Por presunto desvío de recursos que ascienden a 100 millones de pesos, la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó dos denuncias penales en contra de José Juan Espinosa Torres, diputado local por el Partido del Trabajo (PT).
Por medio de su cuenta de Twitter, el organismo informó que una de las querellas fue interpuesta por los delitos de peculado, fraude, asociación delictuosa y abuso de autoridad cuando el ahora legislador fue presidente municipal de San Pedro Cholula.
Dichos delitos pudieron derivar en una presunta malversación superior a los 85 millones de pesos durante la gestión municipal entre 2015 y 2017, ya que su gobierno contrató a distintos proveedores para adquirir bienes y servicios, sin embargo, no hay registros de los mismos.
Según la ASE, las empresas que fueron contratadas no se encuentran dadas de alta ante el SAT o no corresponden al giro comercial para el que fueron registradas, además de que los domicilios donde prestan sus servicios son predios o locales abandonados.
Además, el organismo a cargo del auditor Francisco Romero Serrano presentó una segunda denuncia contra Espinosa Torres por el delito de simulación de operaciones con facturas apócrifas, por un monto de superior a los 15 millones de pesos.
Los presuntos daños patrimoniales al interior del Ayuntamiento de San Pedro Cholula ascienden a un monto total de 100.6 millones de pesos, por lo que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción llevará a cabo las investigaciones correspondientes.
Tras hacerse públicas las denuncias en su contra, José Juan Espinosa señaló que el tema obedece a una persecución política, hecho que atribuyó al gobernador Miguel Barbosa Huerta y al presidente del Congreso del estado, Gabriel Biestro Medinilla.
A través de sus redes sociales, el legislador del PT adelantó que responderá a las “denuncias fabricadas” de la ASE, además de mantener firmes sus aspiraciones para contender en las elecciones de 2021.
Asimismo, aseguró que su gestión como alcalde de San Pedro Cholula fue honesta y sin corrupción, por lo que vigilará que la Fiscalía General del Estado (FGE) conduzca las investigaciones apegadas a derecho.
