Si además de pertenecer a un pueblo originario se es adulto mayor con algún tipo de discapacidad física o mental, el ejercicio pleno de los derechos fundamentales se da en un contexto de absoluta desigualdad, debido a que las políticas públicas enfocadas a este sector son un tema olvidado por gobiernos, medios y academia, aseguraron los investigadores Roxana Muñoz Hernández y Rodrigo Pimienta Lastra.
Durante el XXIII Congreso de Investigación del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), los docentes sostuvieron que para 2050 los mexicanos de 60 años sumarán unos 30 millones, por lo que su panorama actual y futuro, sobre todo en el medio rural e indígena, exige a las autoridades actualizar y dinamizar sus perspectivas de gestión.
En el caso de los adultos mayores, sólo 23 por ciento de las mujeres y 40 por ciento de los varones tiene acceso a una pensión contributiva, pero lo más grave es que 26 por ciento de ese sector carece de pensión contributiva o soporte de programas sociales, ya que para todos ellos el único apoyo económico federal asciende a mil 275 pesos mensuales, señalaron durante la mesa Bienestar, realizada en la Rectoría General de la UAM.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 está establecido el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, que consta de una aportación de dos mil 250 pesos bimestrales, con la cual sólo alcanzan a cubrir diez por ciento de los insumos –medicamentos y sillas de ruedas, entre otros– que requieren, por lo que debieran incluirlas en los programas federales de acceso a la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y la justicia, lo que significaría un viraje hacia el fortalecimiento de las políticas públicas, dijo la doctora Muñoz Hernández.
Los problemas de los indígenas no son solamente los bajos salarios, sino también la educación, ya que en promedio cuentan con cero a seis años de primaria y la mayor parte gana menos de un salario mínimo al día, es decir se trata de una comunidad de alta marginación.
La investigadora sostuvo que de acuerdo con la doctora Sandra Huenchuan Navarro, especialista en el tema de envejecimiento en el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, hay tres componentes de las políticas públicas: una base institucional, un sustento legal e intervenciones concretas, entre ellas planes, programas y proyectos.
