Expertos en política social alertaron sobre el riesgo de que el Censo del Bienestar, el cual comenzó a integrarse desde finales de 2018, se utilice con fines político electorales.
El documento «Estrategia y Metodología del Censo del Bienestar», da cuenta de que 180 mil Servidores de la Nación visitaron alrededor de 32 millones de viviendas en todo el País para verificar la información de los beneficiarios y procesar solicitudes de incorporación a los programas sociales de la nueva Administración federal.
Entre los datos que proporcionó cada beneficiario se encuentra su clave de elector, el Registro Federal de Contribuyentes, su número celular, el nombre de la institución en donde estudia o trabaja y la CURP, además de que cada vivienda visitada puede ser localizada vía GPS.
Los expertos en política social consultados advirtieron que la recopilación de datos como la clave de elector genera dudas respecto al uso que pretenden darle al Censo.
El maestro en Gestión Pública, Alejandro González, subrayó que desde el punto de vista de la política social, información como esa es intrascendente porque no contribuye a establecer las condiciones socioeconómicas de las personas.
«Tiene un valor político, que es diferente. Abre un espacio de uso político formal y oficial de programas sociales, porque la clave de elector no es una variable determinante de ninguna situación específica de carencia, vulnerabilidad o felicidad», indicó.
Aunque en el levantamiento la Secretaría del Bienestar se asumió como responsable de no hacer transferencias adicionales de los datos personales recopilados, el antropólogo Felipe Hevia advirtió que el Censo podría utilizarse, por ejemplo, para afinar la oferta política de candidatos.
«Si el censo descubre que una zona tiene muchos problemas para el acceso al trabajo, puedo afinar mi oferta electoral para que, cuando vaya mi candidato, le diga: ‘tú tienes que enfatizar que aquí se va a generar trabajo'», indicó.
Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, recordó que en anteriores procesos electorales ha sido común que operadores políticos soliciten copias de la credencial de elector para coaccionar el voto, aun cuando en la práctica este documento no servía para nada.
