Por: Dimas Romero, Columna Invitada.- Desde hace varios años, los antorchistas de Oaxaca, hemos sido víctimas de las calumnias de estos supuestos defensores de los Derechos Humanos, que nos acusan de “paramilitares” y de ser el “brazo armado del PRI”. Pero desde que el presidente de la República se lanzó al ruedo de las calumnias, contra las organizaciones, y en concreto del antorchismo nacional, los dueños de estos membretes, han arreciado sus ataques, uniéndose al mandatario en esa carrera por ver quien lanza más lodo sobre nosotros, sin molestarse en presentar ninguna prueba.
Durante varios días en la semana pasada, estos “pacíficos defensores de los indígenas”, alternativamente tomaron la caseta de Huitzo, instalaron un plantón en palacio de gobierno y bloquearon importantes arterias de la ciudad, armados de palos y machetes, agrediendo a peatones y automovilistas. ¿La argucia? Acusar a Antorcha, así, de bulto, de haber expulsado a una persona del sexo femenino, de la comunidad Guadalupe Nuevo Tenochtitlán en Putla, por lo que exigían al gobierno del estado que deje de “protegernos y aplique la ley”. ¿La razón? necesitaban el show mediático para mostrar a López Obrador, de visita el pasado fin de semana en Oaxaca, su “tenaz lucha” contra los antorchistas y desquiciar al gobierno en el contexto de la contingencia sanitaria, para sacar ventaja política. Siempre habíamos pedido que se demuestren las acusaciones en las instancias correspondientes, sin dar mayor importancia a este grupúsculo. Pero como varios medios informativos les dieron cobertura sin cuestionar siquiera la veracidad de las denuncias, y como jamás se nos ha concedido el derecho de réplica, aprovechamos el episodio para que la ciudadanía -a la luz de estas falsas acusaciones y de la obvia complacencia de Morena y del propio presidente- se convenza que Antorcha y su lucha, han sido víctimas de una campaña de desprestigio desde su nacimiento, orquestada por distintos grupos de poder en nuestra vida política, quienes ven en la organización de los pobres de nuestro país, un peligro para los intereses que defienden desde sus puestos gubernamentales.
Para efectos de probar que se está tergiversando la expulsión que realizó, no Antorcha, sino la comunidad en cuestión, acto que la ley contempla como legítimo derecho de los pueblos indígenas, el cual está basado en el Régimen de Usos y Costumbres, me veo precisado, aunque sea de manera sintetizada, a explicar la importancia y trascendencia de dicho sistema de autogobierno que tiene su origen en el Sistema de Cargos, que se denominó como Repúblicas de Indios, mezcla de formas prehispánicas de organización política, que sobrevivieron a la conquista, y del ayuntamiento español impuesto durante la Colonia. Estas repúblicas, eran un modelo político de democracia participativa, que contaba con un cabildo o consejo de ancianos, con una estructura de cargos por escalafón, religiosos o de servicios comunitarios. La posibilidad de nombrar a sus autoridades locales les permitió a las comunidades defender sus tierras comunales, principal factor de identidad, simulando aceptación del nuevo orden para mantener su autonomía e identidad cultural. Cuando esta simulación no bastaba, surgían feroces levantamientos y rebeliones. Esta situación provocó que las distintas constituciones con que hemos contado y sus respectivas reformas, hayan tenido que reconocer dos tipos de municipalidades, además del derecho de las comunidades a explotar y administrar las tierras de manera colectiva. Esta indestructible unión entre las comunidades y la propiedad de la tierra, permitió la defensa de la cultura y tradiciones indígenas, dando como resultado una organización social en la que predominan los intereses y derechos del colectivo por sobre los del individuo. Éste se debe a las disposiciones de la comunidad, si alguien no acepta responsabilidades en el Sistema de Cargos, la consecuencia inmediata es que no goce de derechos políticos. Y esta idiosincrasia, convertida en ley, es a la que nuestros internacionalistas “defensores” de los indígenas, quieren convertir en delito.
La razón por la que CODEP- CODEM nos acusa de paramilitares y brazo armado, es la expulsión de la señora Bernardina Santiago López, el 17 de agosto de 2018 de la comunidad de Guadalupe Nuevo Tenochtitlán. Al respecto exponemos lo siguiente: En acta de asamblea del 09 de agosto de la mencionada comunidad, se trató entre otros puntos, el incidente ocurrió en San pedro Siniyuvi, del mismo distrito, tres días antes, en reunión de la Coordinación de Comisariados Ejidales, de Bienes Comunales y autoridades municipales de Santa María Yucuhiti, Tlaxiaco, Oaxaca y Putla Villa Guerrero, en que éstas entregaron su pliego de demandas, a los funcionarios públicos, federal y local para el estado de Oaxaca. En dicha reunión, la señora Bernardina, sin estar facultada para ello, hizo uso del micrófono, acto en que difamó y desprestigió a los vecinos, usurpando las facultades que le otorgó la comunidad al Agente Municipal, C. Luis López Pacheco, además de que trató temas educativos sin tener hijos menores en las escuelas de la comunidad y sin ser ciudadana ni tener patrimonio alguno, abusando de la oportunidad que se le dio de avecindarse en la población. Ante este acto, 3 días después, la asamblea acordó hacer uso de los procedimientos asentados en actas de asamblea general y en el reglamento interno con que se rigen los habitantes, de acuerdo a los Usos y Costumbres. Decidiendo declararla persona non grata, expulsándola de la comunidad. Así mismo, en oficio del 18 de septiembre del 2018, las autoridades municipales, entregaron al Visitador General de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el acta de asamblea en la que declaran que la expulsión fue realizada en ejercicio de los derechos tutelados por su régimen de gobierno, como establece el reglamento interno, negando categóricamente que haya sido por imposición de alguien en particular o por intromisión de alguna organización.
Estos documentos demuestran que se trató de un acto de gobierno de una comunidad que se rige bajo los Usos y Costumbres, acto con el que no tenemos absolutamente nada que ver. No hace falta buscar mucho para encontrar las razones de esta descarada mentira, primero, al atribuirnos el trillado mote de “brazo armado del PRI”, presionan al gobierno priista del estado, acusándolo de protegernos, justificando sus manifestaciones; y segundo, con su vergonzoso protagonismo se granjean el aplauso de López Obrador en busca de protagonismo político, como se demostró en la pre-inauguración del hospital de Tlaxiaco, en dónde como rayo en cielo sereno, escuchamos al Director General del IMSS, Zoé Robledo, agradecer su presencia a la CODEP.
La sociedad en general, debe ver en estos mercenarios que cada época de efervescencia política salen al escenario generando caos, un atentado contra los Derechos Humanos que dicen defender, porque resaltando la identidad indígena, llevan a sus agremiados a cometer abusos, tomando avenidas, casetas y oficinas a mano armada. La manifestación pública, pacífica y en el marco de la ley, es un derecho constitucional, no así las agresiones a que han dirigido los de CODEP a decenas de campesinos humildes. La experiencia demuestra que los líderes naturales de las comunidades son las únicas víctimas de las luchas radicales, quienes pagan con cárcel las facturas por los intereses de estos vividores de la política que los llevan a retar al estado y su aparato de justicia.
El Movimiento Antorchista Nacional invita a todos los pobres en general y en concreto a las comunidades indígenas que se rigen por los Usos y Costumbres, a que vean que en la actual sociedad mexicana, en que el sistema político y gubernamental está en crisis, ningún pueblo originario podrá obtener verdadera justicia y progreso, como se demuestra en Oaxaca, que a pesar de haber dado a nuestro país tantos hombres ilustres y de que es motivo de orgullo histórico, gastronómico y cultural, los que sostienen esos baluartes, se debaten entre el hambre y la miseria. Esto es así, porque los distintos gobiernos han buscado controlar ese natural sentido de la defensa de su cultura y su identidad, tolerando y alentado a líderes y políticos que como los de CODEP, que los dividen y aíslan.
Por último, les decimos, que la única forma en que podrán sobrevivir la dignidad y la identidad que nos heredaron los grandiosos grupos étnicos que poblaron lo que hoy es Oaxaca, será si todos se organizan en torno a un proyecto político que cambie de raíz la sociedad injusta en que vivimos. Vengan a conocer nuestros resultados en ese sentido, conózcannos por nuestros hechos, no por lo que se dice de nosotros. Podremos mostrar los ejemplos concretos de comunidades desarrolladas por la lucha de Antorcha, en las que se privilegia y respeta verdaderamente los Usos y Costumbres. Lucha en la que hemos estado forjando durante 46 años, a la fuerza social que pueda cambiar nuestra sociedad de manera profunda, instaurando un gobierno que genere mejores condiciones económicas para las clases trabajadoras.
