Miguel Ángel Casique Olivos
Apenas se cumplen 21 días de que tomó protesta el nuevo gobierno morenista y dicen algunos politólogos, que ya se siente como si fuera un sexenio o más y esto es así también se comenta porque no se ve por ningún lado que el gobierno entrante tenga un plan claro de trabajo, esto a pesar de que ya presentó el Paquete Económico de ingresos y egresos, la primera parte ya aprobada, pero la segunda aún no y se espera que a más tardar se autorice este 23 de diciembre, aunque la fecha límite sean los últimos días del mes.
Hemos visto ya varias cosas. Desde las dos falsas y manipuladas consultas para la construcción del Nuevo Aeropuerto y la Construcción del Tren Maya, hasta pedirle permiso, en un ritual a la tierra madre para que aurorizara abrir sus entrañas para la construcción del Tren; también hemos visto aparentes pleitos del gobierno federal con la IP, empresarios que al final se pusieron de acuerdo y no pasó nada; tampoco sucedió algo extraordinario con las protestas que se habían anunciando por parte de la UNAM, IPN y la UAM, el término quedó bien arregladito todo.
Periodistas que acuden a sus ruedas de prensa diariamente y que cubren los eventos del presidente López Obrador, aseguran que todo parece indicar que ese es un estilo y un plan muy bien planeados; te ataco diciendo que no tendrás prupuesto para que vengas conmigo (yo gobierno) y acordemos y nos pongamos de acuerdo; es decir, sería un gobierno que está actuando con métodos que nada tienen que ver con la democracia.
Pero si esto no fuera todo, a estas horas se discute el Presupuesto 2019 y ha provocado una serie de comentarios que nos dicen claramente que es una estrategia o un plan regresionista; y es que lo que se ve en el asistencialismo es que se está prefiriendo el apoyo (clientelista con compra prematura de votos) por ejemplo a los ninis que no es otra cosa más que expresión para hacer sentir al gobernante que tienen poder.
Como si fuera cuestión de usos y costumbres, la Cámara de Diputados está palomeando el presupuesto sin detenerse a analizar bien los rubros a los que se les reduce el presupuesto, por ejemplo al campo, a las universidades públicas o a los servicios básicos, de primer orden, para millones de familias, servicios como drenaje, pavimentación y vivienda popular.
Hoy en conferencias de prensa en todo el país, el Movimiento Antorchista anunció lo que llamó «Jornadas de lucha» para solicitar que no se recorten recursos para servicios básicos y vivienda popular; la misiva que va dirigida al licenciado Andrés Manuel López Obrador, a los Diputados Federales y a la Opinión pública, señala que si se continúa con esos recortes se va a afectar a millones de mexicanos.
Hoy y mañana 22 de diciembre, más de 50 mil mexicanos organizados Antorcha así como integrantes de diversas organizaciones sociales y miembros de gobiernos municipales, protestarán en la Cámara de Diputados para que sean presupuestadas necesidades básicas de servicios públicos y vivienda popular en el Presupuesto de Egresos 2019 toda vez que, con respecto a las cantidades destinadas en años anteriores, el Gobierno de la República que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador realizó recortes en esos rubros, que de por sí eran insuficientes.
El Presupuesto de Egresos para 2019 suma 5.8 millones de millones de pesos, dinero con el que el gobierno debería dar servicios públicos y mejorar la vivienda de los más desprotegidos, pero resulta que es ahí en donde el nuevo Gobierno ha hecho recortes millonarios dejando sin servicios básicos a millones de mexicanos pobres.
En las ruedas de prensa los líderes señalaron que CNDH dice que hay 34 millones de mexicanos sin servicios básicos; o por ejemplo el INEGI dice que hay 44 millones de mexicanos que no tienen agua diariamente en sus casas; existen 5.5 millones de casas sin drenaje, en donde habitan no menos de 20 millones de personas y un déficit en viviendas de 11 millones, que se suman a millones de casas construidas precariamente.
El reclamo que este viernes se hace en la Camára de Diputados es legal y es legítimo y demandan a la Cámara de Diputados que presupuesten recursos públicos para que las autoridades correspondientes construyan esas obras públicas y dijeron que no quieren moches ni dádivas, pero sí exigen obras y servicios.
El clímax no político…
Despidos masivos. En Puebla, Veracruz, Guanajuato, Guerrero y hasta la misma Ciudad de México, al menos, 500 empleados del Servido de Administración Tributaria (SAT), se les obligó a firmar para ser dados de baja sin indemnización.
Se comenta que en Guanajuato los encerraron y no los dejaban salir hasta que aceptaran la baja, narró una de las empleadas mientras grababa un video. “Si no firman, de todas formas los voy a cesar”, amenazaba un funcionario; todo esto fue dado a conocer por videos que los propios trabajadores difundieron a través de las redes sociales. Por el momento, querido lector, es todo.
