El contingente de la Marcha del Hambre y el Desempleo fue recibido en la Delegación Estatal de la Secretaría del Bienestar federal, y como nadie pudo contradecirlos ni alegar que sus demandas fueran descabelladas, inventadas o imposibles de resolver, a todo les dijeron que sí los funcionarios que los atendieron… o algo así.
Al cabo de seis días de recorrido a pie desde la población de San Juanito, en Bocoyna, hasta la capital del estado (226 kilómetros, manos el último tramo en camión), la comisión de representantes de 40 comunidades de los municipios serranos de Guachochi, Urique y Bocoyna, fue “desactivada” y despachada con nuevas promesas.
¿Cómo los trataron los funcionarios de la “Cuarta Transformación”?
Para empezar, les prometieron que iban a acudir a la Sierra a revisar con ellos -en mesas de trabajo-con qué programas “podían” “ayudarlos”. Pero al mismo tiempo, todos los funcionarios repetían como loros que “ya estamos atendiendo al campo y a los indígenas con programas federales”. Y se atreven a citar cantidades multimillonarias, delante de la gente que, con su pura presencia, los desmiente de manera categórica.
La primera reacción natural fue de rechazo y de amenazas: No fue el delegado de AMLO, Juan Carlos Loera de la Rosa, fueron sus empleados los que perpetraron el trabajo sucio. El 9 de septiembre, después de que se anunciara esta tercera Marcha del Hambre en la Sierra de Chihuahua, “servidores de la Nación” fueron enviados a las comunidades a amenazar a los indígenas de Guachochi y Bocoyna, con que si participaban en la protesta, les serán retirados los apoyos de Gobierno federal, según lo denunció en esa oportunidad el coordinador de la manifestación, Luis Carlos González Fierro. ¿Más reacciones? Un oficio que les hicieron llegar el pasado lunes, donde Desarrollo Rural de la federación les quiso hacer creer que, respecto al Programa de Producción para el Bienestar, antes ProAgro, se han beneficiado a 3 mil 234 personas con la cantidad de 2 millones 761 mil 600 pesos. ¿Hay más? El delegado federal, Juan Carlos Loera, desestimó, despreció, minimizó la marcha y aseguró que “la protesta es injusta porque algunos de los que van ahí, sí reciben ayuda de Gobierno”.
“Recibir ayuda del Gobierno” significa, entonces, que ¿ya con eso debes estar bien? ¿Quieren que el pueblo, los indígenas, se conformen con lo que “les dan”, como si López Obrador o Loera de la Rosa desembolsaran de su peculio esos recursos, y éstos no fueran parte del erario, es decir, dinero propiedad del mismo pueblo que se debe administrar en su beneficio? En todo caso, ellos (los funcionarios de Bienestar) se conciben como repartidores de dádivas o limosnas, y a la mínima fracción de los ciudadanos a los que atienden con esas mínimas aportaciones, los tratan como si fueran molestos limosneros.
La preocupación de los rarámuris aumenta debido a que, mientras en toda la Sierra se sufrió este año una sequía muy severa que les hizo perder las cosechas de frijol, maíz, avena y papa, con cuyos productos pensaban sobrevivir el invierno, el presupuesto federal para el campo para el 2021 está aún más recortado que el de este año, que ya de por sí vino muy mermado. Los programas de apoyo como ProAgro, vieron disminuir sus bolsas a lo mínimo, y para muchos la cantidad es vergonzosa cuando el objetivo era fomentar la agricultura. Otro ejemplo de esta política de estrangulamiento del campo es que desapareció el Seguro Catastrófico.
¿Qué es lo que piden los indígenas?
El coordinador de la Marcha del Hambre y el Desempleo, Luis Carlos González Fierro, destacó que los apoyos solicitados son: que se incluya a todas las comunidades originarias en 18 programas del Gobierno federal, entre ellos el Sembrando Vida; apoyos para agua potable, credenciales para descuento en el ferrocarril, materiales para vivienda, regularización de ejidos y predios, construcción de puentes colgantes, entre otras demandas que ya habían sido incluidas en la petición por escrito que les fue recibida en mano y firmada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 28 de octubre de 2019, en San Juanito.
¿Y si no les cumplen?
González Fierro señaló que los gobernadores rarámuris volverán a confiar en que la Delegación del Bienestar atenderá las necesidades planteadas, pero advirtió que, de presentarse un nuevo incumplimiento, no volverán a negociar aquí y realizarán una nueva marcha directo a la Ciudad de México.
