Un juez federal suspendió hoy, por tiempo indefinido, el Acuerdo de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, por el cual se emitió la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Rodrigo de la Peza, Juez Primero Especializado en Competencia Económica, concedió una suspensión definitiva en el amparo promovido por la asociación civil Defensa Colectiva, que paraliza del Acuerdo, publicado por la Sener el 15 de mayo.
La suspensión definitiva estará vigente todo el tiempo que tome tramitar el juicio de amparo para aclarar la constitucionalidad del Acuerdo de Nahle, a menos que sea revocada por un tribunal colegiado de circuito, lo que tomará algunos meses.
Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Segundo Especializado, había otorgado una suspensión provisional contra este Acuerdo desde el pasado 29 de mayo, en un amparo de la organización ambientalista Greenpeace, sin que hasta ahora exista sentencia sobre la suspensión definitiva.
Ambos jueces han otorgado, además, más de 40 suspensiones contra el Acuerdo del 29 de abril del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que impedía conectar nuevas plantas de energías renovables al SEN.
Pero el Acuerdo de Sener es mucho más amplio, tiene implicaciones para todos los productores privados y fue publicado sin pasar por un proceso de mejora regulatoria, lo que habría provocado la renuncia, el mismo 15 de mayo, del titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), César Hernández.
Este jueves, un análisis difundido por cinco asociaciones de energías renovables estimó que el Acuerdo de Sener pone en riesgo inversiones por 44 mil millones de dólares, pues afectaría 260 proyectos de generación a gran escala que operan en el País, con una capacidad instalada de 32 mil 600 megawatts, así como a 56 proyectos en prueba o construcción, con una capacidad de 8 mil 400 megawatts.
El Gobierno alega que las medidas del Acuerdo son necesarias por la intermitencia en la operación de plantas eólicas y solares, que requieren respaldo permanente de plantas de gas y termoeléctricas para garantizar la estabilidad del SEN, argumento que por ahora no han comprado los jueces.
Gilberto Lepe Sáenz, el funcionario de Conamer que «palomeó» la exención de mejora regulatoria, afirmó en su resolución del 15 de mayo que la Política de Confiabilidad no es un acto concreto que genere nuevos trámites a los particulares, y que por tanto se debía esperar a que la CRE y el Cenace ejecutaran medidas específicas para someterlas a revisión previa.
Pero los jueces parecen haber concluido que el Acuerdo de Sener, por sí mismo, sí tendrá consecuencias de difícil reparación, que deben ser suspendidas mientras se estudia su constitucionalidad.
Con la suspensión otorgada por el Juez De la Peza deberá seguir vigente la anterior Política de Confiabilidad, expedida por Sener en 2017.
