En 2020, México bajó de 4.65 a 4.55 su calificación, de una escala de 10, en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), además de que se estancó y mantiene una capacidad pobre para detectarla, castigarla y prevenirla.
El estudio elaborado por la Sociedad de las Américas (AS), el Consejo de las Américas (COA) y la consultora Control Risks se hizo a 15 países latinoamericanos, donde Uruguay fue la nación con más capacidad para combatir la corrupción y Venezuela, la que menos.
Además de las cifras, en un apartado del CCC 2020 el estudio indica que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder con la promesa de “acabar con la corrupción”, pero en la práctica no se ven los cambios.
Según las instituciones, una de las razones más importantes del estancamiento en el combate a la corrupción sería que AMLO incrementó el uso del gasto discrecional en contratos públicos , pero ignora los controles para mejorar la gobernanza, lo que a su parecer son “tendencias preocupantes”.
También destaca que otro indicador negativo es “la falta de progreso en las reformas institucionales a largo plazo”, y que el Ejecutivo ha ignorado al Sistema Nacional Anticorrupción (SCN).
El estudio analiza la capacidad legal (donde obtuvimos 4.15), la democracia e instituciones políticas (se alcanzó 4.55), así como el actuar de la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado, que lograron en conjunto el puntaje más alto, con 6.24 en una escala de 10.
Sin embargo, destacaron la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pero cuestionaron que las investigaciones se enfocaron solo en casos de corrupción de miembros de partidos de la oposición.
Por ello, los observadores cuestionaron si el presidente mexicano ejerce algún control sobre la UIF que encabeza Santiago Nieto, al tiempo que dieron un puntaje disminuido a su independencia y eficacia.
En tanto, el panorama para la región tampoco es alentador y se agrava con la pandemia del coronavirus.
“La ola anticorrupción que estaba avanzando en América Latina hace unos años ha perdido fuerza y, en algunos lugares, está retrocediendo peligrosamente. Lo que es aún más preocupante: esto está sucediendo mientras la Covid-19 está aumentando el riesgo de corrupción en toda la región”, dijo Roberto Simon, director senior de políticas públicas de AS/COA, en el comunicado.
A Uruguay (7,78 de 10), le siguen Chile (6,57), Costa Rica (6,43), Brasil (5,52), Perú (5,47), Argentina (5,32), Colombia (5,18), México (4,55), Ecuador (4,19), Panamá (4,17), Guatemala (4,04), Paraguay (3,88), República Dominicana (3,26), Bolivia (2,71) y Venezuela (1,52).