Esta mañana se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos en Materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal que establecen las medidas a seguirse en el ejercicio del gasto público federal.
La Ley Federal de
Austeridad Republicana rige el ejercicio presupuestal en nuestro país desde el
20 de noviembre de 2019.
La secretaria de la Función Pública, quien
presidirá el Comité de Evaluación de las medidas implementadas, expresó esta
mañana que, tanto la Ley como sus Lineamientos “son un compromiso del Gobierno
de México para acabar con el dispendio y la corrupción, prevenir los conflictos
de interés, fortalecer el gasto social al frenar el derroche y separar los
intereses públicos de los privados sin afectar derechos los derechos del
pueblo».
La emisión de los Lineamientos “permitirá seguir
profundizando el combate a la desigualdad social, la corrupción, y el
despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”, expresó Sandoval
Ballesteros.
Dichos lineamientos fueron firmados también por
el secretario de Hacienda y Crédito Público; las personas titulares de las
Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes serán las responsables de
implementarlos, pero serán los Órganos Internos de Control, dependientes de la
Función Pública, los que vigilarán y verificarán su cumplimiento.
Los lineamientos establecen criterios en materia
de recursos financieros, administración de recursos humanos, recursos
materiales y servicios generales, fideicomisos, transparencia, rendición de
cuentas y fiscalización, estas últimas, a través del Comité de Evaluación, que
emitirá los parámetros para la elaboración y presentación del diagnóstico de
las medidas de austeridad.
Entre los puntos sobresalientes destacan que los
gastos operativos en materia de recursos materiales, suministros y servicios
generales se deberán limitar a los mínimos indispensables sin afectar las metas
institucionales.
Señala como punto esencial el uso de las compras
y contrataciones consolidadas en las operaciones públicas para disminuir los
costos y lograr mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, tanto en
la adquisición como en el arrendamiento de bienes.
Además, en lo referente a telefonía celular,
servicios de comunicación e internet, fotocopiado, equipo y congresos, entre
otros, los montos no podrán ser mayores a los ejercidos en el presupuesto
anterior, una vez considerados los incrementos de precios con base en el Índice
Nacional de Precios al Consumidor.
En materia de recursos humanos, sólo se podrán
hacer modificaciones a las estructuras orgánicas y salariales, siempre y cuando
no incrementen el presupuesto, además de que no se podrán crear plazas, salvo
que se cuente con la previsión presupuestaria aprobada en el Presupuesto de
Egresos de la Federación.
Por otra parte, no se podrán constituir o
celebrar fideicomisos o mandatos en las materias de Salud, Educación,
Procuración de Justicia, Seguridad Social y Seguridad Pública, salvo cuando su
creación esté prevista en ley, decreto o tratado internacional, y se prohíben
las aportaciones, transferencias o pagos en las que se utilicen instrumentos
que permitan evadir las reglas de disciplina financiera, rendición de cuentas,
transparencia y fiscalización del gasto que impulsa el Gobierno de México.
