El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, informó este sábado que la Consejería Jurídica presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la filtración de información relacionada con el caso Ayotzinapa.
El funcionario indicó que la comisión de Ayotzinapa exhorta que se investigue a los servidores públicos que resulten responsables de la información filtrada y difundida el 20 de enero.
Alejandro Encinas subió a su cuenta de Twitter el oficio de la denuncia que presentó ante la FGR. Las peticiones realizadas fueron para comenzar la carpeta de investigación correspondiente, recabar todos los datos necesarios para integrarlos a esta carpeta y judicializar a las personas responsables de esta filtración.
“Corresponde al Ministerio Público deslindar la autoría y la participación de los involucrados”, señala el documento de la denuncia que presentó Alejandro Encinas.
El pasado 20 de enero se difundió la declaración de un testigo identificado como “Juan”, quien declaró que un grupo criminal pagaba a militares y agentes para poder operar en Guerrero.
“Juan” acusó a Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, de presuntamente recibir 200 mil dólares al mes a cambio de información sobre posibles operativos y por facilitar el tráfico de droga y armas.
García Harfuch negó esta acusación en su cuenta de Twitter. “Mi trayectoria en el combate a la delincuencia organizada en distintos frentes habla por sí misma. No tengo nada que ocultar”, dijo en su cuenta de Twitter.
Según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, durante la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la escuela normalista de Ayotzinapa fueron detenidos por policías en Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el vertedero de basura de Cocula y tiró los restos en un río. El gobierno de Peña Nieto descartó la participación en el caso de militares y policías federales.
Sin embargo, el 19 de noviembre una jueza federal dictó formal prisión para el capitán José Martínez Crespo, el primer militar detenido por el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Martínez Crespo es acusado de “delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud”.
