El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, demandó el «reemplazo inmediato» del Gabinete energético federal al que acusó de incompetente.
El legislador señaló que la Secretaría de Energía, Rocio Nahle, y los directores de la CFE, Manuel Bartlett, y de Pemex, Octavio Romero Oropeza, tratan de rescatar a dichas empresas por decreto pese a sus serios problemas económicos.
Romero Hicks criticó el acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, ya que -más allá de la cadena de irregularidades para su entrada en vigor- afecta a la población al desplazar la generación limpia de electricidad para regresar al carbón y el combustóleo, los cuales son altamente contaminantes.
El panista señaló que el documento atropella una vez más el Estado de derecho y la certidumbre para los inversionistas nacionales y extranjeros que enfrentan la incongruencia de que todo lo que acuerdan en un contrato puede venirse debajo de la noche a la mañana.
Recordó que además de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y de la Cervecera Constellation Brands, ahora se elimina la posibilidad de instalar plantas de energía limpia, como la eólica y la solar, que resultan más baratas y sin impacto al medio ambiente.
Dijo que el desaseo para lograr que el acuerdo fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación sin cumplir con la obligada evaluación de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria provocó la renuncia de su titular César Hernández.
Además, agregó, ha generado la preocupación y protesta de las Embajadas de Canadá y de las 19 naciones que integran la Unión Europea, advirtiendo que se ponen en riesgo las inversiones por más de 6 mil 500 millones de dólares por parte de las empresas de sus países en México.
Para el legislador, las prohibiciones que establece el acuerdo, vigente desde el sábado pasado, constituyen una «auténtica estatización», porque la Secretaría de Energía asume totalmente el control del Sistema Eléctrico Nacional y frena las inversiones de energías limpias y renovables.
Asimismo, se imponen pruebas y limitaciones para las nuevas centrales de generación de energía a través de métodos renovables, limita la emisión de permisos para nuevas plantas eólicas o solares y prohíbe construcciones en lugares que se consideren congestionados o con poca capacidad de transmisión.
