Miguel Ángel Casique Olivos
Nadie desconoce que los mentados «porros» son un problema muy antiguo, tampoco nadie desconoce que esos mismos grupos son utilizados por «políticos» de alto nivel para generar desestabilización en principales universidades de las capitales de los estados y en la misma metrópoli, principalmente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).A raíz de la agresión de la semana pasada, se han manejado muchas teorías sobre quién ha estado manejando ese grupo; para qué y con qué intención se hizo; una de ellas, que era un montaje para que se viera ineficiencia del rector y luego ser aprovechado por Morena para poner un nuevo rector, una segunda, fue para sacar el tema de que en la UNAM y sus escuelas existen la venta de drogas, choque, extorsión y delincuencia.
Para cualquiera de esas dos hipótesis se podría decir que el hecho se apagó muy rápido. Primero, el rector casi de inmediato salió a expulsar a los estudiantes que estaban inscritos en la Universidad y que fueron identificados como participantes en la agresión, esta acción del rector deja muy débil la declaración del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador cuando dice que «en el próximo Gobierno no habrá porros, grupos de choque ni espionaje», la acción de Enrique Graue fue calificada por muchos analistas como efectiva y positiva.
Segundo, se sabe desde hace mucho tiempo que uno de los que le favorecía y operaba ese esquema porril era Juan Ramón de la Fuente, quien también ha sido rector de la UNAM y Secretario de Salud en el gobierno de Ernesto Zedillo, de hecho en ese sexenio la UNAM estuvo detenida de abril de 1999 a febrero de 2000; incluso se ha manejado que el mismo Juan Ramón de la Fuente, creo la red de porros más grandes que haya existido.
También se sabe que Juan Ramón de la Fuente operó ese control con Javier Jiménez Espiriú y hoy ambos son gente cercana a López Obrador; el primero fue nombrado representante del nuevo gobierno ante la ONU y el segundo Jiménez Espiriú va a ser Secretario de Comunicación y Transportes; otro dato es que Raymundo, hijo de Espiriú, es el responsable de cuestiones digitales y redes en el gobierno que comenzará a trabajar el 1 de diciembre.
Tercero, si la agresión se hubiera generado sólo por cuestiones de narcomenudeo, tema que también es muy mencionado, no habrá que hacer grandes investigaciones para saber que esto también ha estado siempre dentro de la Universidad y que se ha protegido por los mismos jefes políticos y los mismos gobiernos de la Ciudad de México no han podido influir y hacer algo para acabar con este problema de violencia y narcomenudeo.
La verdadera intención del ataque de «porros» contra estudiantes de la UNAM aún no está clara y no es así porque su verdadera intención pudo diluirse con la acción del rector Juan Ramón de la Fuente; pero tampoco está muy clara porque no se han dado más elementos, por ejemplo, señalar que el camión llegó por el norte de la Ciudad sin dar más detalles de su verdadero origen. Así, ni el gobierno de José Ramón Amieva ni otro de los estados vecinos, como el Estado de México o Hidalgo, han dado algún otro detalle sobre si el camión salió de sus territorios.
Para ser un verdadero conflicto, con cualquier objetivo, esto se diluyó muy rápido, pues hoy ya varias escuelas reanudan labores académicas; y, si la intención fue generar desestabilización en la máxima Casa de Estudios para que actores del gobierno morenista entraran, los operadores no lo lograron en su totalidad porque la frase de que «en el próximo Gobierno no habrá porros» no tuvo mucho eco y hoy habrá una reunión con el Rector Enrique Graue y López Obrador.
Al fin y al cabo el control de los grupos de porros en la UNAM sólo puede cambiar de nombre, pero no acabar con ellos; tampoco se podrá terminar con el narcomenudeo e inseguridad que permea dentro de los planteles de la UNAM o cerca de las instituciones como en el caso de la FES Aragón; en parte por la indiferencia y muy mala acción de la policía de la Ciudad de México y otra porque los «los porros» “son parte” de la vida universitaria, -lo queramos o no-, pues han sido usados para generar conflictos o servir de cortina de humo en tiempos concretos y determinados, hoy uno de ellos.
El clímax no político…
Según datos, al terminar el proceso electoral del 1 de julio y de acuerdo a la consulta Etellek, en su informe de Violencia Política en México, julio y agosto, ya se han contabilizado 84 agresiones contra políticos de los cuales 63 han sido ataques y 21 homicidios; de esos, cuatro eran representantes y autoridades recién electas.
Los datos dicen que el 81 por ciento de las agresiones se dirigieron hacia el nivel municipal. El informe destaca que en julio pasado se registraron numerosos casos de violencia en Puebla donde surgió un conflicto post-electoral, mientras que los estados que tuvieron un aumento entre julio y agosto fueron Veracruz, Guanajuato e Hidalgo.
Y hablando de Puebla, este 10 de septiembre se cumplen 11 meses del asesinato de Manuel Hernández Pasión, líder antorchista y alcalde de Huitzilan de Serdán, quien fue masacrado junto con su escolta Juventino Torres Melquiades.
El gobierno del estado de Puebla, que encabeza José Antonio Gali Fayad, sigue protegiendo a los autores intelectuales de los homicidios, además de que estaba más que demostrado que los asesinos materiales son parientes y fueron empleados de Guillermo Lobato Toral, ex alcalde panista de Zacapoaxtla, al que la Fiscalía de Puebla ni siquiera ha interrogado.
El próximo mes se cumplirá un año de ese artero crimen político y bien haría el nuevo Fiscal de Puebla y el propio gobernador del estado, llegar a esa fecha con una carta positiva sobre la detención de los autores intelectuales de ese crimen; el Fiscal Víctor Carrancá, parece que no pudo o no quiso encontrar a los responsables intelectuales. Por lo pronto, miles de antorchistas podrían preparar algunas movilizaciones para exigir justicia a su compañero Manuel Hernández Pasión. Por el momento, querido lector, es todo.
