El presupuesto en materia de salud para el próximo año supone un incremento de 12,758 millones de pesos frente a lo aprobado en 2020, pero continúa en niveles raquíticos para enfrentar la pandemia de Covid y lo más grave: mantiene la desigualdad que afecta a quienes trabajan sin seguro social, en la informalidad y sobre todo reduce el gasto per cápita (por persona) en los servicios de salud casi para toda la población aunque los más perjudicados serán quienes viven en zonas rurales marginadas y comunidades indígenas.
Si bien la reducción en gasto per cápita en materia de salud baja casi para toda la población, quienes recurren al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) -que sustituyó al Seguro Popular—y da cobertura a 69 millones de mexicanos sin seguridad social, son quienes llevan la peor parte, pues se les redujo en un 28% ese gasto.
Es decir de contar con un gasto per cápita de tres mil 607 pesos en este 2020, para el próximo año solo será de dos mil 602 pesos por persona, de acuerdo al Proyecto de Presupuesto para el próximo año, según un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
En cambio a los beneficiarios de Pemex se les aumenta el gasto per cápita el 16 % al pasar de 11 mil 512 pesos por persona a 13 mil 293 pesos para el 2021.
A los trabajadores del ISSTE también se les busca reducir el gasto per cápita al pasar de 4 mil 805 pesos a 4 mil 665 para este 2021.
En cambio los del IMSS se mantienen casi igual pues en este año su gasto per cápita es de 4 mil 653 contra 4 mil 626 para el 2021.
“La salud es un derecho, pero en México se ha convertido en un privilegio, se le considera una prestación laboral y se maneja como mercancía”, explica Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
El Proyecto de Presupuesto plantea destinar 145,414 millones de pesos a la secretaría de Salud lo que representa un aumento de 9.1% comparado con lo que aprobó para este 2020.
Sin embargo, del total del gasto a esta dependencia 140,095 millones de pesos, es decir el 96.4%, se destinaría a gasto corriente compuesto por los servicios personales, materiales y suministros, servicios generales e intereses y el resto, se enfocaría en inversión física.
Si bien al Insabi se le aumentan 9 mil 538 millones de pesos, esta cifra está muy por debajo de los 40,000 millones de pesos que se prometieron asignarle en la iniciativa que le dio vida a esta Institución que da “cobertura” médica a más de 69 millones de mexicanos que no tienen acceso a seguridad social en México.
Otros programas en materia de salud como el de prevención, infraestructura, mantenimiento en infraestructura y vacunas también sufrieron recortes, por lo que la especialista del CIEP Judith Senyacen Méndez, afirmó que, «no se puede considerar que este presupuesto pueda atender la crisis sanitaria» por la que atraviesa México derivada del Covid y que ya ha dejado un saldo de más de 76 mil decesos.
A siete meses de llegada del Covid-19 a México, el sistema de salud se encuentra en terapia intensiva, requiere oxígeno, le urge una transfusión de recursos, pero el gobierno presentó un presupuesto 2021 raquítico para la salud que reduce el gasto para los más pobres, y no alcanza para avanzar en la Cobertura Universal de Salud (CUS), ni para detener la pandemia., advierte Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
El PEF 2021 —agrega— no permite contener la pandemia, ni atender las epidemias de diabetes, hipertensión y obesidad de la población.
El presupuesto 2021 para la salud es insuficiente y mantiene la desigualdad. “Pareciera que no hay pandemia, que no estamos por llegar a 80 mil personas muertas por el Covid-19 según datos oficiales y que no ha habido un incremento en mortalidad en 2020”.
En tanto que la OCDE recomienda un gasto en salud de al menos 6% del PIB, la propuesta del gobierno apenas llega a la mitad: 3%.
Lo más grave es que el presupuesto 2021 mantiene la desigualdad que afecta a quienes trabajan sin seguro social, en la informalidad y sobre todo a las comunidades rurales e indígenas marginadas.
“La desigualdad del gasto público en salud es inaceptable”, establece.
Antes del Covid-19, la segmentación de la seguridad social excluía al 62% de personas ocupadas: 34.2 millones de personas trabajan sin acceso a servicios de salud de la seguridad social.
Entre ellas, 15.2 millones con trabajo asalariado y subordinado a quienes se les niega la afiliación, se les coloca en la informalidad, como lo muestran los datos del Observatorio de Trabajo Digno de “Frente a la Pobreza”.
De 2010 a la fecha, mientras la población creció en 12 millones de mexicanos, el gasto en salud se estancó. A partir de 2017 bajó de 2.8% a 2.5% del PIB. En 2020 la pandemia nos sorprendió con un presupuesto raquítico, pero además con un hábito de subejercicio que alcanzó cifras dramáticas en 2019.
El bajo gasto presupuestal hace que la carga del financiamiento del sistema de salud recaiga en las familias. México ocupa el segundo lugar entre los países de la OCDE con mayor gasto privado de bolsillo. Las personas financian con gasto privado la mitad del gasto en salud, lo cual aumenta aún más la desigualdad e impide en la práctica el ejercicio del derecho a la salud, acusan.
