El Órgano Superior de Fiscalización del estado (OSFE), evidenció el desorden político, corrupción e ilegalidades financieras imperantes en el Ayuntamiento de Macuspana, que encabezó el alcalde con licencia de Morena, Roberto Villalpando Arias, junto con su cabildo, incluida la Segunda Regidora y Primera Síndico de Hacienda, Concepción Falcón Montejo, cuñada del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Finalmente, la tarde de este miércoles 9, la Comisión Inspectora de Hacienda del Congreso, avaló el Informe Técnico del OSFE y reprobó la Cuenta Pública 2019 del Ayuntamiento de Macuspana, ahora sólo falta que pase al pleno en sesión ordinaria y ordene, en su caso, la aplicación de responsabilidades penales y administrativas.
El pasado 30 de septiembre, el Órgano Superior de Fiscalización del estado (OSFE) de Tabasco entregó al Congreso local solo los resultados de la revisión al ejercicio fiscal de 2019 del presidente municipal, Roberto Villalpando Arias, a quien le fueron observadas irregularidades, sin solventar, por más de 48 millones de pesos. El Congreso calificará esa Cuenta Pública este fin de año y decidirá si deben o no fincarse responsabilidades administrativas y penales por esos hechos de 2019. Y aún no se fiscaliza el lapso de 2020.
Por irregularidades, Congreso reprueba cuenta pública de Macuspana A principios de septiembre pasado, sorpresiva y furtivamente, el alcalde y los 13 regidores integrantes del Cabildo de Macuspana, junto con los suplentes, solicitaron licencia definitiva a sus cargos, por lo que el Congreso local tuvo que decretar la desaparición del Ayuntamiento, cuyo periodo 2018-2021, dejó inconcluso, por lo que se designó un Concejo Municipal, para concluir el año que le faltaba.
Oficialmente, ni el alcalde con licencia del municipio natal del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni los 13 regidores y los suplentes, nunca expusieron las razones por las que se separaron de sus cargos. El edil sólo dijo que por reincidencia de covid-19 y problemas de salud.
Macuspana fue el segundo municipio gobernado por Morena, el primero fue Jalapa, donde igual el total de regidores del cabildo, incluido su alcaldesa, renunciaban en masa y el Congreso decretó la desaparición del Ayuntamiento para designar en su lugar un Concejo Municipal. Oficialmente tampoco se dieron a conocer los motivos del abandono de los puestos municipales.
El OSFE detectó en la fiscalización al Ayuntamiento de Macuspana que en 2019 se simuló pagar gasolina a carros descompuestos, dar salarios y compensaciones a trabajadores fantasmas, erogar en despachos que no realizaron ningún servicio, dar viajes de transporte a burócratas para viajar a ninguna lugar y obras mal hechas, entre otras irregularidades, cuyos daños a la hacienda municipal suman más de 48 millones de pesos.
Todo ello, con el aval del Cabildo y principalmente de la Segunda Regidora y Primera Síndico de Hacienda, Concepción Falcón Montejo, esposa de José Ramiro «Pepín» López Obrador, quien cuando fue alcalde de Macuspana tuvo como director de la Contraloría Municipal a Villalpando Arias.
OMISIONES Y PAGOS INDEBIDOS
Entre las facultades de la Primera Síndico de Hacienda, además de la representación jurídica en litigios que lleva el Ayuntamiento y la de cuidar que la recaudación de los impuestos, derechos y aprovechamientos se efectuaran conforme a la Ley de Ingresos y otras disposiciones aplicables, tenía también que «cuidar que la aplicación de los gastos, se haga llenando los requisitos legales y conforme al presupuesto respectivo».
Sin embargo, el Ayuntamiento macuspanense, gobernado por Morena, fue un desorden y desastre total, que el alcalde y su cabildo terminaron por renunciar el pasado 1 de septiembre, a casi un mes de cumplir los dos años, y el Congreso tuvo que desaparecer legalmente ese gobierno, y el 7 de ese mes designar a un Concejo Municipal. Al OSFE aún le falta auditar este periodo de 2020.
De acuerdo con la muestra fiscalizada, el OSFE descubrió que el municipio pagó facturas por lubricantes y aditivos, en el que posteriormente el comprobante fiscal del SAT lo canceló el «proveedor», pero no devolvió el dinero al Ayuntamiento.
La orden de pago número 1875, del 10 de abril de 2019, por «adquisición de lubricantes y aditivos» utilizados en los camiones recolectores de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, por el importe de 430 mil 999 pesos, generó la factura 194, del 4 de abril de 2019, validada su vigencia en el portal del Servicio de Administración Tributaria, pero fue cancelada el 30 de abril de 2019, aunque fue pagada mediante transferencia bancaria el 12 de abril de 2019, «lo que indica que el pago se efectuó primero y posteriormente se canceló el comprobante fiscal».
Por otro lado, pagó facturas por diésel para los vehículos asignados en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y de la Coordinación de Servicios Municipales, por un importe de 358 mil 664.40 pesos, pero fue para «suministrar» combustible a un vehículo reportado en la relación de parque vehicular en malas condiciones.
Mediante acta circunstanciada de fecha 6 de noviembre de 2019 y evidencia fotográfica, «se constató que la unidad, un Recolector Compactador con número de inventario MA- 2008-07-01-6201-04-01 y número Económico R14, no estaba en condiciones de uso».
Mediante Actas Circunstanciadas de Verificación Física de Personal de fecha 10 de febrero de 2020, el C. Rene´ García Ramón, director de Educación, Cultura y Recreación manifestó que «el personal que se menciona en la tabla superior, no los conozco, toda vez que en el listado del control interno que llevo, no aparecen, asimismo no puedo proporcionar listas de asistencias para verificar que el personal asistió a laborar».
Asimismo, no aporto´ documentos que acrediten que 23 servidores públicos laboraron en el periodo comprendido de enero a junio de 2019. Se le solicito´ mediante oficio No.OSFE-DFEG-2-MAC-19-0021, del 17 de febrero de 2020, en el numeral 2, «Copias certificadas de los expedientes del siguiente personal -incluyendo baja y movimiento de adscripción según sea el caso- y listas de asistencia del periodo en que el servidor público haya laborado», las cuales no fueron entregadas, por lo que se observó´ un importe de dos millones 672,439.05.
LOS AVIADORES
Otra irregularidad fue el de 21 servidores públicos que no localizaron en su área de adscripción y que ostentan categorías de Auxiliar, Auxiliar administrativo y Auxiliar de Área, así como recibieron compensaciones con importes que no se justifican, ya que no son acorde con el nivel de responsabilidad, exigencia y complejidad del encargo público, además de no ser proporcional a las responsabilidades del encargo.
Asimismo la remuneración no era «racional en función con el cargo que desempeñaban y nivel de responsabilidad de los servidores públicos, aunado a lo anterior, la entidad fiscalizada no aporto´ documentos que acreditaran que el personal observado laboro´ en el periodo comprendido de enero a junio de 2019.
Mediante oficio No. OSFE-DFEG-2-MAC-19- 0021, de fecha 17 de febrero de 2020, el OSFE solicito´ en el numeral 2, «Copias certificadas de los expedientes del siguiente personal (incluyendo baja y movimiento de adscripción según sea el caso) y listas de asistencia del periodo en que el servidor público haya laborado», las cuales no fueron entregadas.
El Ayuntamiento, que aún presidía el alcalde con licencia Roberto Villalpando, respondió que en cuanto a los trabajadores no localizados «hay que tener muy en cuenta» que el periodo de la evaluación son los primeros seis meses de 2019 y la confronta física se realizó en 2020, «por lo que algunos trabajadores para esta fecha terminaron ya su relación laboral, esta es una de las causas de no haberlos encontrado; por otra parte, depende mucho del área de adscripción de cada trabajador, pues como se ha dicho, todos realizan actividades y encargos de naturaleza sensible y confidencial, por lo que no todo mundo sabe su ubicación exacta».
MÁS DEFICIENCIAS
El OSFE respondió que ese argumento que no era suficiente para desvirtuar lo observado, toda vez que no remiten evidencia alguna que justifique el pago efectuado al personal observado y que acredite que laboraron en los periodos observados, por lo que este inciso no se solventa por un importe de $925,989.88.
También en la obra pública se encontraron serias deficiencias, como por ejemplo en la construcción de la tercera etapa del relleno sanitario, ubicado en la Ranchería Ignacio Zaragoza (Los Ateos), Macuspana, donde se pagaron trabajos deficientes y no efectuados por un monto de 1.5 millones de pesos.
En este relleno sanitario, el OSFE no encontró «debidamente integrados en su documentación como el Acta de cabildo en la cual se autoriza el uso de los recursos para los proyectos, Acta de COPLADEMUN, Cédula de planeación y programación presupuestaria Inicial, Dictamen sobre el impacto ambiental, Dictamen de factibilidad de las áreas responsables municipales; documentales que se consideran Procedentes.
Y con respecto a Cédula de planeación y programación presupuestaria final, Planos de la obra con detalles constructivos y especificaciones generales inicial, Planos definitivos de la obra con detalles constructivos y especificaciones particulares debidamente validados por los funcionarios municipales responsables y Director Responsable de Obra.
“Por lo cual se determina no solventada la observación”
Otro posible peculado, fue el apoyo para transporte del personal de las diferentes Direcciones y Coordinaciones del gobierno municipal, donde se observó un importe de $1,639,089.19, pues los pagos se efectuaron directamente a los beneficiarios, cuando supuestamente era para acudir a centros culturales y deportivos, pero «no se realizó ningún viaje a museos o centros recreativos».
En 2020, el alcalde arrastraba una situación financiera adversa producto de su mal desempeño durante 2019, pues reportaba en el Estado de Situación Financiera, Pasivos por un monto de $306,861,533.39 de los cuales $29,789,432.83 corresponde a servicios personales, $17,209,610.51 a Proveedores, $68,699,194.34 a Contratistas por Obras Públicas, $1,592,500.00 por Transferencias otorgadas, $76,838,146.74 a Retenciones y Contribuciones a terceros.
El Ayuntamiento de Macuspana, que presidió Villalpando Arias, también pagó servicios ficticios de asesoría en materia laboral para la defensa legal a favor del municipio en los juicios de carácter laboral que se encuentran instaurados en su contra ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, así como las que siguen ante el Tribunal Electoral del Estado, en que a pesar de pagarse dos millones 373 mil pesos, no existe evidencia documental que compruebe los trámites realizados ante esos tribunales.
Fueron dos millones 373 mil 300.89 pesos de las órdenes de pago números 187, del 17 de enero de 2019; 1631 del 13 de marzo de 2019; 2393, del 2 de mayo de 2019 y 2394, del 6 de mayo de 2019 por concepto de prestación de servicios profesionales en asesoría en materia laboral.
Tanto para la defensa a favor del municipio en los juicios de carácter laboral instaurados en contra del municipio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, así´ como las que siguen ante el Tribunal Electoral del Estado.
“Si bien es cierto se aportan relaciones de notificaciones recibidas, estas son actividades propias del municipio y que esta´ obligada a realizar el a´rea juri ´dica como parte de sus actuaciones ordinarias, aunado a lo anterior, no aportan documentos sustanciales que permita validar las actividades del servicio prestado”.
Otras de las observaciones no solventadas son las relacionadas con el pago no realizados al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, retenciones no pagada, entre otras irregularidades.
También en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, se observó´ un importe de $430,999.83, toda vez que la factura número 194, de fecha 4 de abril de 2019, fue validada su vigencia en el portal del Servicio de Administración Tributaria, resultando el estatus de cancelada el 30 de abril de 2019, dicha factura fue pagada mediante transferencia bancaria el 12 de abril de 2019, lo que indica que el pago se efectuó´ primero y posteriormente se canceló´ el comprobante fiscal.
Adicionalmente, durante el segundo semestre del año pasado el OSFE detectó irregularidades en la obra pública pagadas y no ejecutadas por los contratistas por el orden de los cinco millones 984 mil 843.15 pesos.
En total, durante el año 2019 los integrantes del Ayuntamiento que renunciaron, dejaron un total de 48 millones 852 mil pesos sin comprobar su utilización.
La muestra auditada fue $608,117,698.87, que representó el 75.43 % de $806, 179,499.31 pesos. El ayuntamiento de Macuspana, Tabasco hizo entrega de la Cuenta Pública del mes de diciembre de 2019 y el Informe de Autoevaluación Trimestral correspondiente al cuarto trimestre de 2019, hasta el 17 de junio de 2020, al Órgano Técnico de Fiscalización, teniendo un período de desfase de cinco meses.
Con información de La Silla Rota, Roberto Barboza.
