Al menos 18 Delegados de Programas para el Desarrollo, mejor conocidos como “superdelegados”, han sido denunciados por presuntos actos de nepotismo, abuso de autoridad, mal ejercicio de recursos públicos y hasta abuso sexual, delitos que son investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Tres de los funcionarios investigados dejaron su cargo en busca de la candidatura de Morena al gobierno de sus estados. Se trata de Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado en Chihuahua; Índira Vizcaíno Silva, de Colima, y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de Guerrero, quien es hermano de la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
De acuerdo con información del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Bienestar a la que tuvo acceso Animal Político, las indagatorias en curso derivan de denuncias presentadas en 2019 y 2020.
Los superdelegados son los representantes del Ejecutivo federal en los estados y tienen la encomienda de verificar la cobertura y aplicación de los programas sociales del gobierno.
Gobernadores de oposición acusaron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirió a sus delegados poderes que se equiparan a las atribuciones de los propios gobernadores. A su vez, dada su exposición a nivel estatal, tales funcionarios se posicionaron como naturales candidatos a las gubernaturas de los estados donde operan.
En octubre del año pasado, Irma Sandoval reveló que nueve delegados estaban bajo investigación por mal uso de los programas sociales que tienen a su cargo: Aldo Ruiz (Aguascalientes), Juan Carlos Loera (Chihuahua), José Antonio Aguilar Castillejos (Chiapas), Índira Vizcaíno (Colima), Mauricio Hernández Núñez (Guanajuato), Rodrigo Abdalá (Puebla), Gabino Morales (San Luis Potosí), José Jaime Montes Salas (Sinaloa) y Jorge Luis Taddei (Sonora).
La lista de funcionarios indagados se duplicó luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al OIC, que depende de la SFP, investigar a otros delegados por incurrir en el delito de promoción personalizada con el uso indebido de recursos públicos.
Proselitismo con sombrero ajeno
En el expediente SER-PSC-71/2020, de diciembre de 2019, la Sala Regional Especializada del TEPJF concluyó que 14 superdelegados violaron el artículo 134 constitucional por hacer campaña a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador con el reparto de programas sociales.
Los funcionarios investigados por el OIC a instancias del TEPJF son los delegados de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval; Estado de México, Delfina Gómez; Veracruz, Manuel Huerta; Yucatán, Joaquín Díaz Mena; Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera; CDMX, María Cristina Cruz, y Coahuila, Reyes Flores Hurtado.
También Roberto Pantoja, de Michoacán; Katia Meave, de Campeche; José Antonio Aguilar Castillejos, de Chiapas; Mauricio Hernández, de Guanajuato; Rodrigo Abdalá, de Puebla; Gabino Morales, de San Luis Potosí, y Aldo Ruiz, de Aguascalientes.
La información obtenida por Animal Político indica que varios de estos superdelegados no sólo hicieron proselitismo a favor del presidente López Obrador, sino de ellos mismos.
Un caso es el de la delegada de Colima, Índira Vizcaíno, quien renunció al cargo el 31 de octubre. La indagatoria, con el folio 2019/DE308, inició a raíz de una denuncia presentada por la diputada federal morenista Claudia Yáñez Centeno, también de Colima, quien acusó a Vizcaíno -tanto en la SFP como en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE, antes Fepade)- de hacer un uso discrecional de los recursos de programas sociales para hacer campaña.
Otro delegado que es investigado por promoción de su imagen con recursos públicos es el sinaloense José Jaime Montes Salas, a raíz de una denuncia integrada en el expediente 2020/DE555. La acusación afirma que, en medio de la pandemia, el funcionario hizo campaña con la entrega del programa de pensión para adultos mayores “68 y Más”, en compañía del Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.
El superdelegado de San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza, acumula la mayor cantidad de indagatorias abiertas por la SFP en su contra (8 en total). El expediente 2019/DE70 se inició a partir de una denuncia que acusa al funcionario de cometer actos de proselitismo político en comunidades de Tamazunchale, donde el delegado, presuntamente, dijo que los programas sociales llegaban gracias a él y a la delegada regional Briseida García.
Otra investigación en curso contra el superdelegado potosino, la 2019/DE31, está relacionada con la megafiesta que el funcionario organizó por su cumpleaños en abril del año pasado y que, según la denuncia, habría costado 2 millones de pesos. Otras tres investigaciones señalan probables despidos injustificados.
Denuncias de abuso sexual
La denuncia más grave contra el delegado de San Luis Potosí, Gabino Morales, forma parte del expediente 2019/DE79, donde se le acusa de abuso sexual y acoso laboral cuando se desempeñaba como dirigente estatal de Morena; también se le señala de agresiones sexuales en contra de mujeres que trabajan como Servidoras de la Nación.
En febrero de 2019, diputadas federales de Morena demandaron al Presidente López Obrador destituir a Morales Mendoza, quien, señalaron, ha continuado al frente del cargo público pese a que ha sido denunciado ante la Fiscalía General del Estado “por hostigamiento, amenaza, difusión ilícita de imágenes, abuso sexual y violencia política”. Además, sostuvieron, fue inhabilitado por el órgano disciplinario del partido, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), sin consecuencias para él.
Consultado por Animal Político, Morales Mendoza se limitó a decir que “no ha tenido ninguna notificación” de las investigaciones de la SFP en su contra, aunque no se pronunció sobre el contenido de las acusaciones.
A principios de octubre se dio a conocer en medios que otro delegado, el veracruzano Manuel Huerta, también fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General del Estado por presunto abuso sexual. Este medio no pudo corroborar si en la SFP existen denuncias por estos hechos en contra del funcionario, ni si la institución ha iniciado de oficio alguna investigación al respecto.
Acusaciones de nepotismo
Juan Carlos Loera fue hasta hace una semana el delegado federal de Chihuahua, cargo que dejó para contender por la candidatura de Morena al gobierno estatal. Esta semana retomó su curul como diputado federal.
En el expediente 2019/DE45, la SFP investiga al funcionario por presunto nepotismo, debido a que una sobrina suya, Myrna Brighite Granados de la Rosa, habría sido contratada en la delegación que él encabezó.
Este señalamiento de nepotismo alcanza hasta a la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, pues la sobrina del ahora exdelegado trabajó en 2019 como su secretaria particular con un sueldo de 45 mil pesos mensuales, aun teniendo la licenciatura trunca.
La acusación incluye a dos compadres de la subsecretaria Montiel: Luis Fernando Duarte González, delegado regional en Parral, y su esposa, Ishtar Ibarra Barraza, directora de área de Bienestar en la Ciudad de México. Reforma confirmó el año pasado que Montiel fue madrina de bautizo de una de las hijas de ese matrimonio.
La denuncia añade que Ishtar Ibarra vive en Chihuahua, aun cuando, por el cargo que tiene, debería despachar en la capital del país.
Otros parientes de De la Rosa tienen cargos en la SEP, el SAT y el IMSS, según registros públicos. El ahora diputado federal señaló en entrevista que su sobrina nunca trabajó para él directamente en la delegación estatal.
“A mí se me notificó de una entrevista que me harían funcionarios de la SFP, la cual se realizó hace ya casi un año, en la que se aclaró esto; esta persona, yo no sé si en el vínculo familiar sea efectivamente mi sobrina, los sobrinos son los hijos de los hermanos, y ella es hija de una prima, que no estuvo, nunca jamás, bajo mi coordinación, ni en la delegación ni en Chihuahua, y eso seguramente se aclaró, porque no hubo más, que yo me haya enterado, al menos hacia mí, alguna investigación, señalamiento o sanción”, sostuvo.
Una denuncia semejante de nepotismo concierne al superdelegado de Aguascalientes, Aldo Emmanuel Ruiz Sánchez. Como parte del expediente DGDI/DE84, se señala que dos primos del funcionario, Mariana Acela Picazo Sánchez y Miguel Ángel Sánchez Ramos, fueron contratados bajo el mando de Ruiz Sánchez.
La acusación expone que ambos familiares ingresaron al servicio público a la entonces Coordinación Nacional de Prospera, que inicialmente dependió de la delegación a cargo de Ruiz Sánchez y posteriormente migró a la SEP.
El delegado reconoció el parentesco familiar, pero aseguró que él no fue responsable de la contratación de sus primos. Además, dijo que nunca trabajaron directamente para él.
“Yo no he contratado familiares directos en la delegación de Bienestar, eso es una denuncia que nos llegó el año pasado, se respondió que estas personas que se señalan no están trabajando conmigo directamente, no están en Bienestar. Yo no soy el responsable de las contrataciones, para eso hay un responsable, en lo que a mí me toca, en mi responsabilidad, yo no he permitido ni promocionado familiares”, sostuvo.
Otras dos indagatorias contra Aldo Ruiz están relacionadas con presuntos despidos injustificados, y una más con la promoción personalizada denunciada por el TEPJF.
La hasta hace poco delegada de Colima, Índira Vizcaíno, también fue denunciada por presunto nepotismo, en el expediente con folio 2020/DE27.
La denuncia señala que la hermana de la ahora exdelegada, Juaenedi Vizcaíno Silva, ingresó a trabajar a la Secretaría de Bienestar al mismo tiempo que su pariente con el cargo de asesora de la titular de la dependencia, en ese entonces María Luisa Albores.
Posteriormente, a partir de este año, Juaenedi Vizcaíno fue ascendida a Directora de Vinculación con Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), que está bajo la coordinación de la Secretaría del Bienestar.
Zedryk Raziel
Con información de Animal Político
