Trump y sus aliados, que dependen en gran medida de Twitter para criticar a la oposición, han acusado durante mucho tiempo a los gigantes tecnológicos de atacar a los conservadores en las redes sociales al verificarlos o eliminar sus publicaciones.
La orden ejecutiva argumenta que tales acciones deberían costarles a esas compañías su protección contra demandas por el contenido que se publica en sus plataformas.
Trump igualmente afirmó que instruyó al fiscal general William Barr para que trabaje con los estados para hacer cumplir las leyes contra lo que describió como prácticas comerciales engañosas de las empresas de redes sociales.
El martes, Twitter colocó un aviso de verificación de datos en los tuits del mandatario. La empresa aplicó la medida luego de que Trump publicara dos mensajes en donde afirmó que habrá fraude de permitir que la gente vote por correo en los próximos comicios de noviembre.
El presidente de EU dijo que los avisos a sus tuits fueron “decisiones editoriales” por parte de Twitter y que significaban activismo político.
¿Qué se sabe de la orden?
Un borrador del decreto, al que tuvo acceso Reuters, ordena a las agencias federales que aclaren el alcance del artículo 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que protege a las compañías de internet de la responsabilidad por el contenido ilegal publicado por los usuarios y les permite eliminar los mensajes legales, pero inaceptables.
Juristas dijeron que no está claro si la Comisión Federal de Comunicaciones aceptaría la opinión de Trump sobre el artículo 230 establecido en el proyecto de decreto.
Aún si lo hace, las regulaciones de la agencia no tendrán ningún efecto legal vinculante para los jueces, que son los que realmente tienen algo que decir sobre la ley.
El artículo 230 contiene una disposición que permite a las plataformas en línea, como Twitter y Facebook, retirar o restringir el acceso al material que determinen “de buena fe” que sea lascivo, excesivamente violento, acosador o de alguna otra manera censurable.
Las restricciones del contenido de internet son generalmente lícitas porque la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión, sólo se aplica a los actores gubernamentales, no a las empresas privadas.
Alegando que la censura de los puntos de vista conservadores es rutinaria, el decreto establece que las plataformas en línea no deben ser protegidas cuando realizan “acciones engañosas o una revisión previa que restrinja el contenido en línea”.
