Es invierno, pero la temperatura en Tapachula, Chiapas, ha sido de 31 grados. El jueves, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) inaugure en Zoom el año internacional para la eliminación del trabajo infantil, se prevé que la sensación térmica en las calles, donde laboran niñas, niños y adolescentes de México y Centroamérica, sea de 38 grados.
Hay otra previsión: este 2021 la población infantil trabajadora en México podría aumentar de 3.3 a 5 millones debido a la crisis económica derivada de la pandemia, según cálculos de la OIT. El riesgo de que en sean utilizadas y utilizados para fines de explotación sexual o para el crimen organizado crece también, advierten activistas.
En casi todo el país la Covid-19 cerró los parques. Pero en Tapachula, el principal, el Miguel Hidalgo, no era precisamente su lugar de juegos, sino su espacio de trabajo donde, junto con sus familias, comerciaban dulces, refrescos, aguas frías. “Ahora tienen que caminar varias cuadras bajo el sol para vender sus productos”, narra Karla González Cordero, directora de la organización Iniciativa para el Desarrollo Humano.
A más de 330 kilómetros de esa ciudad fronteriza, en San Cristóbal de las Casas, la frescura de 19 grados centígrados no proporciona mejores condiciones a muchas familias. “La pandemia agravó su situación de pobreza”, cuenta Jennifer Haza, directora de la organización Melel Xojobal.
En mayo de 2020, junto con las organizaciones Tierra Roja Cuxtitali y Sueniños, el equipo de Melel Xojobal encuestó a niños, niñas y adolescentes en San Cristóbal acerca cómo estaban viviendo la pandemia. Uno de los hallazgos fue que “la principal preocupación de nueve de cada 10 era que su familia no tuviera dinero y no poder comprar comida”. Y en el caso de quienes trabajaban: quedarse sin empleo.
En 2017, el número de niñas, niños y adolescentes laborando en este país era de 3.2 millones. Para 2019 ascendió a 3.3 millones, según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI).
Chiapas y Puebla tienen la segunda mayor tasa de población infantil trabajadora: 18 por ciento. Sólo es superada por Oaxaca, donde 21.5 por ciento de sus niñas, niños y adolescentes tienen una actividad económica. En esas tres entidades la emigración de familias desde sus comunidades a las ciudades en busca de una mejor vida es frecuente.
Pero en Chiapas termina México y a sus orillas comienza Guatemala. Es un lugar de paso rumbo a Estados Unidos; de destino para inmigrantes que se asientan en Tapachula, principalmente; y es un territorio de circuito, donde las personas cruzan a diario la frontera de un lado hacia otro.
En medio de toda esa movilidad tienen que buscar, aunque sea de manera temporal, una actividad que les permita ganar dinero. Las niñas, niños y adolescentes migrantes reúnen condiciones que afectan aún más “el desarrollo de su autonomía progresiva”, apunta Karla González.
Criminalización de familias
“A nivel estatal, la población infantil y adolescente trabajadora era de 164 mil personas de 5 a 17 años. Pero la pandemia aumentará ese número”, advierte Jennifer Haza. En la consulta que Melel Xojobal realizó participaron casi 200 menores de edad, de ellos y ellas, el 40 por ciento trabajaba. De ese porcentaje, uno de cada 10 no estudiaba.
A casi un año de esta crisis en México, “la economía no se ha reactivado del todo”. Algunas familias que venden alimentos en el mercado no dejaron de trabajar, pues su actividad es considerada esencial, y muchas veces sus hijas e hijos laboran ahí también. “Pero San Cristóbal es un lugar turístico, la mayoría trabaja en los hoteles, restaurantes, en los recorridos por los alrededores o vendiendo artesanías”.
En Tapachula la principal actividad económica en la que se ubican niñas y niños es en el comercio informal, la mayoría labora con sus familias. Según le han informado a Karina González, “sus ventas bajaron 80 por ciento por el confinamiento. Eso les había imposibilitado pagar el cuarto que rentan, porque no son casas, sino cuartos”.
El peligro de caer en situación de calle o de comer menos no terminado, dice. “Muchas familias vendieron sus celulares para pagar la renta”, el único dispositivo que tenían para que sus hijas o hijos se conectaran a las clases en línea. El cierre de las escuelas para evitar el contagio de Covid-19 está jugando otro factor en contra de la población infantil.
Todo este conjunto de problemáticas “va expresándose. Nuestra referencia es San Cristóbal y hemos visto el incremento en el uso de drogas, así como en el sexoservicio de adolescentes”, señala Jennifer Haza. Los reportes de desapariciones aumentaron durante la pandemia, “y el 80por ciento son de niñas y adolescentes mujeres”.
La manera de abordar este fenómeno no debiera ser precisamente si trabajan o no, “sino cuál es la situación de sus derechos, de qué manera están siendo vulnerados. El Estado está siendo omiso en garantizarles su seguridad en todo aspecto. Si salen a trabajar es porque su familia tiene necesidad”.
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) ha puesto más presión para erradicar el trabajo infantil. En ese apremio por cumplir, los gobiernos en este país no están atacando el problema de raíz, sino criminalizando a las familias, acusa Jennifer Haza. Y recuerda el caso de la desaparición del niño Dylan y una familia acusada de trata.
El año pasado durante la búsqueda del pequeño de 2 años las autoridades anunciaron a los medios la detención de varios integrantes de una red de trata. Pero “era una familia tzotzil, que había migrado de la comunidad Chictón a San Cristóbal, aquí trabajaban en lo que podían. Sin un sistema de cuidados y las escuelas cerradas, se tenían que llevar a sus hijos e hijas”.
Dylan fue encontrado y devuelto a su madre. Quien se lo había llevado nada tenía que ver con la supuesta red de trata. El abuelo de esa familia afectada no volverá, pues su cuerpo fue hallado sin vida en la celda donde lo mantenían detenido.
En la frontera
La niñez trabajadora transfronteriza y migrante también se dedica al comercio informal en Tapachula, relata Karla González, así como a la construcción, donde les pagan 50 pesos a la semana. Aunque “a veces ni eso, ocupan su mano de obra y al final no les dan su dinero”.
Muchas niñas y adolescentes se convierten en trabajadoras del hogar explotadas, en riesgo de trata. Bajo la figura del padrinazgo o el madrinazgo, familias mexicanas les ofrecen a los padres o madres de niñas guatemaltecas en pobreza llevarse consigo a sus hijas, les darán techo, comida y dinero por su labor y quizá hasta las manden a la escuela.
“Esto una parte del paisaje de Tapachula buscar adolescentes de 11, 12 años. Las mantienen trabajando más de 8 horas, les enseñan a hacer el quehacer para que pueda ser alguien en la vida, les dicen. Eso esclavitud moderna, ni siquiera es trabajo”.
Por la pandemia, las autoridades de ambos países cerraron la frontera con Guatemala, “eso provocó que muchas familias no pudieran regresar a su hogar”. El año pasado las niñas, niños y adolescentes obtuvieron el beneficio de la ayuda humanitaria irrestricta, por lo que “puede pasar de un lado a otro”.
Se habla de la erradica el trabajo infantil, dice, “pero esas declaraciones no vienen acompañadas de políticas que incluyan a sus padres y madres para elevar su nivel de escolaridad, integrarles al mercado de trabajo”.
Tampoco hay procesos de regulación alcanzables para todos, “porque el trámite es caro”, sobre todo para las familias que no huyen de la violencia del crimen organizado, sino de la violencia de la pobreza y no califican para solicitar refugio. “Se necesita de una política de acompañamiento y contextualizada a la realidad de las familias guatemaltecas, haitianas, cubanas, salvadoreñas que pasan por Chiapas. Cada familia que llega, cada menor de edad, tiene una necesidad distinta”.
