Mujeres víctimas de tortura sexual durante los disturbios de Atenco en 2006 (en los que murieron dos personas y más de 200 fueron detenidas) presentaron el 8 de julio un amparo contra la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a la que acusan de obstaculizar la investigación. Según explicó el Centro Pro de Derechos Humanos, que representa a las víctimas, “la investigación penal sigue fragmentada debido a la negativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de aceptar la atracción del caso al fuero federal”.
El amparo exige que la investigación sea unificada en la Fiscalía General de la República (FGR), que en opinión de las agraviadas “tiene competencia sobre la totalidad de los hechos al tratarse de un operativo policial conjunto federal-estatal en el que agentes de ambos fueros colaboraron en la comisión de tortura contra las mujeres”.
Hace dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que las mujeres sufrieron delitos a manos de agentes federales y estatales que actuaron de forma coordinada en un operativo acordado, planeado y supervisado conjuntamente por funcionarios federales y estatales. “La violencia sexual sufrida por las once mujeres no fue aislada, sino que se enmarca dentro de un patrón que se dio a lo largo de todo el operativo”, dice el fallo.
Según el comunicado del Centro Pro y el Centro Por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), desde septiembre de 2019, la FGR notificó a la Fiscalía de Edomex su intención de atraer la investigación. Sin embargo, la Fiscalía de Edomex no contestó el requerimiento de la FGR durante casi ocho meses. Tras el envío de una serie de recordatorios, en mayo de 2020 la respondió formalmente que no reconoce la competencia federal sobre el caso, aduciendo que los delitos cometidos en Atenco no serían conexos. “La teoría de la Fiscalía local sería, esencialmente, que las distintas fuerzas policiales cometieron delitos de forma separada, versión que no corresponde al ampliamente documentado operativo conjunto en Atenco”, dice el comunicado.
“La sentencia de la Corte IDH expone de manera detallada cómo la investigación penal abierta en el Estado de México cuenta con una serie de deficiencias y no ha brindado acceso a la justicia. Ahora, el intento de obstaculizar la unificación de la investigación en la FGR confirma que la Fiscalía local no actúa de manera diligente para procurar la justicia por las graves violaciones cometidas en Atenco”, dice el documento.
El juicio de amparo promovido por las mujeres fue admitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Toluca, quien celebró la audiencia constitucional correspondiente el pasado 3 de septiembre de 2020. Ahora será el juez quien determine si el caso sigue en manos de la Fiscalía de Edomex o pasa a la FGR.
“Esperamos que el Estado tome todas las medidas necesarias en este sentido para avanzar hacia su obligación de investigar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables de los hechos, tal como indica la sentencia de la Corte IDH”, dice el comunicado.
El 3 de mayo de 2006 se produjeron los hechos en San Salvador de Atenco, Estado de México. Un operativo policial contra integrantes de grupos indígenas derivó en enfrentamientos. Dos personas murieron, más de 200 fueron detenidas y 26 mujeres denunciaron torturas sexual durante su encierro. En aquellos momentos, Enrique Peña Nieto, que posteriormente fue elegido como presidente de la República, era el gobernador del Edomex.
