Omar Carreón Abud
| Teóricamente, todos los mexicanos en edad de trabajar, pagamos impuestos, es decir, tenemos la obligación de sostener con una parte de nuestros ingresos el funcionamiento del Estado. Digo teóricamente porque en la práctica hay muchos mexicanos, sobre todo entre las clases poderosas, que no pagan impuestos o pagan muy poco, pero, hasta este punto de mi comentario, no me interesa analizar las diferencias entre unos mexicanos y otros sino dejar sentado que el Estado no se mantiene solo ni funciona de papel moneda impreso en una máquina, sino que existe y opera gracias a la riqueza que producen los mexicanos con su trabajo diario y que le transfieren mediante el pago de las diversas modalidades de impuestos.
Es más. Si partimos de la base de que sólo el trabajo produce riqueza, comprenderemos que en última instancia, el Estado de cualquier país se mantiene de la riqueza que produce la clase trabajadora. El capital, o sea, los medios de producción y el dinero, son indispensables para producir, eso es cierto, pero son también trabajo, trabajo pretérito que ha tomado la forma de materias primas, maquinaria, equipo y dinero, pues el dinero es una modalidad de las mercancías. En fin, me conformo con dejar bien argumentada y demostrada la idea de que los impuestos son riqueza producida por los trabajadores y transferida al Estado mediante los impuestos que, como su nombre lo indica, se le imponen por obligación a todos los ciudadanos en edad de trabajar.
Pues bien, de acuerdo con el pacto social actualmente en vigor en muchas partes del mundo, incluido nuestro país, el Estado es un aparato al cual el pueblo le confía su representación para que mantenga la paz, el orden y el progreso de todos. Consecuente con esa idea básica que hasta ahora no se ha rechazado en nuestro país, el Estado tiene la obligación ineludible de utilizar los recursos que el pueblo coloca en sus manos en beneficio de toda la población para proveerla de las condiciones necesarias para vivir en paz y con seguridad, dotarla de infraestructura propicia para vivir y producir, así como condiciones adecuadas y suficientes para mantener su salud y su vida. Es, pues, responsabilidad del Estado administrar y usar sus ingresos en beneficio de la población en su conjunto.
En este sentido, es importante que el pueblo de México esté enterado de que en nuestro sistema de captación de contribuciones, es el gobierno federal el que tiene, y con mucho, la mayor facultad legal de absorber los impuestos. Es el gobierno federal el que tiene derecho a cobrar y a quedarse con el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado (IVA). Cobra y se queda con la parte del león. A los estados de la unión y a los municipios les quedan pocos aspectos para cobrar impuestos, por eso, sus ingresos tributarios son mucho menores. En tal virtud, cada año, el gobierno federal, a través de la Cámara de Diputados, aprueba el llamado Presupuesto de Egresos de la Federación, mediante el cual se transfieren recursos para su sostenimiento a los estados y a los municipios.
Entendido esto, a nadie debería sorprender que, por un lado, los ingresos, digamos, propios, de estados y municipios, sean raquíticos y, por tanto, a nadie debería de sorprender que estén permanentemente sujetos a las entregas de dinero que la federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tenga a bien hacerles. En efecto, si se les tiene maniatados para cobrar los impuestos que dejan más ingresos, en estricta justicia no se les debería de criticar por disponer de pocos recursos propios para su funcionamiento y el desarrollo de sus entidades respectivas, se les debería de apoyar.
Ahora bien, el dinero que aporta cada año el gobierno federal lo usan los estados y los municipios en el funcionamiento de sus propias estructuras gubernamentales, eso es cierto, pero también en proveer a sus ciudadanos, sobre todo a los más pobres, que son la inmensa mayoría y son los que más lo necesitan, de recursos para vivir en paz y seguros, para contar con la infraestructura básica, para educar a sus hijos y para mantenerse sanos, entre otras necesidades básicas que tienen que satisfacer. En una palabra: dependen de la federación.
Pues bien, el problema estriba en que ahora, el gobierno morenista de la llamada Cuarta Transformación, encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, decidió proponer a la Cámara de Diputados un presupuesto para ejercer en el año 2021 que recorta drásticamente las transferencias a los estados y municipios y los va a dañar grave e irreversiblemente. Tómese en cuenta que si bien es cierto que la propuesta todavía la tiene que aprobar la Cámara de Diputados, este organismo está dominado por el Partido Morena y los militantes de este partido han venido acatando diligentemente las instrucciones del ejecutivo, por lo que no es ninguna exageración afirmar que la aprobación del presupuesto recortado, así como lo ha enviado el presidente, será casi segura.
Como respuesta a esta amenaza gravísima, de incalculables consecuencias para la mayoría de las entidades de la república, diez gobernadores cuyos estados concentran el 45.6 por ciento del recorte total, han convocado a los tres poderes de sus estados y a sectores representativos de sus entidades a unirse y levantar una sola voz de protesta. Entre ellos está el gobernador de Michoacán, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, quien calculó que de aprobarse el proyecto de presupuesto lopezobradorista para 2021, el estado de Michoacán dejaría de recibir siete mil 728 millones de pesos. “Las michoacanas y los michoacanos -dijo- merecen saber, que estas decisiones del Gobierno Central ponen a nuestro estado en una situación muy difícil porque están provocando de manera inmediata, la parálisis de la actividad económica de nuestra entidad, pérdida de empleos, empobrecimiento y una grave disminución de las capacidades del gobierno estatal y de los municipios para atender las necesidades de la población”.
El gobierno de la 4T es un gobierno neoliberal embozado que, con el pretexto del combate a la corrupción, está empeñado en encoger al Estado reduciendo sus funciones a las de proveer las condiciones indispensables para la inversión y la obtención de ganancias, al mismo tiempo y como necesaria consecuencia, aparta a una buena parte de los actores políticos de las labores de gobierno en todo el país, es decir, lleva a cabo un peligroso proceso de centralización de la toma de decisiones y de la administración de los recursos y, finalmente, opera una política facciosa de utilización del Estado con fines electorales en beneficio del Partido Morena. “México -dijo acertadamente el gobernador Silvano Aureoles- está en riesgo, la república está en peligro, se identifican fuertes síntomas de tiranía, hay un tufo a lo largo y ancho del país de centralismo y autoritarismo” e hizo un llamado a cerrar filas por Michoacán y por México, llamado que respaldamos de manera decidida y entusiasta, pues se trata de luchar a favor del pueblo. Nada hay más digno.
