problemas que el campesino pobre del país enfrenta para sobrevivir a su soledad y marginalidad, además de la indolencia de los funcionarios públicos.
Don Marcelo habitualmente siembra jitomate y chile en media hectárea de terreno, con cuyas cosechas apenas puede mantenerse porque, enfatiza, el “campo se complica cada vez más” y en cada temporada se requieren más recursos financieros que debe conseguir mediante préstamos familiares.
En la cosecha de jitomate de la temporada anterior (2017) no le fue bien, ya que el precio de una reja de 20 kilogramos apenas costaba 60 pesos en la central de Cuautla, Morelos; es decir a tres pesos por kilo, razón por la que dejó el producto en la parcela a fin de que se pudiera en el terreno.
Con lo que se apoyó un poco ante el fracaso que su producto tuvo en el mercado, fue con la venta de chile, que vendió a ocho pesos el kilogramo, precio que sin embargo fue inferior al de otros años, según pudo recordar.
“Ya no es rentable la producción de jitomate; no sacamos ni lo que invertimos. Esta temporada fue crítica, ahí la vamos librando con lo poco que sembramos de maíz y frijol, eso es lo que nos ayuda un poco para sobrevivir. Pero para tener dinero, ahora no vendimos nada; ahí está, se quedó el jitomate”, comentó el pequeño productor.
Pero el caso de don Marcelo no es el único. En toda la región de los Volcanes, los campesinos enfrentan el mismo problema, pues tienen poca tierra o no son propietarios de las parcelas y se ven obligados a rentarlas, con lo que no pueden acceder a los apoyos gubernamentales destinados al campo.
El arrendamiento de parcelas en la región cuesta 15 mil pesos por hectárea durante una temporada. Don Marcelo pagó siete mil 500 por la renta de media hectárea, que es la tierra en donde sembró jitomate.
Cuando intentó buscar en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) del Estado de México para que le dieran apoyo para adquirir semilla mejorada, así como nylon para “acolchado” de la planta y fertilizante, no obtuvo nada porque la dependencia dijo que dichos respaldos son para propietarios de terrenos.
En la misma situación se encontraron decenas de campesinos que rentan tierras para sembrar en la región de los Volcanes pues la Sedagro, al igual que Sagarpa, piden muchos requisitos para que solo en algunos casos les entreguen un bulto de fertilizante.
En otras ocasiones, los solicitantes tienen que destinar un porcentaje de sus recursos para conseguir esos apoyos, pero en la mayoría de los casos los trámites son tan engorrosos que cuando terminan, la temporada de siembra ha pasado y ya no requieren de los mismos.
Sin esperanzas en el campo
La familia de don Marcelo, sus hermanos y tíos son algunos de los campesinos que se aferran al trabajo de la tierra, ya que muchos de sus vecinos han abandonado la esperanza de acertarle a una “buena cosecha” después de perder año con año su trabajo y su inversión.
En la región, básicamente de temporal, los campesinos de diversos municipios del Estado de México y Morelos se dedican a la agricultura –específicamente en el cultivo de jitomate, chile, maíz y frijol– en predios propios y ejidos, pero la mayoría son pequeños propietarios que no llegan a la hectárea de terreno.
Dice don Marcelo que para cultivar jitomate se necesita dinero. Para preparar la tierra tiene que comprar abono orgánico; su costo depende de la demanda, pero en promedio, una camioneta mediana cuesta entre cuatro mil y cinco mil pesos.
También tiene que comprar rollos de un plástico especial para “acolchar” (cubrir) los surcos a fin de que la planta conserve la humedad y se proteja de plagas. El rollo de este nylon, aún subsidiado, cuesta mil 600 pesos.
La semilla de jitomate se compra en sobres. Para sembrar media hectárea compró 25 charolas de tres mil semillas, con un costo total de cuatro mil 800 pesos. En México, las únicas empresas distribuidoras de semillas son la Harris Moran y la Seminis.
La Seminis tiene presencia en decenas de países y pertenece a la trasnacional Monsanto, empresa agrícola que vende semillas genéticamente modificadas y agroquímicos. Harris Moran, es otra trasnacional que se dedica a la venta de todo tipo de semillas modificadas y es proveedora de híbridos de diversas hortalizas.
Esta corporación incluso se promueve publicitariamente como una empresa “especializada en la producción de semillas diseñadas con el fin de obtener mayores rendimientos con menor uso de químicos y mayor vida en anaqueles sabor y calidad”.
Pero eso no es cierto, la experiencia les ha enseñado a don Marcelo y a sus vecinos que es necesario invertir en fertilizantes y agroquímicos para mejorar la cosecha, de lo contrario la planta produce poco; para ello tienen que comprar agroquímicos y fertilizantes caros, cuyos precios dependen de la fluctuación del dólar, ya que son importados de Israel y Rusia.
Después de todos los gastos anteriores, don Marcelo tiene que destinar más dinero para la recolección del producto y empacarlo. Dependiendo del tamaño del terreno, contratan a trabajadores de la región, o provenientes de Oaxaca y Guerrero, quienes cobran entre 300 y 350 pesos por jornales de mediodía.
A los empacadores les pagan 10 pesos por caja, además de la compra de la reja de manera, que tiene un costo de 15 o 16 pesos. Finalmente hay que hacer una última inversión para transportar el producto al mercado donde suele ocurrir que el precio del producto no alcanzaba a cubrir la inversión, como iba a pasarle el año anterior, cuando el kilogramo valía solo tres pesos.
En las dos temporadas pasadas, a la familia Rodríguez Portillo le fue mal, igual que a todos los campesinos de la región. En la temporada 2015-2016 pudieron recuperar parte de sus inversiones, ya que hubo buenas lluvias y el precio del kilogramo de jitomate fue bueno.
La falta de apoyos a la producción en el campo está obligando a miles de jóvenes a emigrar, principalmente a Estados Unidos; entre los problemas más importantes que enfrenta el campesino está el de los precios, pues en la mayoría de los casos éstos no hacen redituable la inversión ni el trabajo.
“El problema son los precios, porque no sabemos en cuanto andarán. Muchas veces ya no se recupera todo lo que se invierte; en el caso del jitomate, si está bajo el precio, mejor se queda, no sale. Todavía el maíz y el frijol lo guardamos y de eso vivimos. El campo ya no vemos que sea negocio, los apoyos se los dan a los grandes ejidatarios, a las empresas que cultivan en invernaderos; pero a nosotros, a los pequeños productores, nada”, enfatiza.
Sin embargo, don Marcelo dice que seguirá trabajando en el campo porque de éste vive su familia, integrada por ocho personas. “Si no se puede con el jitomate, será el maíz y el frijol, lo básico para sobrevivir”, asegura.
