Los familiares de los detenidos en San Cristóbal de las Casas el 22 de julio, relacionados por la fiscalía con una red de trata de menores, están perdiendo la paciencia. Cuatro mujeres siguen encarceladas, 23 niños en dependencias oficiales y un hombre muerto en prisión con heridas y moretones al que se le atribuye un suicidio. Todos pertenecen a una misma familia y todos vivían en la misma casa, padres, madres, hijos, cuñados y la veintena de nietos. El 17 de julio, la policía entró en la vivienda, supuestamente, en busca del niño Dylan, secuestrado unas semanas antes, y se llevó a todos los parientes. El caso de Dylan, el menor que estuvo desaparecido durante mes y medio tras ser raptado en un mercado de San Cristóbal, fue muy mediático y obligó a las fuerzas policiales a emprender diversas acciones. Desde el pasado viernes, el niño está de vuelta sano y salvo junto a su madre y una joven, de 23 años, fue detenida como autora material. Sin embargo, estas mujeres todavía permanecen en prisión.
Enereida Gómez, madre de cinco de los niños bajo custodia de la Administración chiapaneca, e hija del fallecido en la cárcel Adolfo Gómez, ha reclamado esta mañana la liberación de su madre, Juana, de su hermana y de sus dos cuñadas, y que les devuelvan a sus hijos. “Estamos perdiendo la paciencia”, ha dicho airada y ha desmontado algunas de las pruebas “falsas” y de las “mentiras” de las que los acusan. “¿Es que no vieron la pobreza que había en la casa cuando entraron? Si fuéramos secuestradores de niños tendríamos algunos lujos. Se lo llevaron todo, televisiones, refrigeradores y las artesanías que vendemos”. Les acusaron de trata infantil y hoy el Estado se niega a devolverles a los niños a menos que las actas de nacimiento demuestren el parentesco. Pero algunas de esas actas presentan errores en los apellidos y otras no existen. “Cuatro de cada 10 niños no tienen acta de nacimiento en Chiapas”, ha dicho esta mañana la directora de la organización social Melel Xojobal, Jeniffer Haza, que acompaña a los familiares en este trance.
El abuelo de algunos de esos niños, Adolfo Gómez, murió el 27 de julio. El cadáver que entregaron a la familia tenía “una herida de 10 centímetros en la cabeza y moretones por todo el cuerpo”, ha explicado hoy la abogada Patricia Aracil, vocera del colectivo Cereza, que se está ocupando de este caso. También les mostraron una foto del padre ahorcado con una “cuerda floja” atada a los barrotes de la prisión. En un vídeo que le grabaron cuando fue detenido, el hombre no parece haber perdido la entereza. Relata con sosiego cómo le golpeaban en la cabeza y que no le dejaron hacer llamadas ni contó con asistencia jurídica. Cuando le detuvieron, “dijeron que portaba canutillos con hierba verde como si fuera marihuana”, ha dicho Aracil. Parece poca cosa para acabar muerto en una celda.
La activista ha mostrado una serie de papeles pertenecientes a la investigación policial plagados de erratas en las fechas, en las supuestas entrevistas a testigos. Hay tres carpetas judiciales abiertas, una por delito contra la salud (la marihuana), otra por secuestro y otra por trata de menores. “Les han creado delitos falsos con testigos a los que dicen haber entrevistado en la calle, pero cuyas declaraciones aparecen redactadas a máquina y firmadas. ¿Acaso se llevaron la máquina de escribir a la calle? Adolfo estaba detenido desde el 15 de junio y sin embargo, el oficio dice que lo entrevistaron en la calle y le acompañaron a su casa el 16”. Enereida, la hija de Juana y el fallecido Adolfo, ha señalado otra de las incongruencias policiales. “Dicen que mis papás trabajaban juntos. Pero si estaban separados porque mi papá tenía otra esposa… Ay, no, cómo iban a ir juntos al trabajo. Son puras tramposadas y calumnias”, ha dicho muy enojada.
En este tiempo los familiares no han tenido contacto con los niños, salvo en las últimas horas, cuando Roberto Montejo y Guadalupe González, abuelos paternos de algunos de ellos, han podido verlos y comprobar que los reconocían, “que les decían abuelito”, que son sus nietos, a pesar de las defectuosas o inexistentes actas de nacimiento. “Quiero que me devuelvan a mis 12 nietos, no a cinco”, ha reclamado Guadalupe.
“La pobreza no puede ser causa para la separación familiar y ocho de cada 10 niños viven en la pobreza en Chiapas”, ha dicho Aracil. “Es el Estado el que debe acercarse a las familias, no al revés”. El caso de esta familia extensa ilustra bien los márgenes de pobreza en los que se mueve buena parte de la población indígena chiapaneca. Todos viven juntos, con muchos niños por matrimonio, que colaboran en las tareas de la casa o en la venta de artesanía o quizá de marihuana, con abandono temprano de los estudios… Con estas características podrían haber detenido a la mitad de San Cristóbal. “Son pequeños, van con nosotros a trabajar, no es que les demos trabajo”, ha asegurado Enereida.
Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), que colaboró activamente en las movilizaciones para la búsqueda del niño Dylan, ha expresado este miércoles su temor “por que estos niños retenidos puedan estar sufriendo alguna suerte de tortura psicológica para que acusen a sus familiares”. “Exigimos que no los usen de rehenes de la fiscalía y que sean liberados. Están violando los derechos humanos”, ha manifestado. Martín Pérez también opina que las vidas de las cuatro mujeres presas “corren peligro”. Juana, la madre de Enereida, ha recibido la solidaridad y el apoyo en prisión de otras mujeres encarceladas, que demandaron al director que fuera trasladada a la parte femenina para que estuviera cuidada. La veían muy mal después de la muerte de su marido. Y lo lograron. “El 90% de las mujeres privadas de libertad en Chiapas son inocentes y tienen delitos construidos”, ha señalado Aracil.
El caso de estas mujeres y niños ya lo conocen en la Secretaría de Gobernación y esperan una respuesta del Ejecutivo Federal. “Ha habido aquí un manejo político de los errores en la búsqueda de Dylan. Cuando los detuvieron ya sabían que nada tenían que ver con el caso de Dylan”, han afirmado esta mañana en la rueda de prensa. El caso está denunciado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros organismos internacionales. La madre del niño desaparecido viajó de Sán Cristóbal hasta el Palacio Nacional para que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, escuchara sus súplicas. El niño apareció con vida y ya sonríe en las fotos con su madre. Ahora son otras las familias que buscan el apoyo.
