La organización sin ánimo de lucro Human Rights Watch (HRW) urgió este miércoles al presidente electo de EU, Joe Biden, a cumplir su promesa de desmantelar el programa gubernamental “Remain in Mexico” (Quédate en México) tras concluir que se somete a niños y adultos a acciones violentas “graves y continuadas”, incluyendo violaciones.
HRW publicó este miércoles un extenso informe basado en una investigación conjunta con departamentos de la Universidad de Stanford y la Universidad de Willamette en la que se ha entrevistado a 52 personas sujetas a este programa y a 40 profesionales que trabajan con familias migrantes, además de revisarse numerosos documentos médicos y de las fuerzas del orden.
Bajo “Remain in Mexico“, que se puso en marcha en 2019 por orden del presidente Donald Trump, las autoridades de EU han enviado a más de 69 mil solicitantes de asilo, incluyendo niños y discapacitados, a esperar el proceso en algunas de las ciudades más peligrosas de México, y es “casi imposible” lograr una excepción para las personas más vulnerables, asegura la ONG.
Niños y adultos entrevistados en el informe describen haber sido víctimas de asalto sexual, secuestros a cambio de recompensas, extorsiones o atracos a punta de pistola, en muchas ocasiones después de que las autoridades de EU los enviaran a México a esperar sus audiencias de los tribunales de inmigración o a la vuelta de las mismas.
Algunos de esos delitos alegados en el estudio fueron cometidos por oficiales de Inmigración mexicanos y por policías, según dijeron testigos a los investigadores.
“Remain in Mexico” ha “expuesto innecesaria y previsiblemente a niños y adultos a un alto riesgo de violencia y otros perjuicios”, dijo en una nota el asesor sénior de derechos de los niños de HRW y autor del informe, Michael Garcia Bochenek.
“Reparar el daño tomará tiempo, pero la Administración Biden debería empezar inmediatamente a permitir a las personas en el programa volver a Estados Unidos mientras están pendientes sus casos de asilo”, agregó.
La ONG denuncia que miles de solicitantes de asilo han sido a enviados a pueblos fronterizos mexicanos, lo que ha puesto al límite sus recursos sanitarios y de alojamiento y creado situaciones extremas como la de Matamoros, donde se han establecido campamentos en los que hasta 2 mil 600 personas viven en tiendas de campaña en condiciones de baja salubridad.
La violencia y las dificultades durante la espera en México han generado problemas de salud mental en niños y adultos, sobre todo ansiedad y cambios de comportamiento, así como enfermedades derivadas de la falta de higiene, especialmente respiratorias e intestinales, de acuerdo a proveedores y voluntarios de salud.
A eso se suma que desde marzo pasado, debido a la pandemia de Covid-19, se han pospuesto repetidamente las audiencias de asilo, por lo que muchas personas sujetas al programa “pasarán al menos un año” en México antes de que las cortes de Inmigración de EU consideren sus casos, sostiene HRW.
El pasado febrero, una corte de apelaciones federal en San Francisco (California) concluyó que el programa viola tanto la ley federal como tratados internacionales y causa “daños extremos e irreversibles”, una sentencia que la Corte Suprema de EE.UU., revisará a finales de este año.
“La Administración Biden debería moverse rápidamente para poner fin al programa de manera justa y ordenada”, dijo HRW, que instó a los departamentos de Seguridad Nacional, Justicia y Estado a desarrollar planes para que los solicitantes de asilo afectados reporten a un paso fronterizo y puedan volver a EU hasta que se resuelvan sus casos.
