Ayer, un día después de que el Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA, por sus siglas en inglés) enviara una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador quejándose de que las autoridades hacendarias mexicanas están intimidando a los contribuyentes para que no contraten defensores legales en litigios de tipo fiscal, especialistas en el país advirtieron que la misiva podría acarrearle juicios a México en cortes internacionales.
«Las acciones violan las nociones fundamentales del debido proceso y los derechos humanos reconocidos… (por) la Constitución Política de México y… la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que México es parte», anotó en su misiva el martes ABA.
Al respecto, Bernardo Elizondo Ríos, del despacho legal Adame y Elizondo Abogados, señaló que a raíz de la queja de ABA la Convención Americana de Derechos Humanos está en facultades de llevar a juicio a México.
«Al tenor del Pacto de San José, podría investigar de oficio o a instancia de una parte las violaciones graves que existan a los derechos humanos por parte del SAT».
Y es que ABA señaló que funcionarios mexicanos han pedido a personas y a empresas de las que sospecha que no han cumplido con sus obligaciones fiscales que se abstengan de buscar una representación legal y en su lugar se acerquen directamente al SAT para corregir su situación.
«La Procuraduría Fiscal de la Federación está iniciando o amenazando con iniciar investigaciones penales como táctica de negociación para presionar a personas o entidades para que corrijan cualquier mala conducta tributaria», anotó por escrito.
Un fiscalista miembro de una asociación de contadores refirió que hay despachos particularmente en la mira del SAT por haber diseñado los esquemas fiscales de Walmart, IBM, Femsa y otras empresas que han aceptado pagar multas millonarias.
Pedro Lara, del despacho PRL & Asociados -afiliado a la firma global Geneva Group International-, afirmó que todos los Gobiernos de manera legítima pueden establecer leyes que generen percepción de riesgo ante el incumplimiento fiscal.
«Pero en México la estructura legal está tan desequilibrada en la forma que la aborda el SAT que ahora los derechos de defensa están materialmente cancelados.
«Muchas empresas ya no pueden recurrir a medios de defensa porque los plazos son muy largos y tienen que enfrentar sus procesos con cuentas bancarias y sellos digitales cancelados».
Elizondo y Lara coincidieron en que en una primera instancia la Convención Americana de Derechos Humanos podría hacer algunas recomendaciones al Gobierno mexicano para restablecer el Estado de Derecho.
«Pero, por lo pronto, México queda muy mal parado ante los inversionistas internacionales que lo primero que buscan para traer sus capitales es un Estado de Derecho y respeto a derechos humanos», dijo Elizondo.
ABA instó a AMLO a que se asegure de que su Gobierno respete el Estado de Derecho y a que instruya a todos los funcionarios a respetar el derecho de las personas a buscar asesoría legal, libres de interferencia del Gobierno.
