Jiménez Espriú sostuvo que deja a su sucesor, el ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal, una secretaria digna “como en sus mejores tiempos”, sin embargo, apenas se cerraba la puerta de la renuncia, empresarios denunciaron que existe una mafia que se apodera de la mayoría de las construcciones.
Los empresarios industriales de la construcción de diversos estados del país denunciaron “licitaciones amañadas” y “cobro de moches hasta del 20 por ciento” para la adjudicación de obras públicas, principalmente en los estados de San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Jalisco.
Al ser invitados por el diputado de Morena, José Ricardo Delsol Estrada, de San Luis Potosí, a una conferencia de prensa virtual, el representante de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) en su estado, Jorge Pascual Beltrán Rivera, denunció que el director del Centro SCT en la entidad, Ernesto Zepeda, “ya enfrenta varias denuncias por corrupción”.
Con documentos en mano mostró que se adjudicaron 417 millones entre sólo ocho empresarios, entre ellos David de Jesús Medina, Guillermo Jonguitud, Jorge Santana.
Estas empresas -dijo- “han venido siendo favorecidas desde 1917, entonces cuál es el cambio, no hay ningún cambio para los constructores”, se quejó.
“Los funcionarios cobran un moche del 20 por ciento a las empresas favorecidas en San Luis Potosí, por lo que se le mandó un escrito a Javier Jiménez Espriu para denunciar la situación, por lo que ya hemos recibido amenazas”, sostuvo.
Informó que “presentamos una denuncia vía administrativa ante la Secretaría de la Función Pública este año, que no ha sido resuelto; nos requirió la Secretaría documentos que acreditaran los actos de corrupción y nosotros los presentamos en tiempo y forma, no ha habido nada y nos hemos estado inconformando constantemente”.
El presidente de la Confederación Nacional de Industriales y Constructores de Veracruz, Marcos Salas, denunció también que “la corrupción no es de ahora, pero se ha exacerbado últimamente”. Sostuvo que “hay un exceso de corrupción por parte de los mismos funcionarios de la SCT, desde los más altos funcionarios hasta los más bajos”.
Del mismo estado, el presidente de la Coparmex, Gabriel Rivera Serdán, denunció que “desgraciadamente vemos que las delegaciones de la SCT tal parece que están `cortadas por la misma tijera`. El principal problema es la corrupción con licitaciones amañadas que, a veces, no se pueden comprobar al cien por ciento. Pero sí nos damos cuenta de cómo se amañan estas licitaciones”.
Señaló que “las empresas constructoras de Veracruz han venido padeciendo de la corrupción, el desfalco que tenemos por los adeudos que tienen el gobierno federal y estatal con nosotros nos pone en una situación muy complicada en la parte económica”.
El delegado de la AMIC en Puebla, Francisco Javier Tejeda, denunció que “las licitaciones se volvieron un botín para un grupo minoritario de empresas que surgen de manera improvisada, para hacer jugosos negocios a favor de la clase gobernante”.
“Las licitaciones para la construcción de las carreteras se las dan a los concursantes que presentan las propuestas más bajas, son las más favorecidas, siempre son las mismas constructoras, son las conocidas de los funcionarios que actualmente están en la SCT”, acusó.
