- Analizan especialistas la reconstrucción con base en una visión metropolitana y de resiliencia de la urbe
Sin una regulación efectiva sobre los usos de suelo, las alturas de los edificios o el control de densidad de la Ciudad de México se dificulta la implementación de un plan efectivo de reconstrucción, sobre todo cuando se trata de un asunto derivado de la emergencia que ocasionó el sismo del pasado 19 de septiembre, señaló la licenciada Mónica Rivas Bazán.
La egresada en Diseño de los Asentamientos Humanos de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) relató que la reciente aprobación de la Ley de Reconstrucción de la capital no resulta eficiente, pues está desvinculada de la planeación urbana y la participación ciudadana.
Por ejemplo, no se planteó en su proceso de promulgación una actualización al Programa General de Desarrollo Urbano, el cual desde hace poco más de 14 años sigue sin cambios en sus ejes principales, enfatizó en entrevista la especialista en temas de ordenamiento territorial, vivienda y estrategias urbanas.
Además dichos instrumentos siguen aplicándose de manera aislada, entre ellos los polígonos de actuación, que “son acciones que no corresponden a una política de ciudad, cuando deberían servir para guiarla, saber hacia dónde crecer o acentuar las zonas comerciales, sin embargo el centro del país cuenta con mayor población, con más torres y concentraciones de edificios”.
El maestro Víctor Castañeda Saldívar, egresado de la citada licenciatura, sostuvo que se requiere de un registro urbano que pudiera decantarse en un archivo histórico de las edificaciones citadinas. “Actualmente no se puede emitir ningún tipo de sanciones porque no contamos con una memoria documental de los planes constructivos, la cual sería útil para proyectar la reconstrucción de la urbe y abonaría al ejercicio de la transparencia”.
Respecto de la cancelación de la norma general de ordenación general 26 hace dos años por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda refirió que ocurrió a consecuencia del abuso que identificaron de los desarrolladores inmobiliarios, quienes se beneficiaron económicamente sin producir vivienda de interés social segura o de calidad.
Los peritos en desarrollo urbano son una figura que debería estar ocupada por egresados en “nuestro campo, pero son puestos copados por arquitectos o ingenieros”, concluyó.
