Homero Aguirre Enríquez
| La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declara constitucional organizar una consulta para preguntar si se juzga o no a políticos del pasado, fue el desenlace anunciado de un operativo de varios meses para lograr el control total del Poder Judicial por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que en los hechos anula el papel de ese máximo tribunal como contrapeso del Poder Ejecutivo, el cual desde hace ya casi dos años tiene sometido al Poder Legislativo con la obediencia ciega e interesada de los legisladores de Morena y otros partidos. Aunque diga lo contrario y se cure en salud usando a diario escenografías de héroes patrios, el presidente de México cada vez se parece más a un dictador que a un demócrata; más a Porfirio Díaz que a Madero; menos a Juárez y más a Napoleón III.
El operativo para controlar absolutamente el Poder Judicial tuvo tres episodios: primero, la salida forzada de Eduardo Medina Mora, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo del Torquemada más célebre de la 4T, Santiago Nieto Castillo, le canceló cuentas bancarias personales, de sus hermanos y de algunas actividades empresariales presuntamente ligadas a él, cuentas que poco después fueron desbloqueadas, en octubre de 2019, inmediatamente después que Medina Mora renunció, “por razones personales”, y dejó libre uno de los 11 lugares de la SCJN sin que fuera necesario que el ministro renunciante acudiera al Senado a explicar y solicitar su salida. En vista del éxito de ese abusivo mecanismo, sin ningún rubor, Santiago Nieto lo usa cada vez que necesita acosar o intimidar a algún enemigo del presidente, ejemplos abundan.
Después, vimos cómo se operó para introducir en la SCJN a integrantes que tienen nexos muy cercanos con el gobierno de López Obrador o han ocupado altos puestos en él. Algunos de esos ministros ahora alambicaron los argumentos a más no poder, en aras de defender la consulta solicitada por el presidente, aunque tuvieran que cambiar el texto de la pregunta, que mencionaba explícitamente a los ex presidentes, y aunque todo mundo dijera que no era necesaria tal consulta, pues el presidente López Obrador, o cualquier otro ciudadano, puede iniciar un procedimiento penal si tiene elementos y pruebas para acusar a tales personajes de haber cometido delitos. Pero el objetivo de la maniobra no es encarcelar a ex presidentes, sino ganar votos y ocupar la atención del público en temas que no sean la mortandad de la pandemia, la delincuencia y la pobreza ascendentes. Es de tal importancia dicha consulta para el espectáculo preelectoral, que fue el propio presidente quien tuvo que hacer la solicitud a la SCJN, ante el sonado fracaso de la recolección de firmas para respaldar la petición, de las cuales ya nadie de la 4T quiere hablar, pues fue tan grotesco el mecanismo para falsificar muchas de ellas que optaron por archivarlas en alguna recóndita bodega, evitando cuidadosamente insistir en que las contaran y autentificaran.
Finalmente, en los días previos a la decisión respecto a la constitucionalidad de la consulta, vimos la presión pública del presidente para que la SCJN aprobara la solicitud, e incluso amenazó con modificar la Constitución, mediante el uso de los levantadedos que tiene en el Poder Legislativo, para que se modificaran los criterios para someter algún asunto a consulta. Y si así estuvo la presión pública, ¿será mucha imaginación suponer que hubo enormes presiones “en corto” contra los ministros remisos a la orden “de arriba” y escrupulosos en su desempeño profesional? La postura de Norma Piña, quien dijo ayer que su responsabilidad como ministra de la SCJN es no ceder a más presiones que las que corresponden a su mandato de control constitucional, indica que existieron presiones de otra naturaleza. ¿Y que el Ejecutivo presione a la SCJN es democrático y republicano, como presume ser el inquilino principal de Palacio Nacional? Obviamente que no.
Alguien dirá que lo ayer sucedido es solo una anécdota más de la picaresca política mexicana, otro episodio, versión 4T, de que “la moral es un árbol que da moras” o de “el que no tranza no avanza”, una maniobra más de las muchas que se han hecho durante siglos desde que las sociedades tienen Estados compuestos formalmente de tres poderes, pero en realidad sujetos a la voluntad de quien controla el presupuesto y las fuerzas armadas; algo hay de cierto en eso, también antes el Ejecutivo intervenía en los otros poderes en algunas coyunturas de nuestro país, pero la dimensión y el cinismo de lo que estamos viendo que ocurre en nuestro país, anuncia peligros y daños gigantescos para la tranquilidad y las libertades de la mayoría de los mexicanos.
La escena de una SCJN dominada y presionada hasta la ignominia se complementa perfectamente con el modelo de país al que aspira el presidente, uno donde sólo él mande, donde no haya contrapeso alguno de otro poder constitucional; donde la sociedad esté atomizada y sujeta a la benevolencia del hombre de las mañaneras, cuya benevolencia se materializa en una tarjeta con algunos pesos entregados a su libre arbitrio desde una bolsa de miles de millones de pesos reunidos mediante la cancelación de programas, obras públicas, protección a víctimas, fideicomisos de ciencia, cultura, cine, deporte, etcétera; un México donde cualquiera que proteste o critique, aunque lo haga con respeto y mesura, sea linchado desde el Santo Oficio que se instala diariamente a las siete de la mañana, satanizado por medios de comunicación al servicio del nuevo poderoso, acusado de corrupto, sometido a la persecución del cancerbero fiscal y amenazado con la cárcel. Un México espantoso y umbrío para la mayoría.
Es un momento adecuado, elocuente por la gravedad de lo que ocurrió en la SCJN, para reiterar la urgencia de actuar en el terreno que aún no ha sido copado por los abusivos en turno; es tiempo de formar alianzas eficaces en el terreno electoral, una suma de fuerzas pensantes y actuantes que impulsen a gente valerosa, clara de pensamiento, con una trayectoria limpia y una propuesta de gobierno local y nacional que permita que el país avance, progrese, salga de la pobreza, se eduque, se vuelva culto y no se empoce material y moralmente en la megalomanía y la arbitrariedad de un solo hombre.
