Miguel Ángel Casique Olivos
El gobierno morenista de Andrés López Obrador (AMLO)se ha mostrado ineficiente e incapaz de ejercer políticas económicas y públicas que resuelvan los problemas del país y que hagan creer a los mexicanos en su frase: “Primero los pobres”, realmente los empobrece más; y no duda en violar la Constitución y exhibirse, a medida que avanza el sexenio, como un régimen antidemocrático, antipopular y represivo.
Este lunes, a pesar de las fuertes críticas desde diversos sectores y de las muestras de inconformidad de los diputados del PRI, en el Congreso tabasqueño, los diputados morenistas y algunos del PRD, aprobaron las modificaciones al Artículo 308º bis de la Constitución local, dando así luz verde a la “Ley Garrote”, que pretende criminalizar la protesta ciudadana.
Con este paso negativo y amenazante contra la libertad de los mexicanos, los legisladores morenistas determinaron castigar con prisión de seis a 13 años a quien extorsione, coaccione, intente imponer o imponga cuotas o impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar, para la realización o ejecución de trabajo y obra pública o privada en las vías o medios de comunicación de jurisdicción local. Además, acordaron que la pena se incrementará en 50 por ciento, mientras que “en la comisión del delito, el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad y se emplee violencia”.
En México, desde hace mucho tiempo, o en algún sexenio reciente, ningún Gobierno Federal se había atrevido a tanto y en tan corto tiempo; por esa razón, ya hay multitudes que refieren, sin ninguna duda o temor a equivocarse, que el “país estaba mejor cuando estaba peor”. Lo que AMLO pretende con esta modificación a las leyes locales resulta muy grave, atenta contra la Carta Magna y contra derechos humanos fundamentales; con esta acción, el gobierno morenista se quita por completo la máscara de cordero y exhibe su naturaleza lobuna, represora y amenazante.
La llamada “Ley Garrote” promovida por el partido del Presidente, viola el Artículo 9º de nuestra Carta Magna que a la letra dice: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito… No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”.
Si recordamos la trayectoria política de AMLO, marcada por manifestaciones y plantones, esta iniciativa resulta incongruente, por decir lo menos; ¿todos los años previos a su conquista del poder estuvo engañando y manipulando a los mexicanos?; está documentado que AMLO participó en al menos dos grandes bloqueos a Pemex: uno después de perder las elecciones en 1994 y otro para “exigir” indemnizaciones a campesinos afectados por la petrolera en 1996.
Los mexicanos no olvidan aún el plantón que en 2006 cerró durante 48 días la avenida Reforma tras perder la Presidencia. “Les propongo que nos quedemos aquí, (en la avenida más importante de la Ciudad de México); en asamblea permanente, que permanezcamos aquí, día y noche”.
La reforma de hoy, orquestada por AMLO, es la antesala para criminalizar cualquier manifestación y se usará para amedrentar a cualquier ciudadano que proteste, aunque tenga razones justificadas y de sobra para hacerlo; se usará como pretexto para conculcar el derecho a manifestarse contra el gobierno morenista actual.
No hay duda: la “Ley Garrote” es un traje a la medida para el gobierno morenista; y es una medida represiva que intentará implementar en otras entidades, como Chiapas, Hidalgo y el Estado de México, para impedir que sus opositores, entre los que se encuentran las organizaciones sociales verdaderas, se manifiesten contra políticas erróneas y decisiones que afectan la vida de 130 millones de mexicanos.
El fracaso del gobierno de AMLO es inminente; y los mexicanos que le dieron su voto pronto reconocerán que eligieron a un gobierno antidemocrático, antipopular y represor; un régimen al que nada le importan los pobres, un gobierno que se siente acorralado y amenazado por las libertades elementales de todo mexicano y ahora la “Ley Garrote” pretende eliminar.
La inconformidad social se incrementa a cada paso; si los descuidos aumentan, las protestas subirán de tono y el único culpable será el Gobierno Federal, que en su soberbia desdeña al mismo pueblo que lo llevó al poder esperando un cambio que no llegará.
Pero la protesta pública seguirá siendo la única vía de frenar los anhelos tiránicos de AMLO, que hoy se han comenzado a plasmar en las leyes. Por el momento, querido lector, es todo.
