Un litigio climático en México: el caso de Greenpeace

Mientras que varios incendios consumen una parte de los pulmones de la Tierra, reduciendo todavía más el escaso margen que tenemos para asegurarle a las futuras generaciones un planeta viable, y mientras la joven Greta ha cruzado el océano para difundir las exigencias de una generación que nos representa a todo mundo, algunas organizaciones en nuestro país le han recordado al gobierno que debería de comprometerse con acciones para enfrentar la crisis climática actual.
Este grupo de organizaciones ha advertido que México no está en vías de cumplir las metas de reducción de gases de efecto invernadero acorde a los compromisos internacionales pactados. Su reunión con integrantes del Senado de la República ojalá que rinda frutos, pero en lo que eso sucede, la atención tendrá que ponerse en la otra Cámara de representantes populares, al menos por un tema mucho más elemental como lo es el de destinar recursos públicos en torno al cambio climático.
En este espacio ya se había mencionado que entre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y el de 2019, se disminuyeron los recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, de 61 mil 457 millones 819 mil 955 pesos a 39 mil 125 millones 536 mil 166 pesos. Es decir casi en una tercera parte. Frente a ello Greenpeace México inició un juicio de amparo para cuestionar que no resulta constitucional recortar esos recursos, si de verdad se quiere proteger a las personas y a su derecho a un medio ambiente sano de una manera progresiva.
Contrario a la tendencia mostrada en últimas fechas por el Poder Judicial federal, el juzgado de amparo que conoció en primera instancia de este asunto evadió un pronunciamiento de fondo, poniendo de pretexto que una determinación sobre la constitucionalidad de la reducción presupuestaria en materia de cambio climático no es viable, toda vez que no se tiene interés suficiente para accionar la demanda, ni eventualmente puede dictarse una sentencia favorable, dado que hacerlo sobrepasaría los efectos particulares de la protección que es posible en este juicio.
Es peculiar que el juzgado de este caso ignorara que los más recientes criterios dictados por nuestra Suprema Corte de Justicia claramente enseñan que el juicio de amparo se puede utilizar por organizaciones defensoras de derechos humanos para salvaguardar intereses colectivos, como los relativos al cambio climático que nos atañe a todas las personas; y también en los que se han matizado los efectos individualistas de las sentencias de amparo, precisamente para mejorar el nivel de garantía de las vertientes sociales de nuestros derechos. Que los juzgados un día estén a la vanguardia ofreciendo medidas cautelares para frenar aeropuertos y otro día se retraigan en la ortodoxia del amparo, la verdad, da mucho que pensar.