El Secretario de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que el movimiento de policías federales ha sido aprovechado por críticos del sistema y grupos de interés ligados a la corrupción en la corporación.
«No es casual que uno de los propios representantes solicitara que Felipe Calderón fuera su representante sindical», dijo.
«Es evidente el activismo de algunos políticos pretendiendo sacar raja de este tránsito de la Policía Federal a la Guardia».
En conferencia de prensa, señaló que uno de los líderes de los inconformes estuvo preso por secuestro.
Se trata, dijo, de Ignacio Benavente Torres, quien se asume como presidente de Pro Libertad y Derechos Humanos en América AC, organización de Tijuana.
Recordó que, de acuerdo con la Ley de la Guardia, la PF transferirá sus recursos humanos y materiales a ese nuevo cuerpo en un plazo de 18 meses.
Explicó que se prevé la creación de la Unidad de Transición, que contará con representantes en todos los centros laborales de la PF para despejar dudas.
«Podrán realizar su adscripción a otras dependencias», indicó.
«Las opciones para readscripción de los elementos que no cubran requisitos o que no tengan interés en prestar sus servicios, tendrán amplia gama de posibilidades de adscripción».Alistan denuncias por sistema de inteligenciaEl funcionario informó que realizan una auditoría y preparan denuncias por la adquisición de un sistema de inteligencia, sumamente potente y conocido como «Rafael», que se contrató en diciembre de 2015 a un sobreprecio.
«Se adquirió por 2 mil 458 millones de pesos. Un solo producto de inteligencia, a través de la partida 33701 de gasto de seguridad pública y nacional, sin asegurar las mejores condiciones del Estado, violando procedimientos establecidos de la norma», explicó.
Informó que aún hay adeudo por mil 300 millones de pesos aproximadamente.
Detalló que el 7 de febrero se presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Públics por supuestas irregularidades en la contratación y adquisición.
«Queremos informar que además de las denuncias en la Función Pública, se presentarán denuncia penal por estos hechos contra quien resulte responsable», dijo.
«Estimaciones diversas hablan de un sobreopecio o que dividiría entre cuatro el valor real de este producto en el mercado».
