Los transportistas unitarios no esperan el milagro de que la ley que hoy los condena sea derogada. Insisten en que el Gobierno haga su parte porque ellos ya hicieron la suya. Pero en Puebla, la cabeza del pulpo camionero manda, el congreso asienta y el dedo del gobernador señala.
Por Minerva Flores, Edna Hernández, Donato Márquez, Fernanda González y Rocío Hernández.
| Primero los convirtió en “piratas”, luego les asestó el golpe mortal de la ley. A tres meses de su investidura como nuevo gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), hizo sentir su mano dura a los aspirantes a concesionarios del transporte público y a los transportistas unitarios sin capacidad de modernizarse en tiempo récord.
El Gobierno que prometió servir “primero los pobres” y respetar a sus opositores modificó la ley para poder sacarlos del camino, so pena de encarcelarlos hasta con 10 años de cárcel, y dejó libres las rutas de transporte público al servicio de los grandes monopolios.
Modernizar para depurar
Todo inició cuando Guillermo Aréchiga Santamaría, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla (SMTP) estableció el decreto de los 120 días para que los concesionarios y permisionarios del transporte público de pasajeros modernizaran el parque vehicular y se deshicieran del transporte con más de 10 años de antigüedad. Al mismo tiempo autorizó el aumento, de entre 1.50 o dos pesos, del costo del pasaje, según el tipo de unidad.
En cuatro meses, el Gobierno morenista quería lograr lo que en décadas nadie había podido: transporte público como en los países del primer mundo: sistema GPS, cámaras de video-vigilancia, botones de pánicos, vehículos recientes y más. El decreto sólo fue el preámbulo de la nueva ley que desahucia al eslabón más débil del pulpo camionero: los concesionarios unitarios y permisionarios.
El 29 de enero de 2020, el gobernador Miguel Barbosa presentó la iniciativa de reforma al artículo 190 Bis del Código Penal del Estado de Puebla donde proponía: prohibir la operación sino se cuenta con permiso; aumento de la pena a aquellos que no cuenten con la concesión o permiso correspondiente y presten el servicio de transporte público o mercantil (cuya sanción pasa de tres meses a tres años de prisión y una multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización, pasando de 50 a 500 días de salario a ocho mil 688 a 43 mil 440 pesos).
Esta sanción –rezaba la iniciativa– también se impondrá al propietario del medio de transporte que realice, contrate o permita la prestación de estos servicios. Se realizará la cancelación de la licencia de manejo hasta por cinco años, así como el decomiso del vehículo utilizado. Si la falta es cometida o interviene en ella de cualquier forma el representante, socio o líder de una persona jurídica colectiva concesionaria o permisionaria del servicio de transporte público, las penas se aumentarán de una o dos terceras partes de las que le correspondan por el delito de que se trate. Se impondrá la revocación o cancelación de las concesiones, permisos y autorizaciones que para prestar dicho servicio hayan sido otorgados por la autoridad estatal.
Un mes y 11 días después (11 de marzo) la iniciativa del gobernador fue aprobada por 22 de los 41 diputados entre morenistas, del Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. Los legisladores priistas Rocío García y Nibardo Hernández y la diputada panista Mónica Rodríguez Della Vecchia fueron algunos de los pocos que se opusieron a la reforma de esta ley.
Concesionarios que no pudieron modernizarse y operadores con permiso (pero sin concesión) fueron convertidos en irregulares y “piratas”, respectivamente. La reacción de los afectados no se hizo esperar. La Unión de Transportistas del Estado de Puebla solicitó la protección de la justicia federal, pero la respuesta del gobernador poblano fue tajante: “si los jueces los amparan, se respetará. Es un asunto de derechos, pero el Gobierno del estado tiene la obligación de empezar a iniciar los operativos y los procedimientos de retiro de concesiones por no cumplir con lo que quedó establecido en la ley del transporte”.
Nibardo Hernández, diputado local e integrante del Movimiento Antorchista en Puebla, exhortó al gobierno poblano: “si esta ley se va aplicar, se deben facilitar las condiciones a todos los grupos que continúan trabajando de forma “ilegal” por culpa del Gobierno, llámese de Antorcha o cualquier otro. Como representante de la zona mixteca poblana exijo que las autoridades de la SMTP no pongan obstáculos como actualmente lo hacen y otorguen permisos y regularicen a nuestros dos mil 500 compañeros. Demanda que realizamos desde hace más de un año a la Secretaría y se nos niega, a pesar de que ya pagamos por el trámite”.
Pronto se le olvidó al gobernador Barbosa Huerta su eslogan de campaña: “por el bien de todos, primero los pobres”. Guillermo Aréchiga Santamaría podrá cumplir las amenazas del gobernador contra transportistas, permisionarios, grulleros, taxistas, responsables de depósitos vehiculares unitarios sin que nadie se lo impida.
No obstante, si ellos pierden, inevitablemente alguien gana con esta nueva ley.
Transporte público, el pequeño monstruo
Durante los últimos 60 años el transporte público poblano ha venido creciendo al ritmo de la mancha urbana; con él, su poder monopólico al amparo del Gobierno en turno. Las combis se vieron rebasadas por los microbuses, los microbuses por los camiones y los camiones por la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA o metrobús). Aunque hoy todos coexisten en la capital y sus alrederores, la RUTA manda en la capital.
La capital de Puebla cuenta con un millón 576 mil habitantes y está rodeada de 19 municipios cuya población suma un millón 434 mil 62 personas. De estos casi tres millones que tienen relación estrecha con la capital, una tercera parte (993 mil 585 personas) es usuaria frecuente de los distintos servicios de transporte público, de acuerdo con datos de la SMTP.
Hasta el día de hoy, la Secretaría de Movilidad ha otorgado 125 mil 345 concesiones de servicio de transporte, mismo que se divide en servicio público de transporte (colectivos-autobuses, combis-van microbuses-minibuses), transporte mercantil de personas (taxis y grúas) y de carga (escolar, turismo, servicio extraordinario, mudanza, mensajería y paquetería).
De acuerdo con la Secretaría, el transporte público tiene más de la mitad (55.16 por ciento) de las concesiones otorgadas (69 mil 149) al servicio de transporte y se desplazan en 190 rutas dentro del área metropolitana. En el resto de los municipios del estado, operan 137 rutas. Hay 29 mil 120 concesiones de taxis que se mueven en 75 rutas y dos mil 755 concesiones de grúas operando en 31 derroteros. El transporte mercantil de carga se mueve en 327 rutas con una flotilla de 34 mil 525 unidades.
Con menos concesionarios que los servicios anteriores, pero convertido en menos de una década en el transporte que mueve al mayor número de poblanos, el transporte articulado (RUTA) del Gobierno del estado tiene dos mil 749 concesiones, tres líneas y 32 estaciones. Tan sólo en el primer semestre de 2019 movió a 50 millones 907 mil 300 usuarios, ocho millones 484 mil 550 usuarios por mes y 282 mil 818 al día, trasladados en 103 millones 842 mil 500 viajes, según datos de la SMTP y el Consejo Taxista del Estado de Puebla en 2019.
Adquirir alguna concesión del metrobús está fuera del alcance de cualquier transportista que apenas posee una concesión de combi, van o microbús. Para ser propietario de una concesión de la RUTA es preciso tener dinero, mucho dinero.
RUTA, monopolio al amparo del Gobierno
Tras el golpe de poder de Miguel Barbosa Huerta y los diputados locales morenistas a los poblanos que incursionaban desde hace ya varios años en el transporte público, ahora los grandes empresarios como Juan Carlos Uriarte Amann, ejecutivo que lidera el Grupo Autotransportes de Oriente (ADO) y uno de los 100 mexicanos más ricos y poderosos; Jesús Padilla Zenteno; Aceves Mendoza; familias Díaz Carrasco, Reyes Bocardo y otras, así como funcionarios públicos, continuarán movilizando a gran parte de la población en la capital y municipios conurbados.
Datos oficiales que a continuación se presentan muestran el negocio del transporte entre el sector empresarial y el Gobierno de Puebla y evidencian que los grandes concesionarios son los únicos beneficiados con la recién reformada ley del transporte impulsada por el gobernador Barbosa.
La Línea 1 de la RUTA (o metrobús) es uno de los tres puntos neurálgicos del negocio del transporte en la Angelópolis. En 2018 movió a 16 millones 225 mil usuarios a lo largo de 18 kilómetros, la alimentaron 36 paraderos y 11 rutas (Carreteras de Cuota de Puebla). A ella se añade la ruta Periférico que circula por la vialidad más grande del estado y que lleva el mismo nombre; ambas concesionadas a un solo empresario: Jesús Padilla Zenteno.
Padilla Zenteno es propietario de la empresa Servicios Articulados de Puebla (Sapi) que obtuvo en 2017 119 concesiones; en 2018, 476 más, y entre enero y septiembre de 2019, 119 permisos. Con 714 concesiones de las dos mil 749 registradas oficialmente en la RUTA posee un cuarto de las concesiones del transporte articulado (25.97 por ciento), según verificación de René Valencia en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía.
Asimismo, Sapi también fue beneficiaria en 2018 en el servicio mercantil de transporte de personas, al obtener 50 permisos de licencia para taxis de las 254 concesiones que otorgó la Secretaría de Movilidad.
La Línea 2 de la RUTA opera el corredor 11 norte-sur bajo la dirección del Grupo ADO de Uriarte Amann. Entró en funciones en abril de 2015, cuenta con 34 paraderos y 17 rutas alimentadoras. Tres años más tarde, en 2018, movilizó a 43 millones 74 mil 682 usuarios.
La Línea 3 no se queda atrás. Cuenta con una longitud de 15.3 kilómetros. Atraviesa la Zona Metropolitana de nororiente a surponiente y une los extremos del Periférico Ecológico con los municipios de Amozoc y San Andrés Cholula. En el primer semestre de 2019 movió a 45 millones 794 mil usuarios.
Cuando más de dos mil 500 operadores unitarios con permiso esperaban que la SMTP les abriera trámite para adquirir una concesión, la Secretaría de Movilidad se negó a atenderlos, pero no se resistió a las presiones y deseos de ADO y la benefició con mil 48 autorizaciones (2017-19)a través de la empresa Tapta Transportes, de acuerdo con la investigación de René Valencia. Durante 2018 le autorizó 661 permisos y de enero a septiembre de 2019 obtuvo 239 concesiones más; es decir, en menos de dos años se hizo del 86 por ciento de las concesiones que hoy posee. En 2019 poseía 38.12 por ciento de los permisos de la RUTA.
Así, el 64.09 por ciento de las concesiones de la RUTA lo concentraron en los dos últimos años dos empresarios: Uriarte Amann y Padilla Zenteno.
En 2017, Alberto Vivas Arroyo, ex subsecretario de Comunicaciones y Transportes, reveló que grupos como Rápidos de San Antonio, Bulevar-CU, Tres Estrellas, Cinco Estrellas y la Ruta 16 operarían en la Línea 3 con 204 concesiones (7.42 por ciento).
Los nombres de los propietarios del resto de las concesiones que representan el 28.49 por ciento, suenan muy poco en el ambiente del negocio del transporte, pero existen.
Los tentáculos del pulpo camionero
La centralización del transporte no sólo se dio en la cabeza del pulpo camionero, sino en los tentáculos.
ADO se hizo del mayor número de concesiones del metrobús mientras las rutas abastecedoras se fueron concentrando en un puñado de personas. Un reducido número de familias con suficiente poder adquisitivo para comprar y dar mantenimiento a las unidades que hoy rentan, obtuvo de la Secretaría de Movilidad cientos de concesiones en los últimos tres años, al mismo tiempo que miles de permisionarios unitarios esperaban en vano la misma oportunidad.
Miguel Ángel Aceves Mendoza tiene bajo su dirección las rutas Azteca-Angelópolis, la 52 y la Periférico. Las dos primeras con más de 50 concesiones. Están por autorizarle 50 permisos para la última (ruta Periférico), bajo la anuencia del gobernador Miguel Barbosa, de acuerdo con empresarios a quienes les fueron negadas.
A esta lista del monopolio del transporte se suma la familia Díaz Carrasco que posee cerca de 60 concesiones en líneas importantes como Cree-Madero, Bicentenario y Ruta 2000, cuya propiedad es ampliamente conocida en la zona.
Con menor número de permisos, pero que poco a poco les han permitido afianzar sus empresas, se encuentran las familias Flores García, Pérez Aguilar, Reyes Bocardo, Alatriste Nava, propietarios de nueve a 17 concesiones.
La empresa JBS (Morados) de José Luis Barrientos Sánchez recibió en 2017 20 concesiones. En 2018 obtuvo 80 concesiones y en el primer trimestre de 2019, 11 más.
La empresa Auto Transportes Macro de S. A. de C. V. logró 15 concesiones en 2017, 60 más en 2018 y otras 15 en el primer trimestre de 2019. Entre los propietarios de la ruta 72-A que recibió 11 concesiones en el primer trimestre de 2019 se encuentran Ignacio, José y Pedro Morales Paz; Gustavo Olivares Gutiérrez; Berta Ochoa Gutiérrez, Jorge Arcos Herrera y Alejandro Blas Prisco.
Abraham Sánchez se suma a la lista de grandes beneficiarios del Gobierno de Puebla y de la Secretaría de Movilidad. Es ampliamente conocido por actos de corrupción. Ocupó la Dirección de Ingeniería del Transporte del Gobierno del estado entre los sexenios de Manuel Bartlett, Melquiades Morales y Mario Marín. Viejos concesionarios señalan que forma parte (junto con Valentín Zambrano) del control ilegal que existe en la ruta Angelopolitano, donde a la vista de todos operan más de 120 camiones “reciclados” de la Ciudad de México y unidades antiguas (1990), a pesar de que la ley establece que un vehículo concesionado de transporte público debe tener una vida útil de 10 años e inmediatamente ser reemplazada.
Los mandamases en el transporte conurbado
En los municipios conurbados de la capital poblana también opera la estructura pulpo en los servicios de transporte público.
En Tehuacán, la segunda ciudad más importante de Puebla, el trasporte público está monopolizado por la Asociación del Transporte Organizado de Tehuacán que preside Santiago Mendoza Tierra con más de 700 unidades de transporte y, como él mismo ha reconocido, 500 no cumplen mecanismos de seguridad.
Mendoza Tierra es conocido como “compadre de Barbosa”. Ha sido denunciado por organizaciones y por concesionarios como Miguel Ángel Ponche de la Fuente por sus intenciones de controlar las concesiones. En 2009 fue denunciado en la prensa local y estatal por la pretensión de ampliar sus rutas de transporte en la región.
La ruta que circula la zona de Izúcar de Matamoros y Atlixco a Puebla sobre la autopista Atlixcáyotl –la avenida más importante de la ciudad de Puebla– y una de las principales vías de acceso a Cholula, atraviesa toda la parte este del municipio hasta conectar con Atlixco. Tiene una longitud de 30 kilómetros y posee un amplia densidad circulatoria, pues une con la autopista Siglo XXI y enlaza las ciudades de Atlixco y Cuernavaca. Es operada por Héctor Castillo Flores con cerca de mil unidades de transporte bajo su mando.
Dagoberto Hernández Escorza es dueño de la empresa Puebla-Cholula y Anexas y maneja la ruta de camiones conocidos como Directos.
La familia Cordero Arroyo en Zacatlán y la familia González Becerra en Teziutlán controlan el transporte en esas regiones de la entidad poblana, cuya influencia y negocios en el transporte público poblano permanecen intactas con la reforma de Barbosa.
Mientras la RUTA atraviesa la ciudad de Puebla, los concesionarios unitarios que antes pululaban por la ciudad hoy sólo la abastecen; pocos aún circulan dentro de su territorio, pero sólo mediante su autorización.
Los “piratas” de Barbosa
Javier León Bustos, actual delegado de la Ruta 25-Nueva visión, posee la concesión de una camioneta Urban para transporte de pasajeros. De su trabajo dependen directamente su esposa y sus dos hijos. Por 22 años se ha dedicado a transportar a gente. Domina su giro e incursionar en uno nuevo sería la muerte para él y los suyos –asegura–.
La Ruta 25 es una de las más longevas en la ciudad de Puebla, cuenta con su documentación en regla y ha crecido al ritmo que demanda el populoso sur de la capital poblana. No obstante, desde hace dos años, 34 de sus 140 integrantes reunieron toda la documentación requerida y realizaron el obligado “pago de derecho” para que la Secretaría de Movilidad les abriera el trámite para obtener una concesión. Hasta el momento “la Secretaría no ha querido dar el siguiente paso. Nos tiene atorados ahí”.
Hoy, miles de choferes que dependen únicamente de esta actividad en centenas de rutas en la entidad, son catalogados por la autoridad como “piratas” por no tener tarjetón y placas que la SMTP se ha negado a expedirles.
El golpe bajo del gobernador
No obstante, algunas rutas pequeñas sobreviven, sus dueños apenas poseen una o dos concesiones de las que viven y sobreviven sus familias. Otros más sin concesión, pero autorizados por la SMTP, ya prestaban el servicio y sólo esperaban que esta dependencia les liberara el tarjetón y las placas para hacerlo de forma legal. Hace unos meses, la decisión mayoritaria de los diputados locales del partido Morena cambió la vida y el destino de los nuevos “piratas”.
Los transportistas que tienen una concesión o desean obtener una, apenas subsisten de este giro económico.
La vida de León Bustos y sus compañeros corre peligro. Cuando el Gobierno empiece a aplicar la ley que recientemente modificó le “quitaría cabronamente la estabilidad económica y emocional. No somos ricos. Realmente una concesión no es como tal un negocio, vamos viviendo al día”, comparte el delegado. A sus necesidades diarias y a las de su familia se suman las necesidades de un vehículo que día con día se devalúa: las mensualidades de la unidad, su mantenimiento: afinaciones, cambio de asientos, llantas, aceites, verificaciones, entre otras; si no los cumplen, la hipoteca de sus casas ha sido dada en garantía. O pagan o les quitarán su único patrimonio.
Si las familias de la Ruta 25 se paralizan los usuarios habituales de este servicio también se verán afectados. Si las 34 unidades dejan de dar servicio en un día, ello equivaldría a que durante tres de las seis vueltas que suelen dar en promedio por unidad al día 680 personas se quedarían varadas o tendrían que demorar más en tomar una unidad para que las transporte a su destino. Asimismo, los checadores de la ruta perderían su trabajo y, a su vez, las familias de éstos. Pero esta situación no sólo es de la Ruta 25, sino de otros cientos más de permisionarios a lo largo y ancho del estado que dan servicios los 365 días del año. Miles de operadores afectarían la rutina de otros miles de poblanos pobres que necesitan del transporte público para ir a su trabajo y ganarse la vida.
La Ruta 25 es una de las pioneras del transporte público en Puebla. Es conocida porque sus integrantes tienen más de 30 años militando en la agrupación política Movimiento Antorchista y con el paso de los años cada día más transportistas se adhieren a la organización que expresó su deseo de constituirse en partido y una vez cumplidos todos los requisitos del Instituto Estatal Electoral les fue negado ante la intervención del gobernador de Puebla Miguel Barbosa, quien el 19 de febrero amenazó a los antorchistas: “no crean ustedes que las amenazas de Aquiles Córdova (dirigente nacional de Antorcha) o de alguien más me preocupan. No, no, no… Se equivocan; que revisen qué han hecho, cuántos taxis piratas tienen, cuántos corralones piratas hay, todo, todo…”.
El 12 de marzo, la iniciativa barbosista con dedicatoria a los antorchistas entró en vigor. Mientras tanto los 34 transportistas de la Ruta 25 esperan a que la Secretaría les abra el trámite que esperan desde hace dos años, contrario a la atención que recibieron los concesionarios de la RUTA y de los grandes derroteros de la capital y municipios conurbados.
–¿Por qué aseguran que la ley del gobernador iba dirigida a ustedes?, se le pregunta a Javier Bustos.
–El ataque va dirigido al Movimiento Antorchista. Nos quiere amedrentar y decir quién tiene el poder. Nosotros no somos la única ruta con ese problema, pero él directamente señala que se tiene que acabar con eso en Antorcha (en las grúas, en el transporte y en todo lo que tenga que ver con la organización). Le pegan a la organización para que los demás vean que no es nada más a nosotros, sino que sirvamos de ejemplo. Pero, en realidad, le está pegando a la gente que tenemos menos recursos.
–¿Le tienen miedo a las acciones del gobernador?
–En cierta forma sí, nos preocupa porque ellos modifican la ley a su antojo. Es realmente preocupante.
León Bustos, en nombre de los transportistas antorchistas y no antorchistas que se han sumado a esa organización social en defensa de su fuente de trabajo, confiesa que lo único que les interesa es que el Gobierno libere sus trámites para que no sean “piratas”. El dilema es claro: “si el gobierno no nos regulariza, ¿cómo pretende que seamos regulares? Él tiene la respuesta”.
La traición de Morena
Nibardo Hernández Sánchez, diputado de Acatlán de Osorio, Puebla opositor a esta ley del gobernador. En su intervención ante el Congreso local manifestó: “los diputados de Morena están legislando en contra de los pobres que les brindaron su voto y su confianza para llegar al poder. Con esta nueva ley, el gobernador Barbosa Huerta deja en evidencia que su gobierno no está defendiendo los intereses de los poblanos trabajadores; por el contrario, los ha hecho más pobres al convertirlos en “piratas” y dejarlos sin su única fuente de trabajo”.
Atrás quedaron las arengas de campaña del gobernador morenista donde prometía que en su administración los pobres serían los primeros en ser atendidos; hoy son los primeros en ser criminalizados.
Los transportistas unitarios no esperan el milagro de que la ley que hoy los condena sea derogada. Insisten en que el Gobierno haga su parte porque ellos ya hicieron la suya. Pero en Puebla, la cabeza del pulpo camionero manda, el congreso asienta y el dedo del gobernador señala.
Los transportistas adivinan el deseo de Barbosa: “pretende monopolizar completamente el transporte, erradicarnos. Es más fácil quitarle al que sólo tiene una concesión y que no le dejamos prácticamente ningún dinero, que al que tiene 20, 50 conseciones o el metrobús, que le van a dejar millones de pesos durante años”, sentencia Javier Bustos, quien junto con su grupo se ha visto fuertemente perjudicado durante la contingencia por el coronavirus y se resiste a dejar de trabajar: “si paramos qué vamos a comer”.
