México requiere más y mejor seguridad, pero no debe ser por cualquier medio ni a cualquier costo, y mucho menos cuando representa la pérdida de vidas y actos injustos e ilegales, advirtió el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
En el marco del acto donde autoridades ofrecieron una disculpa pública por la muerte de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo el 19 de marzo de 2010, aseguró que dicha respuesta es una oportunidad para que autoridades concreten su compromiso con la verdad.
El ombudsman nacional subrayó que la muerte de dichos jóvenes hace nueve años es muestra de que no se puede pretender “combatir la injusticia y la ilegalidad, incurriendo en nuevos actos injustos e ilegales”.
Y es que, además de haber muerto, dichos estudiantes sufrieron de difamación al ser señalados como delincuentes, por lo que la disculpa ofrecida este martes busca restituir el honor de Javier Francisco y Jorge Antonio.
Advirtió que esta disculpa no constituye por sí misma una reparación integral del daño que causó la actuación indebida de los servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la entonces Procuraduría General de la República, y el Gobierno del Estado de Nuevo León.
“Nada compensa la pérdida de vidas, ni el dolor que como consecuencia de ello han sufrido sus familiares y amigos, pero reivindicar su nombre y que las autoridades reconozcan sus faltas es un paso necesario en el camino a la verdad y a la reparación”, subrayó.
González Pérez agregó que esta disculpa también es una oportunidad invaluable para que las autoridades hagan expreso y concreten en los hechos, su compromiso con la verdad, la justicia y la observancia de los derechos humanos.
Compromete además a adoptar una estrategia de seguridad integral, que contemple la prevención y que no se sustente en elementos reactivos basados en el uso de la fuerza.
