Por Adriana Argudín Palavicini
|En el estado de Puebla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, no ha quitado el dedo del renglón para deshacerse de quienes ven y juzgan la realidad de dicho estado de modo distinto a como él la ve y la juzga; no los considera como sus opositores, sino como sus “enemigos” y, como tales, ha decidido emprender una campaña no solamente de desprestigio, sino, más peligroso aún, de persecución, amedrentamiento y amenazas. Tal es el caso del Movimiento Antorchista en Puebla, que por su amplia presencia y arraigo entre los poblanos más humildes, se ha ganado el odio del gobernador. Después de la burda maniobra para negarle el registro como partido político estatal al Movimiento Antorchista Poblano (MAP), hecho en el que fue evidente la ilegítima intervención del ejecutivo estatal en el IEE, destacan dos acontecimientos recientes que, por su gravedad, es necesario dar a conocer a mis posibles lectores.
El primero de ellos, consiste en una orden de aprehensión en contra de Rosario Sánchez Hernández, reconocida dirigente antorchista de una de las regiones más rezagadas de la capital poblana y una de las fundadoras del MAP, por el supuesto delito de robo de despensas. Como sabemos, la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 obligó a millones de familias a permanecer en sus hogares y, en consecuencia, a quedarse sin trabajo (formal o informal) y, por tanto, sin tener manera de llevar alimento a sus mesas. Como era de esperarse, las familias más necesitadas, al no contar con ningún tipo de apoyo en especie o en dinero por parte de ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno, a las pocas semanas cayeron en la desesperación. Primero, acudieron en busca de la ayuda gubernamental, pero nadie les hizo caso; después, al prolongarse el encierro y agudizarse el hambre, cientos de ellas colocaron banderas blancas afuera de sus humildes viviendas clamando por ayuda, pero nuevamente las ignoraron. Cabe señalar, que el Movimiento Antorchista había ya encabezado la demanda para que desde la presidencia de la República se instrumentara un Plan Alimentario a nivel nacional, demanda que, a pesar de que sigue siendo vigente, pues muchos millones de mexicanos han perdido su empleo, aún está en espera de respuesta.
Cuando la presión subió de nivel, el gobierno finalmente repartió algunas despensas, pero solamente entre las familias simpatizantes de Morena, que fue el caso del estado de Puebla. ¿Y el resto de los poblanos, que independientemente de su filiación política, también son seres de carne y hueso que necesitan alimentarse para sobrevivir? Esos no entraron en las cuentas del gobernador Barbosa. Y es en este contexto que entra la lucha plenamente justificada de Rosario Sánchez por exigir un reparto no discriminatorio de despensas, pues como señala el artículo 1º de nuestra Constitución Política, “Queda prohibida toda discriminación motivada por… la condición social… o cualquier otra que atente contra la dignidad humana…” Lo que siguió fue precisamente la orden de aprehensión en contra de Rosario. Conclusión: a ella se le acusa de un delito que no cometió, se le persigue porque para Barbosa los antorchistas son sus “enemigos” y merecen su persecución. Ante tal atropello, sus compañeros han realizado varias protestas pacíficas en distintos municipios del estado, cuidando la sana distancia y protegidos con cubrebocas, protestas que han recibido como respuesta, al menos en la capital del estado, el cerco policiaco a varias cuadras de distancia de Casa Aguayo, la sede del ejecutivo estatal.
El otro acontecimiento, consiste en las reiteradas amenazas de muerte contra el licenciado Ovidio Celis Córdova, quien es líder de un importante grupo de transportistas poblanos a quienes el gobernador les niega su derecho a trabajar por el hecho de estar afiliados al Movimiento Antorchista y no a Morena. En Puebla, pues, no solamente se viola el derecho de asociación con cualquier objeto lícito, así como el derecho que tiene toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, consagrados en los artículos 9º y 123 de nuestra Carta Magna. Es del dominio público que en sexenios anteriores, que tanto critica el presidente López Obrador, la fuerza de los gremios y de los sindicatos, entre ellos los de transportistas, era crucial para ganar elecciones, sin pasar por alto las jugosas ganancias que compartían con el gobierno en turno por los favores y la protección recibidos. Está claro que el señor gobernador no quiere que se le resten votos a su partido, él quiere la canasta y los huevos, por eso permite que se intimide y se amenace a un abogado honrado y trabajador, que se ha ganado el respeto y el aprecio de sus representados. Pero en Puebla, tal parece que quien se atreve a defender los derechos que amparan a todos los mexicanos, corre el peligro de perder la vida.
Estamos, pues, ante una campaña de carácter político con vistas al proceso electoral de 2021, con la cual se pretende dejar libre el camino para que Morena siga en el poder. Y para ello, se está haciendo uso y abuso del poder contra cientos de miles de poblanos cuyo único delito es disentir del actual gobierno y exigir una vida más digna para ellos y sus hijos. Si así están las cosas a poco menos de un año de las elecciones, ya podemos imaginar cómo se pondrán a medida que el plazo se vaya acortando. Por lo dicho, es urgente que los poblanos tomen conciencia de la necesidad de organizarse en un gran frente común a fin de evitar, por la vía democrática, que Morena hunda todavía más al estado y al país.
